Retroceso civilizatorio y defensores en peligro: los desafíos que enfrenta el ambientalismo de cara a la gestión de Kast

En un contexto internacional marcado por la escalada militar de Donald Trump en la región y un Chile que transita desde un gobierno que se autodefinió como "ecologista" hacia una nueva administración que anunció el fin de las "ideologías ambientalistas", referentes del movimiento manifestaron su preocupación por el futuro de la protección de la naturaleza en el país.

Se trata de Sara Larraín, directora de la fundación Chile Sustentable, y Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación Terram, quienes analizaron en El Desconcierto los avances y retrocesos de la gestión del Presidente Gabriel Boric en materia ambiental y advirtieron sobre lo que denominaron un "retroceso civilizatorio" que echa para atrás décadas de construcción normativa sumado a la victoria de José Antonio Kast en las presidenciales.

Leyes ambientales en Chile: implementación con escaso presupuesto

Ambas recordaron que Boric tuvo la tarea de implementar dos marcos jurídicos fundamentales que venían de la administración anterior: la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sin embargo, ambas enfrentaron serias limitaciones presupuestarias.

Según explicó Larraín, la ley de cambio climático "si bien es cierto, con muy poquito financiamiento, logró sacar los reglamentos y se está implementando particularmente a través de lo que se llamó los planes sectoriales de cambio climático". No obstante, persisten temas pendientes como un comité científico y otros elementos fundamentales.

La situación es más crítica con la ley de biodiversidad. "Hubo muchos retrasos en los reglamentos. De hecho, hay solamente dos que han pasado por Contraloría", advirtió Larraín, quien agregó que mientras no entren a Contraloría "la verdad es que no ocurre mucho". El servicio entra formalmente en vigencia el 2 de febrero, pero en un gobierno próximo que no es muy afín con los temas ambientales.

Liberona fue más enfática sobre el tema presupuestario: "El gobierno del presidente Boric le asignó menos presupuesto a la implementación de esta ley de lo que había comprometido en su tramitación parlamentaria". Destacó que Chile es uno de los países que menos invierte en áreas protegidas terrestres, y en áreas protegidas marinas "la cosa es casi chistosa, porque lo que pone la ley de presupuestos son 200 millones de pesos al año".

Ley de permisos sectoriales: "un retroceso regulatorio"

El punto más crítico del análisis se centró en la Ley de Autorizaciones Sectoriales, promovida por el gobierno de Boric. "Es una ley terrible", sentenció Liberona, mientras manifestó que "tratando de solucionar un problema han creado más problemas".

La normativa establece un sistema de autorizaciones técnicas habilitantes que funcionan mediante declaración jurada. "¿Y qué quiere decir esto? Que el que hace un proyecto declara que va a cumplir ciertas cosas, pero no hay lo que se llama legalmente un control preventivo. Por lo tanto, cuando alguien vaya a fiscalizar, el daño ya va a estar hecho", detalló Liberona.

Larraín contextualizó esta ley dentro de una narrativa más amplia: "Hay una construcción de una narrativa que empieza a legitimar una posición antinorma, no solamente antinorma ambiental, sino antinorma de todo lo que la sociedad chilena ha construido en los últimos 50 años".

Asimismo, complementó que desde el sector empresarial se ha acuñado el término "permisología" para demonizar las normas cuya función es "proteger un bien público y prevenir un daño ambiental".

La directora de Chile Sustentable fue categórica al señalar que "estamos frente a un retroceso civilizatorio, un retroceso que echa para atrás lo que la sociedad ha avanzado, particularmente en tiempos de la transición democrática".

Lo más grave, según Larraín, es que "esto ha sido impulsado por un gobierno progresista" que adoptó "una agenda que fue siempre la agenda del sector empresarial y de los sectores de derecha".

Además, advirtieron que el próximo ministro de Hacienda del gobierno electo, Jorge Quiroz, ya estaría negociando con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para "profundizar este tema de la permisología", buscando eliminar entre el 52% y 58% de los permisos actuales.

