La directora nacional de Relaciones con el Gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos, Amanda Klasing, denunció ayer la continuidad de los ataques aéreos de las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que han provocado ya 150 víctimas mortales.
“Las fuerzas armadas de Estados Unidos han conseguido un siniestro y vergonzoso hito al anunciar que han llevado a cabo tres asesinatos más en el Caribe, con lo que la cifra total de víctimas mortales se eleva a 150. Estas muertes son las más recientes en lo que, en virtud de la legislación nacional y del derecho internacional, tristemente se puede entender como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad”, afirmó Klasing.
Desde el 2 de septiembre de 2025, el gobierno estadounidense ha ejecutado una serie de ataques aéreos dirigidos, según la Casa Blanca, contra supuestos “narcoterroristas” vinculados a cárteles de la droga.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han presentado evidencia que confirme las acusaciones sobre las personas asesinadas.
Desde ese periodo, el presidente Trump ha compartido en varias oportunidades los registros de las operaciones militares, mostrando al mundo imágenes explícitas de los ataques y destrucción de embarcaciones.
A principios de noviembre Estados Unidos aumentó su despliegue militar en aguas caribeñas luego de enviar al USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande de su flota, que incluía a más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves tácticas.
Para Amnistía Internacional, estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales, independientemente del análisis ofrecido por el Departamento de Justicia.
“La interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación de cumplimiento de la ley, sujeta a las normas dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y sólo permite a los Estados utilizar fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para la vida y no basta con utilizar medios menos extremos, como la captura”, subrayó Klasing.
La activista advirtió que el Congreso estadounidense no ha cumplido con su papel de supervisión y control sobre las acciones del gobierno.
“Hace tiempo que el Congreso debería haber actuado para detener esas muertes violentas. (...) Algunos congresistas han promovido la adopción de medidas legislativas para detenerlos; sin embargo, en términos generales el Congreso ha abdicado de su deber de hacer rendir cuentas al gobierno por sus acciones", expresó.
En ese sentido, "el Congreso debe trabajar conjuntamente para ejercer su labor de control. Los legisladores deben hacer cuanto esté en su mano para detener los ataques y exigir rendición de cuentas por las políticas y las medidas que han dado lugar a esta serie de asesinatos", remarcó.
Klasing enfatizó la gravedad de estos ataques y la necesidad de responsabilizar a los funcionarios implicados: “Un Estado que mata intencionalmente a alguien fuera de estas circunstancias está cometiendo un homicidio extrajudicial. (...) Estos ataques deben cesar, y los responsables, incluidos los funcionarios de alto rango, deben ser obligados a rendir cuentas".
