Corte Suprema confirmó la condena contra inmobiliaria y constructora, que deberán pagar $170 millones por filtraciones en estacionamientos subterráneos.
Filtraciones por aguas lluvias dañaron los estacionamientos del edificio / Corte Suprema
La Corte Suprema dejó firme el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a una inmobiliaria y una constructora pagar $170 millones a la Comunidad Edificio Capital, tras acreditarse graves fallas de construcción que provocaron filtraciones en los estacionamientos subterráneos del edificio ubicado en Santiago.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la controversia se originó luego de que la comunidad denunciara que, pocos años después de la entrega del proyecto, comenzaron a aparecer filtraciones de agua en la losa de los estacionamientos subterráneos.
Según se estableció durante el juicio, los problemas estaban vinculados a una deficiente ejecución del sistema de alcantarillado, un cálculo incorrecto para evacuar aguas lluvias y una mala construcción de la losa de hormigón y sus vigas.
La demanda fue presentada contra Inmobiliaria Radal S.A. y Constructora Su Ksa S.A. ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió parcialmente la acción.
El tribunal concluyó que las empresas eran responsables de los daños en la losa de los subterráneos y las condenó solidariamente a pagar una indemnización de $170.000.000 a la comunidad. En cambio, rechazó la indemnización solicitada por problemas en los ascensores de una de las torres, al estimar prescrita esa parte de la acción.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó íntegramente esa sentencia. Las empresas recurrieron entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo, insistiendo en que la demanda debía considerarse prescrita respecto de toda la losa y que la comunidad no había acreditado adecuadamente la existencia ni el monto de los perjuicios.
Sin embargo, la Cuarta Sala del máximo tribunal descartó esos argumentos. En el fallo, integrado por el ministro Ricardo Blanco, las ministras Andrea Muñoz y Mireya López, y las abogadas integrantes Fabiola Lathrop e Irene Rojas, sostuvo que los cuestionamientos apuntaban a la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo, materia que no podía revisarse mediante este recurso extraordinario.
Además, la Corte Suprema afirmó que la sentencia sí analizó los informes periciales y la prueba presentada para determinar los perjuicios, fijando razonadamente la indemnización en $170 millones.
Con ello, rechazó el recurso y dejó firme la condena contra ambas empresas. La decisión fue adoptada con el voto en contra de las ministras Muñoz y López, quienes estimaron que la demanda debía rechazarse respecto del monto indemnizatorio.