Batalla internacional por recursos naturales críticos

En el plano internacional, ambas expertas identificaron una intensificación del apetito de países desarrollados por recursos naturales, disfrazada bajo el discurso de la transición energética.

Larraín señaló que cuando Chile actualizó su acuerdo con la Unión Europea, "no es que se actualice el acuerdo completo con protección ambiental, protección de los derechos ciudadanos, protección de las mujeres, sino que se actualiza en un capítulo muy claro, que es acceso a minerales críticos". Esto incluye cobre, litio y tierras raras.

"Aparece una nueva narrativa, yo diría adornada por el discurso de la transición energética, pero finalmente para nuestros países significa lo mismo, significa ser sujetos de extractivismo", explicó Larraín, agregando que esto ocurre "con ninguna condición de industrialización o de valor agregado".

Liberona cuestionó el concepto mismo de transición justa: "La primera pregunta que hay que hacerse es ¿esta transición es justa para quién? Porque básicamente los países europeos, la Unión Europea, instala el tema de la transición para que ellos sigan viviendo a 24 grados invierno y verano, cuando nosotros no tenemos esas condiciones".

Además, alertó sobre un aspecto poco discutido: el uso militar de estos minerales críticos. "Muchos de estos elementos, el cobre, el litio, las tierras raras por sobre todas las cosas, no están tan orientados a ser usados en la electromovilidad, sino en armas de defensa muy sofisticadas", advirtió.

Desafíos ante el próximo gobierno

De cara a los próximos cuatro años bajo el gobierno republicano, que adelantó el fin de las "ideologías ambientalistas, animalistas e indigenistas", las expertas establecieron líneas rojas claras.

"No es transable la regresión en ningún tipo", declaró enfáticamente Larraín. "La sociedad chilena ha llegado a este nivel y la verdad es que en materia de reglas de convivencia, en materia de protección del interés público, no hay ninguna transacción que hacer".

Liberona identificó tres desafíos fundamentales: "No regresión ambiental, mantener los estándares de acceso a información y transparencia, y que las autoridades que van a asumir se comprometan a hacer respetar la legislación vigente".

La directora de Terram citó el caso de las salmoneras como ejemplo de incumplimiento: "Entre el año 2012 y 2023, más de 99.000 toneladas sobreproducidas y sin embargo no hubo sanción. Hubo denuncias de nuestra parte, pero las autoridades que tenían que fiscalizar y sancionar no lo hicieron a tiempo".

Defensores ambientales en situación de vulnerabilidad

Uno de los aspectos más preocupantes del análisis se refirió al riesgo que enfrentan los defensores ambientales en el contexto actual.

Larraín advirtió sobre "el retroceso democrático de las formas de relación entre el Estado y la ciudadanía que nosotros prevemos que puede tornarse hostil hacia el movimiento ambiental". Señaló que "ya hay hoy día amenazas, ya hay ataques físicos a personas defensoras ambientales, hemos tenido muertes sin esclarecer de defensores ambientales".

"Con una desregulación normativa y con estilos de gobernanza autoritario con mucha mano militar, creemos que es un tremendo peligro y va a significar no solamente un retroceso ambiental sino también un retroceso en la democracia", agregó la directora de Chile Sustentable.

Liberona enfatizó la vulnerabilidad particular de las organizaciones territoriales: "Chile geográficamente es un país súper difícil, es un país largo, hay zonas que están súper aisladas. Entonces esa indefensión que hay, es fácil agredirlos, es fácil silenciarlos. Son gente que está hoy día más que antes en una situación más vulnerable".

Ante este panorama, ambas expertas hicieron un llamado a fortalecer la sociedad civil y generar alianzas entre distintas causas. "Lo que necesitan las estabilidades democráticas es una sociedad civil fuerte", concluyó Larraín, invitando a la ciudadanía a informarse, articularse y mantener el control sobre las autoridades locales y nacionales.