Recortar el presupuesto destinado a restituir tierras no es un ajuste técnico en esa relación. Es una interrupción que ninguna ley, aunque bien intencionada, puede sustituir.
Hay recortes que no se miden en pesos, se miden en siglos. El decreto firmado la semana pasada por el ministro de Hacienda redujo en más de 7 mil millones de pesos el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). El gobierno dice que es un ajuste técnico.
Pero lo que se está recortando no es técnico: son los fondos de tierras, los programas de apoyo a comunidades, la infraestructura institucional que, con toda su insuficiencia, era el mínimo reconocimiento formal del Estado chileno de una deuda histórica que no se puede pagar con ningún presupuesto anual.
Para entender por qué esto no es un recorte más, hay que entender qué es el territorio para los pueblos indígenas en América Latina. No es propiedad en el sentido jurídico occidental —algo que se compra, se vende, se hereda—. Es el soporte material de una forma de estar en el mundo.
La tierra mapuche, aymara, rapa nui, es el lugar donde habita la memoria, donde se aprenden los idiomas, donde los muertos siguen presentes en los ritos y donde las comunidades reproducen la relacionalidad que les dan sentido. Cuando el Estado retira los fondos destinados a restituir tierras, no está ahorrando dinero en una transacción inmobiliaria. Está decidiendo que ese vínculo entre comunidad y territorio —ese que no tiene equivalente en el derecho civil— no merece existir.
La colonialidad del poder, como la teorizó Aníbal Quijano, no terminó con la independencia formal de los Estados latinoamericanos. Persiste como una estructura que distribuye desigualmente no solo la riqueza, sino la capacidad de existir en los propios términos.
Una de sus manifestaciones más persistentes es exactamente esta: el Estado reconoce formalmente la existencia de los pueblos indígenas, crea instituciones para gestionarlos, firma convenios internacionales —como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile—, y al mismo tiempo recorta sistemáticamente los recursos que permitirían que ese reconocimiento sea algo más que papel. El reconocimiento jurídico sin respaldo material, sin redistribución como teoriza Fraser, es, en el mejor de los casos, retórica. En el peor, es una forma de silenciar la demanda legítima con el gesto vacío de la tolerancia.
Pero hay algo más profundo que no aparece en el debate presupuestario y que ningún decreto puede reparar: el reconocimiento jurídico es solo una de las dimensiones en que opera el no-reconocimiento colonial. Junto a él existen otras que el Estado chileno no ha enfrentado. Hay un no-reconocimiento ontológico: la negación de que las comunidades indígenas constituyen mundos con lógicas propias de existencia, no simplemente 'culturas alternativas' que deben integrarse al orden estatal.
Hay un no-reconocimiento epistémico: la invalidación de saberes —medicinales, territoriales, espirituales— que no son 'folklore ancestral' sino conocimiento vivo, contemporáneo, irreductible a ninguna otra tradición. Y hay un no-reconocimiento afectivo: la insensibilidad estructural del Estado ante el dolor de comunidades que llevan décadas habitando la incertidumbre de promesas incumplidas, expedientes que no avanzan, funcionarios que cambian con cada gobierno. Ese bloqueo empático no es falla moral de personas individuales: es tecnología de dominación. Sin él, la explotación sería moralmente insoportable.
Las comunidades indígenas en Chile llevan décadas habitando una incertidumbre que no es solo administrativa. Es un afecto crónico: una forma de inseguridad ontológica que destruye la capacidad de planificar, de construir, de imaginar futuros colectivos. En la filosofía política de los afectos, esto tiene nombre: afecto triste. No en el sentido sentimental, sino en el sentido preciso que le da Spinoza: una disminución de la potencia de obrar, de la capacidad de actuar sobre el propio mundo. Recortar la CONADI no solo reduce recursos: profundiza un afecto que ya tiene décadas.
Las comunidades que han sobrevivido a la mayor adversidad no lo han hecho a pesar de sus vínculos territoriales, sino gracias a ellos. El territorio no es el escenario donde ocurre la vida comunitaria: es parte constitutiva de esa vida. Cuando las mujeres mapuche hablan del mapu, no hablan de hectáreas. Hablan de una relación que involucra al mismo tiempo la identidad, la espiritualidad, la economía y la política. Recortar el presupuesto destinado a restituir tierras no es un ajuste técnico en esa relación. Es una interrupción que ninguna ley, aunque bien intencionada, puede sustituir.
El Estado puede reconocer formalmente a los pueblos indígenas —como lo ha hecho con cuentagotas durante décadas— y al mismo tiempo reproducir las condiciones que impiden que ese reconocimiento se vuelva real. Crear una CONADI sin financiarla es esa operación: convierte una demanda política radical —soberanía territorial, autodeterminación, reparación histórica— en un problema de gestión administrativa. Ofrece el gesto del reconocimiento y retira los recursos para que se realice. Y cuando las comunidades reclaman, el Estado dice que el problema es técnico, que hay ineficiencias, que hay que ajustar la ejecución presupuestaria. Como si el problema fuera de contabilidad y no de justicia.
El nuevo gobierno llegó prometiendo orden. Pero hay un orden que no aparece en ningún decreto: el que emerge cuando una comunidad tiene suelo bajo los pies, cuando la incertidumbre cede y la planificación se vuelve posible, cuando el Estado —por fin— deja de tratar la demanda indígena como un problema de gestión y la trata como lo que siempre fue: una deuda filosófica, histórica y política que no prescribe.
Reparar esa deuda requiere más que fondos de tierras, requiere reconocer que hay formas de existir, de saber y de sentir que el Estado chileno ha invalidado durante siglos y que ningún presupuesto anual puede saldar. La pregunta que deja este recorte no es cuántas hectáreas se dejarán de comprar este año. Es qué tipo de país decide ser Chile cuando elige, una vez más, que incluso el mínimo reconocimiento de los pueblos indígenas puede esperar.