De “agua sangre” a sobreproducción en áreas protegidas: El historial que mantiene la salmonera Nova Austral en tribunales
Durante años, la operación de centros salmoneros en el extremo sur del país ha estado bajo la lupa de organismos fiscalizadores, tribunales y organizaciones ambientales.
En Magallanes, particularmente en la zona de Porvenir y en aguas cercanas a áreas protegidas, distintos procesos judiciales han puesto en cuestión la forma en que se desarrollan estas actividades y el impacto que pueden generar en el entorno marino.
Uno de esos casos se arrastró desde 2019 y terminó recién este año en la Corte Suprema.
El proceso comenzó tras una fiscalización en la rampa de Bahía Chilota y terminó con una condena económica contra la empresa Nova Austral S.A., luego de que el máximo tribunal dejara sin efecto las decisiones que la habían absuelto en instancias anteriores.
Corte Suprema anula fallo y condena a Nova Austral por derrame de “agua sangre” en Bahía Chilota
La historia se remonta al 6 de junio de 2019. Esa mañana, cerca de las 8:00 horas, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) llegaron hasta la rampa de Bahía Chilota, en Porvenir, para realizar una fiscalización.
En el lugar había arribado la barcaza “Seno Otway”, proveniente del centro de cultivo “Cockburn 3”.
Al subir a la embarcación, los inspectores detectaron que el suelo estaba cubierto por un líquido rojizo, descrito como “agua sangre”, correspondiente a residuos biológicos derivados del transporte de salmones.
Según el acta levantada ese día, también observaron problemas en los contenedores utilizados para el traslado del material.
Un estanque hermético presentaba escurrimientos evidentes y, además, tres de los cinco estanques IBC —conocidos como “toritos”— tenían tapas rotas o válvulas con filtraciones.
Sernapesca acompañó nueve fotografías que registraban tanto el material biológico disperso como las fracturas en los recipientes.
A partir de estos antecedentes se inició un procedimiento sancionatorio que terminó judicializado. En 2023, el Juzgado de Letras de Porvenir absolvió a la empresa. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó esa decisión.
La defensa de Nova Austral sostuvo que lo ocurrido se debía a un “caso fortuito”, atribuido a condiciones climáticas extremas en el canal Froward, con temperaturas bajo los -5°C y fuerte oleaje, lo que habría provocado daños en los equipos de transporte.
Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema, que revisó los antecedentes y detectó vicios formales en las sentencias previas.
El máximo tribunal concluyó que los jueces no analizaron adecuadamente pruebas clave, como las fotografías y el acta de fiscalización de Sernapesca.
Según el fallo, se aceptó la tesis del mal tiempo sin explicar en qué antecedentes concretos se fundaba esa conclusión. Al no ponderar todos los medios de prueba incorporados al proceso, se afectó la fundamentación de la sentencia, lo que llevó a invalidar de oficio las decisiones anteriores.
En su sentencia de reemplazo, dictada el 14 de enero de 2026, la Corte Suprema descartó la eximente de responsabilidad alegada por la empresa.
Además, señaló que el testigo presentado por la defensa no estuvo presente el día de los hechos y no pudo explicar cómo obtuvo la información relativa a las supuestas condiciones climáticas extremas.
Finalmente, el tribunal fijó una multa de 100 UTM, equivalente a casi 7 millones de pesos.
Se consideró como atenuante que la empresa realizó labores de limpieza posteriores para mitigar el derrame.
Por disposición legal, el 50% de la multa será destinado a la Municipalidad de Porvenir y el otro 50% al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal.
Dejaron el mar sin oxígeno y lo taparon con arena, pero la justicia los absolvió
Mientras el caso del derrame en Bahía Chilota terminaba con una condena económica, otro proceso vinculado a Nova Austral seguía un camino distinto en tribunales.
En 2019, la investigación periodística denominada “Salmon Leaks”, publicada por El Mostrador, dio a conocer antecedentes sobre la operación de centros de cultivo en el Parque Nacional Alberto D’Agostini, en la Región de Magallanes.
Según esa indagatoria, la empresa habría producido salmones por sobre los límites autorizados en áreas bajo protección oficial.
La sobreproducción habría generado un aumento significativo de desechos orgánicos en el fondo marino. De acuerdo con lo expuesto en la investigación, la acumulación de heces y nutrientes provocó condiciones de anoxia, es decir, ausencia de oxígeno, afectando la vida en el lecho marino.
Además, se reveló que el fondo habría sido cubierto con arena y químicos para ocultar los impactos ambientales. Los correos internos a los que accedió la investigación indicaban que estas acciones habrían ocurrido bajo conocimiento y órdenes de ejecutivos de la compañía.
Estos antecedentes motivaron investigaciones administrativas y penales. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la empresa por daño ambiental. En el ámbito penal, los entonces ejecutivos fueron inicialmente condenados por contaminación de aguas.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas anuló esa sentencia y absolvió a los directivos del delito ambiental.
El fallo sostuvo que, si bien se acreditó que ocultaron la sobreproducción de salmones en centros ubicados en los mares de Porvenir, la Fiscalía no logró probar que esa conducta generara el daño ambiental específico exigido por el tipo penal imputado.
La condena por entrega de información falsa a la autoridad sí se mantuvo, pero en lo relativo al delito de contaminación de aguas, los ex ejecutivos quedaron absueltos.
En paralelo, varias de las sanciones impuestas por la SMA han sido revisadas por el Tercer Tribunal Ambiental.
En algunos casos, ese tribunal ha revertido medidas como la revocación de permisos ambientales, señalando que el daño ambiental no estaba debidamente acreditado y que ciertas sanciones resultaban “desproporcionadas”, ordenando dictar nuevas resoluciones.
Producción intensiva y efectos en el ecosistema
La discusión de fondo en estos procesos judiciales se relaciona con los efectos de la sobreproducción de salmones en ecosistemas frágiles.
Diversos estudios científicos han descrito que el exceso de peces en una jaula aumenta la cantidad de desechos orgánicos que se depositan en el fondo marino.
Cuando esa carga supera la capacidad natural de absorción del entorno, el oxígeno se agota y se genera anoxia. En esas condiciones, gran parte de los organismos que habitan el lecho marino mueren o desaparecen.
El aumento en la densidad de salmones también incrementa el riesgo de escapes masivos o de escapes por goteo, fenómeno que no siempre debe ser informado por las empresas.
Los salmones que quedan en libertad pueden convertirse en depredadores de especies nativas y actuar como vectores de enfermedades.
En el caso del Parque Nacional Alberto D’Agostini, los hechos investigados ocurrieron dentro de mares bajo protección oficial, lo que elevó la preocupación pública y generó un debate sobre los límites de la actividad acuícola en zonas protegidas.
Así, mientras la Corte Suprema cerró uno de los procesos con una multa por el derrame de residuos biológicos en Bahía Chilota, otros litigios vinculados a la misma empresa siguen marcando el debate judicial y ambiental en el extremo sur del país.
