¿La gratuidad en la educación podría no ser para todos?
Recientemente aparece la idea de limitar el acceso a la gratuidad en las universidades e institutos profesionales a cierto grupo etario estudiantes que inicien carreras profesionales, ello como parte de las medidas del ajuste fiscal del actual gobierno.
En este sentido, la discusión parece acalorada y las aprensiones son latentes. Por tanto, tiene bastante sentido aclarar dudas respectivas, instalar una reflexión depurada sobre la gratuidad universal y repensar el rol del Estado en la educación nacional. De lo contrario, podríamos vociferar sin pesquisar todas las aristas.
En primer lugar, la idea de implementar la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público surgió luego de la desviación de la meta del Balance Cíclicamente Ajustado en 2024, donde el déficit estructural alcanzó el 3,2% del PIB, por sobre la meta del 1,9% fijada por el gobierno.
De esta forma, el anuncio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, de limitar la gratuidad universitaria -como parte de una serie de medidas en el proyecto de "Reconstrucción Nacional" que reduce en un 3% el gasto en todos los ministerios-, ha generado cuestionamientos transversales.
El eje del proyecto relativo a la "reconstrucción fiscal", expone contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles; moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En segundo lugar, si el presente Gobierno de José Antonio Kast plantea ajustes al sistema de gratuidad universitaria, dicho sea de paso, vigente desde la segunda administración de Michelle Bachelet, se necesitan replantear varias cosas, por ejemplo:
Que entendemos por derecho universal (gratuidad para todos)
Que mecanismos existen en la actualidad para fiscalizar el desarrollo de un alumno con gratuidad en la educación
Cuales son las métricas de deserción, abandono y cambio de carrera de un estudiante universitario
Que rol cumple el Estado en la educación universitaria, ello considerando sus posibilidades y limitaciones
Que políticas públicas en un supuesto caso se harían cargo sobre aquellas personas que no pudiesen estudiar con gratuidad y que tengan más de 30 años en la próxima admisión universitaria
Por su parte, hemos de señalar que desde el gobierno se ha acentuado que esta idea fue producto de una comisión para ayudar a ajustar el gasto, y que fue convocada por el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, en otras palabras, no fue sugerida por el reciente gobierno de José Antonio Kast, sino por el precedente.
En tercer lugar, debemos recordar que la denominada gratuidad impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet existe desde el año 2016. Se trata de un beneficio que cubre la totalidad de la matrícula y arancel, para los estudiantes que cumplan con ciertos requisitos este tipo de financiamiento está dirigido a estudiantes de familias que pertenezcan al 60% de menores ingresos de la población, siempre y cuando estén matriculados en instituciones adscritas a este beneficio, ya sean universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
Para establecer la clasificación socioeconómica y postular al beneficio, los interesados deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en las fechas que establece el Ministerio de Educación. Además de cumplir con el requisito socioeconómico y que la institución de educación superior esté adscrita al beneficio, otros requisitos relevantes para poder acceder a la gratuidad son:
No contar previamente con un título profesional o un grado de licenciatura terminal.
Que la carrera en la que estás matriculado sea de pregrado y en modalidad presencial (ya sea diurna o vespertina).
Si ya eres estudiante de educación superior, no se debe haber excedido la duración nominal de la carrera.
Tener nacionalidad chilena, o ser extranjera/o con residencia definitiva vigente. En caso de tener residencia temporal, se debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile.
Cabe señalar que, la única excepción en el caso de las o los estudiantes con licenciatura, es que estos podrán acceder a gratuidad si optan por cursar un programa conducente a un título de profesora/profesor o educadora/educador. Eso sí, aquello aplicará solo por la duración del plan de estudios de ese programa, que no puede exceder los cuatro semestres. Además, la gratuidad se pierde si excedes la duración nominal de tu carrera. Esto, ya que la gratuidad es un beneficio que se obtiene solo por la duración formal de esta.
En cuarto lugar, sería importante tener presente que de ser aprobada esta idea de “restringir la gratuidad” a las personas mayores de 30 años que deseen postular en la próxima admisión universitaria chilena, indudablemente ello conllevará una fisura en la idea de “paz social” para los sectores proletarios y más vulnerables en términos de acceso a la educación superior nacional.
Si bien es cierto, entre las medidas propuestas se encuentra fortalecer los mecanismos de cobro a los deudores del CAE, con el objetivo de mejorar la recuperación de recursos fiscales, algo siempre muy oportuno, de igual manera, surgen algunas preguntas interesantes de analizar y responder a propósito de la problemática esbozada.
¿Es buena la calidad de la educación en Chile? ¿Realmente todos debiesen ir a la universidad y obtener un título profesional? ¿La gratuidad universal es oportuna, o bien, termina degradando dentro del propio sistema universitario producto de alumnos mediocres y limitados considerando su conocimiento escolar de arrastre? ¿Qué rol cumple el Estado en la educación? ¿Debiese tener una participación más allá de los recursos económicos?
¿Limitar la gratuidad a nuevos estudiantes podría resultar una buena oportunidad para tizar la cancha y colocar nuevas obligaciones que, por consecuencia, hagan de la gratuidad una valiosa oportunidad de ascenso social? Sin duda, estamos en presencia de una idea que amerita profunda reflexión y conciencia objetiva, por ahora, tenemos los primeros atisbos de un problemática que parece salir de lo económico repercutiendo su impacto hacia lo social, cultural, educativo y político. Entonces, finalmente la gran pregunta sería ¿La gratuidad en la educación superior debe ser para todos?
