Derechos conquistados, responsabilidades presentes
El gobierno pasado, liderado por Gabriel Boric, no estuvo exento de tensiones ni críticas. Sin embargo, sería injusto desconocer que en estos cuatro años se consolidaron avances concretos.
El presupuesto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género experimentó incrementos sostenidos, superando el 30% de aumento real respecto del inicio del período, lo que permitió ampliar cobertura en programas de prevención y atención. A través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, se fortalecieron los Centros de la Mujer y las Casas de Acogida, incrementando cupos de protección y patrocinio jurídico para víctimas de violencia.
En materia legislativa, se promulgó la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que amplía el concepto de violencia más allá del ámbito intrafamiliar e incorpora medidas de reparación y coordinación interinstitucional. Asimismo, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos permitió ordenar el pago de deudas históricas, recuperando cientos de miles de millones de pesos adeudados a mujeres y niños, mediante mecanismos de retención de fondos financieros y previsionales.
En el ámbito de los cuidados, se impulsó el programa Chile Cuida como antesala de un Sistema Nacional de Cuidados, aumentando la inversión en apoyos comunitarios y reconociendo la sobrecarga que recae mayoritariamente en mujeres. También se fortalecieron políticas de inserción laboral femenina, con subsidios y programas de capacitación que contribuyeron a recuperar tasas de participación que habían caído drásticamente tras la pandemia.
Estos logros no son ideológicos; son democráticos. Responden a estándares internacionales de derechos humanos y a una realidad persistente: brechas salariales que rondan el 20%, mayor informalidad laboral femenina y una prevalencia alarmante de violencia de género. Retroceder en estos ámbitos no sería un mero giro administrativo; sería una señal política profunda sobre el lugar que ocupamos en la sociedad.
Sin embargo, los avances institucionales también exigen responsabilidad en su conducción. Resulta preocupante que, recientemente, el propio Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género haya debido emitir un comunicado público para informar sobre un desperfecto técnico de un vehículo fiscal, anunciando además la apertura de un sumario administrativo dirigido a la gestión anterior.
Más allá del hecho puntual, episodios de esta naturaleza invitan a una reflexión más amplia: la conducción de una cartera que aborda problemáticas tan graves como la violencia contra las mujeres requiere altura institucional, sentido de responsabilidad pública y foco en las urgencias que viven miles de mujeres en el país.
Cuando la discusión pública se desplaza hacia controversias administrativas menores, se corre el riesgo de trivializar una labor estatal cuyo propósito es, precisamente, resguardar derechos fundamentales y sostener políticas públicas que han sido fruto de décadas de lucha social.
Las declaraciones y posturas históricas del sector que hoy asume el poder generan inquietud razonable. Cuando se relativizan derechos o se minimiza la violencia estructural, se instala la idea de que lo conquistado es negociable. Y los derechos humanos no lo son.
