Firma por minerales críticos, renuncia de directores y suspensión de sitios prioritarios: El remezón ambiental de Kast

Durante sus primeros días de gobierno, el presidente José Antonio Kast tomó una serie de decisiones que remecieron a quienes trabajan en conservación ambiental. Estas van desde la solicitud de renuncia a autoridades tope de la institucionalidad ambiental, hasta la firma de compromisos internacionales que competen minerales críticos o la suspensión de un proceso para proteger zonas de alto valor natural en el país.

Tres servicios sin dirección

Antes de cumplir una semana en el mando, José Antonio Kast solicitó la renuncia voluntaria del director del recién instalado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) Aarón Cavieres, y de la directora de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plummer.

El hecho causó sorpresa porque ambos directores habían sido elegidos a través del sistema de alta dirección pública, que establece requisitos para asegurar que los seleccionados sean profesionales técnicamente calificados e independientes de los ciclos políticos.

El SBAP, que todavía está en proceso de instalación, es el nuevo servicio que se encargará de proteger la naturaleza de Chile dentro y fuera de las áreas protegidas, reemplazando la función de Conaf de velar por los parques y reservas naturales, y sumando otras funciones que no existían en la institucionalidad ambiental actual.

La SMA por su parte se encarga de fiscalizar que se cumplan las normas ambientales a las que están sujetas las distintas actividades, proyectos y procesos productivos. Esta institución tiene la capacidad de identificar daños ambientales, obligar a empresas a tomar medidas para corregirlo y sancionar a aquellas que no lo hacen.

A estas dos salidas se suma la de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, que presentó su renuncia el 11 de marzo. Este servicio se encarga de evaluar el impacto ambiental de proyectos de inversión, y establecer medidas para mitigar o compensar esos impactos.

Freno a los sitios prioritarios

Otra decisión del nuevo gobierno fue la de suspender temporalmente la creación de los sitios prioritarios para la conservación, que serán reconocidos bajo la ley que crea el SBAP. Estos sitios son espacios priorizados y seleccionados en la estrategia nacional y las estrategias regionales de biodiversidad, como espacios con un alto valor natural.

El proceso de creación de estos sitios ha chocado frecuentemente con sectores económicos que alertan por la limitación que puede significar este reconocimiento para inversiones que se quieren instalar en estos sitios, y que tendrían que contemplar medidas para proteger la biodiversidad que contienen.

Según se explica desde el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), se toma la decisión de suspender el proceso para tener tiempo de revisar las miles de observaciones que recibieron los sitios prioritarios a declarar, y revisar detalles técnicos y jurídicos antes de avanzar en el proceso. Explican que también se revisará el procedimiento de creación de estos sitios, en el marco de la auditoría general anunciada por Kast para todo el gobierno central.

La determinación de los sitios prioritarios ya había generado polémica el año pasado, ya que de los 330 sitios que estaban presentes en la estrategia nacional y las regionales, seleccionados en procesos de análisis y trabajo técnico y comunitario, solo 99 fueron seleccionados para tramitar su protección.

En su momento, esta situación fue criticada como una sumisión ante intereses empresariales. La suspensión actual también ha sido catalogada en los mismos términos, mientras que desde el gobierno defienden que el objetivo es revisar las áreas para que estas queden protegidas bajo criterios técnicos sólidos.

Decreto para destrabar proyectos

Otra decisión polémica fue la de presentar una indicación para acotar plazos en que se deban resolver los recursos de reclamación que penden contra 42 proyectos que ya tienen su permiso ambiental aprobado pero que están paralizados por procesos administrativos que se han resuelto fuera de plazo.

Para los recursos vencidos, la indicación establece un nuevo plazo máximo de 90 días desde recibido el oficio para que se respondan esas reclamaciones, tomando una decisión favorable o desfavorable con respecto a estas inversiones.

La indicación encendió alertas entre ambientalistas, que ven en esto un intento por forzar la aprobación de proyectos. Desde la ONG FIMA, especialista en derecho ambiental, el director y abogado Ezio Costa explica que la indicación no acelera los proyectos, ni permite aprobarlos de manera directa, ni altera de ninguna forma la manera en que se realizan estos procesos de evaluación.

“Por lo menos por ahora, es un acto que se encuentra dentro de la normalidad y la legalidad. En realidad, es simplemente una señal política que está en línea con lo que el propio gobierno ha comprometido. Quizás lo más llamativo de todo esto es que se plantee comunicacionalmente este instructivo como una cuestión de gran relevancia.”, declara el abogado.

“Yo espero que, cuando se discutan mejoras en los trámites y procedimientos, se ponga a las personas comunes y corrientes como prioridad. Los trámites que cada uno de nosotros tiene que llevar adelante, tanto frente a entidades públicas como privadas, son los que deberían priorizarse para mejorar la calidad de vida, y no priorizar en cambio a las grandes fortunas. Esto es de especial cuidado cuando puede haber algún favorecimiento que no sea legítimo hacia algún proyecto o grupo empresarial en particular”, agrega.

Acuerdo por minerales críticos

Durante una reunión bilateral entre el presidente Kast y el vicesecretario de estado de Estados Unidos, Christopher Landau, los gobiernos de ambos países suscribieron una declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras.

Según declaran desde Cancillería, el texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países y “toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos”.

La presión de Estados Unidos sobre países de Latinoamérica para obtener minerales críticos en competencia con China, a su vez presiona aún más a las comunidades que están en conflicto por los impactos ambientales que tiene la extracción de estos elementos en sus territorios.

Esto incluye a vecinos de Penco que se oponen al proyecto de una minera canadiense para extraer tierras raras en los cerros y bosques de la comuna, pueblos atacameños en alerta por la extracción de litio en salares del norte, y todas las comunidades que luchan contra la contaminación por la minería del cobre.