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Política

AC contra exministro Nicolás Grau: lo que se sabe sobre la acción de Libertarios y Republicanos

Los partidos oficialistas ubicados más a la derecha decidieron presentar una acusación constitucional contra el exministro de Economía por errores en cifras.

Por Cristian Neira 27 de mayo de 2026 - 09:01

Las bancadas del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Economía Nicolás Grau, una de las figuras clave del gobierno anterior de Gabriel Boric, luego de la controversia generada por las cifras de deuda pública expuestas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP).

La ofensiva ocurre a pocos días de la primera Cuenta Pública José Antonio Kast y tras los cuestionamientos realizados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La polémica escaló rápidamente al Congreso y abrió un nuevo foco de tensión política, especialmente por las dudas respecto de si Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG) respaldarán finalmente el libelo acusatorio impulsado por Republicanos y Libertarios.

Qué motivó la acusación constitucional contra Nicolás Grau

El conflicto comenzó luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionara públicamente las cifras vinculadas a la deuda pública y proyecciones fiscales entregadas durante la gestión de Nicolás Grau en el anterior gobierno.

Según Republicanos y Libertarios, existirían inconsistencias relevantes entre los datos oficiales y las estimaciones expuestas en el Informe de Finanzas Públicas, situación que calificaron como grave debido al impacto que la información fiscal tiene sobre la confianza económica y la credibilidad internacional de Chile.

Las bancadas impulsoras sostienen que el exsecretario de Estado habría incurrido en errores importantes en la presentación de antecedentes económicos, lo que motivó la decisión de avanzar con una acusación constitucional.

La respuesta de Nicolás Grau y el respaldo del Frente Amplio

Tras la controversia, Nicolás Grau respondió a las críticas y defendió las cifras entregadas durante su administración en el Ministerio de Economía.

El exministro aseguró que las proyecciones fiscales fueron elaboradas bajo criterios técnicos y conforme a los mecanismos habituales utilizados por la Dirección de Presupuestos y el Ejecutivo. Además, descartó cualquier intento de manipulación de datos económicos.

Desde el Frente Amplio también criticaron la acusación constitucional, acusando un uso político de la herramienta parlamentaria y cuestionando la solidez jurídica del libelo.

Parlamentarios oficialistas del bloque de Boric señalaron que las diferencias planteadas corresponden a interpretaciones técnicas sobre escenarios macroeconómicos y no a irregularidades deliberadas.

Las dudas por los votos de Chile Vamos y el PDG

Aunque Republicanos y Libertarios ya confirmaron la presentación de la acusación constitucional, todavía existen dudas respecto del apoyo que conseguirán en el Congreso.

Chile Vamos y el Partido de la Gente aparecen como actores clave para determinar el futuro del libelo, ya que sus votos podrían inclinar la balanza en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Algunos parlamentarios opositores han manifestado cautela respecto de utilizar una acusación constitucional en un caso ligado a diferencias sobre proyecciones económicas, considerando el alto estándar político y jurídico que exige este mecanismo.

La incertidumbre sobre los respaldos mantiene tensionado el escenario legislativo y podría transformarse en una prueba de unidad para los sectores de derecha.

La ofensiva política contra exautoridades del gobierno de Boric

La situación también marcó el regreso de Nicolás Grau al centro del debate público en medio de una ofensiva política impulsada por sectores oficialistas del gobierno de Kast contra exautoridades de la administración Boric.

Durante las últimas semanas, distintos exministros y figuras del anterior gobierno han debido enfrentar cuestionamientos vinculados a gestión económica, transparencia y políticas públicas.

En ese contexto, la acusación constitucional contra Grau volvió a instalar la discusión sobre las responsabilidades políticas en la entrega de información fiscal y el uso de este tipo de herramientas parlamentarias como mecanismo de presión política.

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