La investigación apunta a un contrato adjudicado por trato directo y reabre cuestionamientos sobre probidad y control en Corte Suprema.
Ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, a la salida del pleno - Agencia Uno
La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, enfrenta una nueva controversia luego que una denuncia por la adjudicación de un millonario contrato mediante trato directo volviera a instalar dudas sobre los mecanismos de control y probidad al interior del máximo tribunal.
Según reveló El Mostrador, los antecedentes conocidos este martes incrementan la presión sobre la magistrada, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos previos relacionados con su actuación en otras causas y por las exigencias de mayor transparencia dentro del Poder Judicial.
La denuncia se relaciona con la contratación de un proyecto tecnológico adjudicado por trato directo, un mecanismo excepcional contemplado en la normativa de compras públicas, cuya utilización ha sido objeto de críticas cuando no existe una justificación suficientemente fundada.
De acuerdo al reportaje, los antecedentes vuelven a poner bajo escrutinio la participación de María Cristina Gajardo en decisiones administrativas que ahora son objeto de revisión y cuestionamientos.
La controversia tiene su origen en observaciones formuladas previamente por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), entidad que denunció ante la Corte Suprema eventuales irregularidades en la adjudicación de un contrato informático superior a $470 millones, solicitando la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos.
La publicación de nuevos antecedentes ocurre apenas días después de otra investigación del mismo medio antes mencionado, que reveló la participación de María Cristina Gajardo en una causa donde anteriormente había mantenido un mandato de representación con una de las partes involucradas.
En esa oportunidad, la ministra explicó que desconocía que la empresa era parte del litigio al momento de integrar la sala y sostuvo que su inhabilidad estaba declarada previamente ante el tribunal. Sin embargo, el episodio reabrió el debate sobre los estándares de inhabilidad, transparencia y resguardo de la confianza pública en el sistema judicial.
La nueva denuncia vuelve a instalar la discusión respecto de los mecanismos de fiscalización al interior del Poder Judicial, especialmente en materias vinculadas con contrataciones públicas y eventuales conflictos de interés.
Especialistas en transparencia han advertido reiteradamente que las contrataciones mediante trato directo requieren una fundamentación estricta, debido a que constituyen una excepción al procedimiento competitivo habitual y, por ello, demandan mayores niveles de control.
Hasta ahora no existe una resolución definitiva sobre los antecedentes denunciados, por lo que las eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias deberán ser determinadas por las instancias competentes.
