Secretaria fue destituida tras declarar en sumario de Contraloría: Municipalidad de Cerrillos deberá pagarle $20 millones
Durante años trabajó en la Municipalidad de Cerrillos como secretaria, desempeñándose directamente en funciones ligadas a la alcaldía.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, a comienzos de 2023 fue trasladada a la Dirección de Tránsito, cambio que —según se expuso en juicio— tuvo un carácter punitivo tras conflictos internos.
La situación se agravó cuando declaró en un sumario instruido por la Contraloría General de la República, iniciado por reuniones políticas realizadas en horario laboral y en dependencias municipales.
Poco después de esa declaración, el municipio resolvió no renovar su contrata en julio de 2023 mediante un decreto alcaldicio.
La funcionaria reclamó ante Contraloría, organismo que declaró improcedente la decisión, ordenó su reincorporación y el pago de las remuneraciones adeudadas.
Si bien el municipio cumplió formalmente con reincorporarla, ese mismo día dictó un nuevo decreto poniendo término nuevamente a la contrata, utilizando argumentos similares a los ya objetados. Contraloría volvió a ordenar su reincorporación, instrucción que no fue acatada.
Frente a este escenario, la afectada presentó una demanda de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, denunciando un despido discriminatorio y la vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente la libertad de opinión y la integridad psíquica.
De manera subsidiaria, solicitó que el despido fuera declarado injustificado y pidió indemnización por daño moral.
El juez Mauricio Guajardo Espinoza analizó los decretos alcaldicios, los dictámenes de Contraloría, la prueba testimonial y un peritaje psicológico.
En su sentencia concluyó que existían indicios claros de vulneración de derechos fundamentales, destacando la cercanía temporal entre la declaración en el sumario y las reiteradas decisiones de no renovar la contrata, pese a las órdenes expresas de reincorporación.
El fallo sostuvo que el municipio no logró justificar razonablemente su actuar.
El tribunal acogió parcialmente la acción de tutela y condenó a la Municipalidad de Cerrillos a pagar una indemnización equivalente a nueve remuneraciones, por un total de $14.847.012.
Además, ordenó el pago de $5.000.000 por daño moral, considerando el impacto psicológico acreditado. Cada parte deberá asumir sus propias costas.
