El 8 de mayo de 2020 aproximadamente 200 personas ingresaron al Fundo San Antonio de Comaico, en la comuna de Colina.
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El 8 de mayo de 2020 aproximadamente 200 personas ingresaron al Fundo San Antonio de Comaico, en la comuna de Colina.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, destruyeron el cerco perimetral de los lotes A, C y F —de propiedad de las sociedades Los Maitenes S.A. y Flor del Norte S.A.— y comenzaron a subdividir el terreno, que en conjunto abarca cerca de 14 hectáreas.
Al día siguiente continuó el ingreso de más individuos, quienes delimitaron sitios y levantaron viviendas de material ligero y madera.
Con el paso del tiempo, el asentamiento se consolidó. En el lugar existen hoy construcciones precarias y otras más firmes, con delimitaciones internas, además de conexiones clandestinas al tendido eléctrico e instalaciones irregulares de agua.
Incluso se instaló una suerte de alumbrado público sin control técnico, lo que, según los antecedentes acompañados, ha generado riesgo de incendios.
También se denunció afectación a infraestructura sanitaria vinculada al suministro de agua potable.
Las empresas propietarias interpusieron denuncia por usurpación ante Carabineros y una querella que se tramita ante el Juzgado de Garantía de Colina.
Paralelamente, dedujeron una demanda civil de precario ante el Juzgado de Letras de Colina, la que fue rechazada en 2022 por insuficiencia probatoria respecto de la identificación exacta de los terrenos ocupados, decisión confirmada en 2023.
Frente a la ocupación continua, recurrieron de protección. La Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la ocupación de un inmueble ajeno sin autorización constituye “un acto de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento jurídico” y que se trata de una actuación ilegal y arbitraria que impide a los dueños ejercer el derecho de propiedad.
Por ello, el tribunal acogió la acción y ordenó que los ocupantes abandonen los terrenos en un plazo máximo de cuatro meses desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Si no hay restitución voluntaria, se dispondrá el desalojo con auxilio de la fuerza pública.
Además, se ofició a distintos ministerios y autoridades para que realicen catastros y adopten medidas destinadas a ofrecer soluciones habitacionales o albergue transitorio a los ocupantes.