En 2010 Chile creó el Ministerio de Medio Ambiente, con un Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para establecer estándares ambientales en proyectos de inversión, y una Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para detectar y sancionar infracciones a las leyes de cuidado de la naturaleza en el país.
La ley que originó esta institucionalidad ya en ese entonces obligaba a crear otro servicio público, orientado en conservar la biodiversidad y administrar las áreas protegidas del Estado, como Parques y Reservas Nacionales. Esa última pata de la institucionalidad ambiental chilena quedó inconclusa hasta esta semana, cuando se inauguró el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado (SBAP).
En 2023 se logró aprobar el proyecto que crea el SBAP. Este servicio reemplaza a Conaf en la administración de las áreas protegidas del Estado, como Parques y Reservas Nacionales junto a territorios de otras categorías. Pero además tiene el mandato de proteger la naturaleza tanto dentro como fuera de estas áreas protegidas.
Esta disposición es especialmente relevante para ecosistemas de la zona central de Chile que están fuertemente amenazados, ya que su hábitat natural es también el sector del país que ha sido más intervenido, y que no están representados dentro de los parques, reservas y otras áreas protegidas, porque estas se concentran en el norte y en el sur del país.
Tal vez el ecosistema más ilustrativo de este problema es el caso del bosque esclerófilo. Se trata del bosque mediterráneo de Chile central, con especies que no existen en ningún otro lugar del mundo y con muy baja representación dentro de áreas protegidas. Este tipo de bosque es uno de los ecosistemas más amenazados del país. Ha enfrentado procesos de “browning” o pérdida de verdor, en un territorio azotado por la mega sequía y la degradación ambiental.
El mandato de proteger la biodiversidad del país en general, englobada bajo un único servicio dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, aporta una mirada ecosistémica sobre todo el territorio nacional, abordando las amenazas de manera conjunta y coordinando a los distintos actores competentes.
La ley 21.600 que crea el SBAP, contempla una serie de instrumentos que el servicio puede implementar para proteger la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas.
Sistema de Información de la biodiversidad (SIB)
Plataforma pública y georreferenciada que reunirá datos de ecosistemas, especies, servicios ecosistémicos y áreas clave para la conservación:
Monitoreo de la biodiversidad
Programas sistemáticos para generar información sobre el estado de los ecosistemas y especies, considerando conocimiento científico y saberes tradicionales.
Planificación ecológica
Instrumento del Ministerio del Medio Ambiente para orientar prioridades territoriales de conservación y ordenamiento ambiental.
Clasificación de ecosistemas
Según su estado de conservación, con categorías de amenaza.
Planes de manejo
Para ecosistemas amenazados, con disposiciones obligatorias para servicios públicos y medidas de conservación activas.
Protección y gestión de humedales
Mediante inventario nacional, criterios de uso sustentable y gestión de permisos para su alteración física.
Planes de recuperación
Conservación y gestión de especies clasificadas en categoría de conservación.
Planes y acciones para especies exóticas invasoras
Incluyendo prevención, control, erradicación, sensibilización, y medidas de bioseguridad.
Instrumentos económicos de conservación
Como la promoción de prácticas sustentables, el Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y los contratos de retribución por servicios ecosistémicos.
Diversas organizaciones y especialistas en derecho y política pública ambiental han reclamado por la demora en generar los reglamentos del servicio, que hacen la ley verdaderamente aplicable. El temor desde la sociedad civil es que la tarea quede para el gobierno de José Antonio Kast, que ha tenido un discurso crítico contra el ambientalismo y que podría no poner voluntad política para aprobar estos instrumentos.
Si bien el MMA avanzó durante 2025 en la elaboración de los 15 reglamentos necesarios, solo uno de ellos ha sido publicado en el Diario Oficial, quedando los restantes aún pendientes de aprobación.
A pocas semanas del inicio de operaciones del SBAP, esta situación genera una profunda preocupación, ya que el servicio podría comenzar a operar con competencias limitadas, en la medida que no cuente con el marco reglamentario completo que permita ejercer plenamente sus atribuciones.
