Un Estado en el limbo: Entre la urgencia ciudadana y el umbral de un nuevo gobierno

A lo largo de mi trayectoria como dirigente sindical de medio siglo, he sido testigo de múltiples procesos de negociación. Desde el retorno a la democracia, el ritual republicano dictaba que, independientemente del color político del gobierno de turno, existía un reconocimiento implícito de la necesidad de negociar con la Mesa del Sector Público para mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales que determinan la vida de los trabajadores que sostienen el país.

Sin embargo, este proceso de reajuste ha quedado peligrosamente atrapado en un debate que huele a precampaña presidencial, olvidando que la ciudadanía ya se expresó y que el país necesita seguir funcionando más allá de las estrategias electorales de corto plazo.

Es imperativo detenerse a reflexionar sobre lo que está en juego. Cuando hablamos de fortalecer la función pública, no estamos defendiendo privilegios corporativos, estamos defendiendo la columna vertebral de nuestra sociedad. Los índices de expectativa de vida en Chile, que hoy alcanzan los 81 años —propios de una nación desarrollada—, no son fruto del azar.

Son el resultado directo de la ejecución de una salud pública que, a pesar de sus carencias, ha sido el factor determinante en la mejora de las condiciones de salubridad y bienestar ambiental del país. Negar el reajuste o poner trabas a la estabilidad de sus funcionarios es, en la práctica, atentar contra ese patrimonio de todos los chilenos.

Me asombra ver cómo algunos sectores políticos, que en apenas dos meses asumirán la conducción del país tras ganar legítimamente la elección, se comportan hoy en la sala como si todavía estuviéramos en plena disputa por una precandidatura. Es una ceguera estratégica alarmante. Si hoy, siendo oposición, rechazan sistemáticamente cada norma bajo la lógica del "7 contra 5", ¿qué esperan que suceda cuando el tablero se invierta?

Si hoy dinamitan los puentes de diálogo, están pavimentando el camino para una ingobernabilidad que ellos mismos sufrirán en marzo. ¿Dónde queda el espacio para los criterios mesurados? ¿En qué momento perdimos la capacidad de mirar al Estado con ojos de futuro y no solo con el hambre del poder inmediato?

La preocupación de las y los trabajadores es profunda. Vemos con angustia cómo se obstaculizan medidas de modernización tan vitales como el teletrabajo o las políticas de conciliación familiar, herramientas que no son caprichos, sino la base de un Estado eficiente y humano.

Pero quizás el punto de mayor conflicto es la estabilidad laboral. En un país donde el 70% de la fuerza laboral pública se mantiene bajo la modalidad de contrata y solo un 30% posee titularidad, pretender que no existan normas de protección es una injusticia fundamental.

Escuchamos voces, incluso desde órganos de control, que sugieren que para avanzar habría que reformarlo todo, cambiar cada normativa existente, casi como una revolución desde cero. Pero la realidad es que nadie sensato quiere revoluciones que paralicen el país. Lo que los trabajadores buscamos es una reforma progresiva, un Estado moderno con nuevas herramientas técnicas que pongan en el centro la dignidad de quien sirve y de los usuarios del sector público.

No es legítimo denostar la función pública bajo la caricatura del "operador", cuando la inmensa mayoría de los funcionarios públicos en Chile son personas que perciben sueldos que oscilan entre los 500 y 700 mil pesos, muy lejos de las dietas millonarias de los cargos de confianza. La educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente no pueden estar en un "limbo" administrativo mientras el calendario electoral sigue su curso. La municipalización, el transporte público y la agilización de los procesos burocráticos requieren una proactividad que hoy no vemos en la Comisión de Hacienda.

Resulta curioso y desalentador observar que cada votación se repite mecánicamente: 7 votos oficialistas a favor de los trabajadores y 5 votos de la futura administración en contra. Esa falta de generosidad política es la que tiene al reajuste sin ver la luz a mitad de enero, dejando en la incertidumbre a miles de familias que dependen de ese aumento para enfrentar el costo de la vida.

Desde la FENATS Unitaria hacemos un llamado desesperado, pero firme, al consenso. Necesitamos una mesa de acuerdo neutra, un espacio de debate donde se depongan las armas del proselitismo. El pueblo chileno ya envió señales claras al rechazar dos propuestas constitucionales opuestas; la lectura es obvia: la ciudadanía busca que la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo para hacer buenas leyes. La gente quiere soluciones al tema de la delincuencia y la salud, no quiere ver a sus representantes peleando por el titular del día mientras el Estado se debilita.

Hacer política de Estado significa entender que los que hoy son oficialistas serán oposición en dos meses, y viceversa. Si no somos capaces de construir un espacio de diálogo institucional hoy, el futuro del país será un ciclo eterno de obstruccionismo. Como dirigentes sindicales, hemos obtenido pequeñas victorias en estos días de debate, pero no cantaremos victoria hasta que el reajuste sea una realidad.

Llamamos a los diputados y senadores que hoy se cierran al mutuo diálogo a reflexionar: el Estado no les pertenece a ustedes, ni al gobierno saliente ni al entrante; el Estado le pertenece a los ciudadanos que esperan una atención digna en un hospital, una mejor calidad de vida, de educación, con seguridad en las calles. Y en virtud de ello, también pertenece a los trabajadores que, con orgullo, vestimos la camiseta del servicio público. Es hora de legislar con la mirada puesta en la República y no en la próxima encuesta.