¿Venezuela anuncia un orden internacional sin reglas?

La pregunta más importante que surge de la intervención de Estados Unidos en Venezuela no es si violó el derecho y las normas internacionales, sino qué revela sobre el futuro del orden internacional liberal. Contrariamente a lo que afirman algunos analistas, ese orden no se está derrumbando, ya que sus pilares fundamentales todavía están en pie y las alternativas siguen siendo débiles. Pero mantenerlo ahora implicará acciones discrecionales más frecuentes por parte de Estados Unidos, y cada vez resultará menos claro dónde se encuentran los umbrales para futuras intervenciones.

Cuando los límites percibidos de la acción estatal se desvanecen, el significado del poder cambia. La pregunta ya no es qué está formalmente permitido, sino cómo interpretarán las acciones los demás dentro del sistema. Venezuela expone una tensión creciente entre la prerrogativa estadounidense de aplicar la ley unilateralmente y las expectativas de cooperación de las que depende en última instancia el liderazgo estadounidense. El liderazgo global no se limita a la capacidad de un estado para actuar; es igualmente importante si una acción refuerza o erosiona las expectativas de prudencia y moderación futuras.

Durante décadas, el poder de Estados Unidos se ha basado en su predominio militar y económico, reforzado por compromisos de alianza sólidos. Esta configuración hizo que retirarse de los acuerdos institucionales liderados por Estados Unidos resultara costoso, incluso cuando los socios estaban insatisfechos. Por lo tanto, la autoridad estadounidense no se ha basado únicamente en el consentimiento, sino en una estructura de dependencia creada por garantías de seguridad, vínculos de alianza y el control sobre relaciones económicas y estratégicas cruciales.

Pero incluso si las instituciones pueden consolidar sus ventajas, no pueden compensar los costos reputacionales y estratégicos que conlleva el ejercicio del poder discrecional. Si bien una sola intervención contra un estado débil o aislado rara vez altera la estructura del orden internacional general, los efectos de tales acciones se acumulan a medida que otros revisan sus expectativas en respuesta a ellas.

Venezuela es un caso distintivo si se compara con intervenciones anteriores de Estados Unidos, como las de Irak, Kosovo, Libia y Siria. Si bien estos casos fueron controvertidos y sumamente discutidos, cada uno de ellos implicó un claro punto de escalada o una “línea roja” (aunque fuera inventada) para Estados Unidos, ya sea un programa de armas, violencia masiva o una guerra en curso.

Por el contrario, la administración Trump basó su intervención en Venezuela en una serie de preocupaciones, como la migración, la evasión de sanciones, las redes criminales y la influencia china. En ningún momento quedó claro cuándo la moderación daría paso a la coerción y la escalada.

Por supuesto, los intereses materiales e ideológicos -el acceso al petróleo, la influencia regional y la resistencia al socialismo- siempre han determinado la política estadounidense hacia Venezuela. Lo novedoso en este caso no es la presencia de esos intereses, sino la ausencia de un umbral o una emergencia claramente articulados que justifiquen una acción coercitiva.

Asimismo, esta incertidumbre se ha visto reforzada por medidas paralelas en otros lugares. Las amenazas públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia socios cercanos de Estados Unidos, como Canadá (miembro de la OTAN) y Groenlandia (territorio de Dinamarca, también miembro de la OTAN), socavan la presunción de que la soberanía aliada está fuera del alcance de la intimidación estadounidense.

Al capturar y procesar a Maduro, un líder extranjero en ejercicio, la administración Trump está ampliando la jurisdicción estadounidense por medios que no llegan a la guerra. Al marginar a la propia oposición venezolana, está derribando la distinción entre facilitar el cambio político e imponerlo. Y al marginar al Congreso, ha eliminado un control procedimental que antes obligaba a trazar líneas rojas por adelantado.

En conjunto, estas medidas sustituyen los umbrales visibles por un criterio discrecional. Antes de Trump, otros países podían estar atentos a una infracción y anticipar la respuesta de Estados Unidos; ahora solo les queda especular. Así es el precedente que sienta Venezuela.

Estados Unidos se ha beneficiado durante mucho tiempo de ser visto no solo como un ejecutor de normas, sino como el principal proveedor de seguridad y acceso dentro de un sistema internacional que moldea de manera desproporcionada. En este contexto, se toleraban las desviaciones ocasionales de las reglas porque se suponía que eran episodios puntuales. Pero esa suposición hoy está en entredicho.

Tan impactante como esta intervención estadounidense es la tolerancia política interna a las afirmaciones de discrecionalidad de Estados Unidos en todo el hemisferio. Las especulaciones superficiales sobre reclamos territoriales que involucran a socios cercanos, por inverosímiles que sean en la práctica, antes habrían sido políticamente impensables en un orden basado en la moderación mutua. Ya no.

La justificación pública de la Casa Blanca -que enmarca la acción como una gestión de rutina contra el narcotráfico, los rivales y las repercusiones en materia de seguridad, en lugar de como un uso excepcional de la fuerza- subraya lo normalizado que se ha vuelto el enfoque trumpiano de priorizar la discrecionalidad.

Esto es importante. El orden no solo depende de los resultados, sino también de las expectativas. Si más estados comienzan a anticipar que se podrían aplicar juicios similares de Estados Unidos contra otros, aunque sea con poca frecuencia, el cálculo de la participación cambia.

Lo más probable es que la respuesta a la intervención en Venezuela no sean deserciones masivas ni enfrentamientos públicos, sino más bien medidas de protección, aislamiento legal, diversificación institucional y esfuerzos discretos para reducir la exposición a Estados Unidos. No se requiere coordinación y, una vez que comience el proceso (como de hecho ya ha sucedido), las acciones individuales se reforzarán mutuamente.

Esto no significa que el orden actual esté al borde del colapso. El cambio sistémico requiere alternativas creíbles, y estas siguen siendo limitadas. Las potencias rivales pueden frustrar las iniciativas de Estados Unidos, pero no han reemplazado los cimientos institucionales sobre los que se sustenta la cooperación global.

La pregunta más difícil es si se puede mantener el equilibrio entre la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y la provisión de bienes públicos globales. El liderazgo se vuelve más costoso cuando se utilizan herramientas coercitivas con más frecuencia que las cooperativas, o cuando la aplicación de la ley se expande más rápido que los beneficios compartidos. En ese punto, el cumplimiento pasa de ser voluntario a transaccional, y la autoridad comienza a parecerse a la dominación.

Venezuela agudiza una vieja cuestión en lugar de resolverla. El peligro ahora no es que los estados se rebelen abiertamente, sino que se adapten silenciosamente a un Estados Unidos rebelde. Un orden puede perdurar en tales condiciones, pero solo a un costo más alto y con rendimientos decrecientes para la potencia dominante.

*Esta columna es parte del Project Syndicate, 2025 (Copyright). www.project-syndicate.org