En Chile, cerca de 600 mujeres mueren cada año, equivalente a dos muertes diarias, y se registran cerca de 990 casos nuevos, evidenciando brechas significativas en prevención y acceso a servicios de salud
Niña recibiendo vacuna contra el paiploma humano / Agencia Uno
El Virus del Papiloma Humano (VPH), un microorganismo de solo 55 nanómetros, fue responsable de cerca de 350.000 muertes por cáncer cervicouterino en el mundo en 2022, según el Observatorio Global del Cáncer. Se ha observado que esta carga no se distribuye de manera equitativa: alrededor del 90% de las muertes ocurre en países de ingresos bajos y medianos.
En América Latina y el Caribe, este cáncer constituye la segunda causa de muerte en mujeres, con aproximadamente 35.000 fallecimientos y 72.000 nuevos casos anuales. Particularmente en Chile, cerca de 600 mujeres mueren cada año, equivalente a dos muertes diarias, y se registran cerca de 990 casos nuevos, evidenciando brechas significativas en prevención y acceso a servicios de salud.
El cáncer cervicouterino refleja profundas inequidades estructurales, afectando principalmente a mujeres en contextos de vulnerabilidad: bajos ingresos, menor nivel educacional, ruralidad o pertenencia a pueblos indígenas. Más del 90% de estas muertes son evitables mediante vacunación contra el VPH y tamizaje oportuno, pero el acceso a estas estrategias está condicionado por determinantes sociales.
La estrategia 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud busca eliminar este cáncer como problema de salud pública mediante alta cobertura de vacunación, tamizaje y tratamiento. Sin embargo, en la región persisten brechas en cobertura, especialmente en territorios rurales y en poblaciones con menor acceso, además de barreras socioculturales y desinformación.
El tamizaje enfrenta desafíos como baja cobertura y modelos centrados en la demanda espontánea. La incorporación de pruebas de VPH de alta sensibilidad sigue siendo desigual, mientras que el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno se ve limitado por fragmentación del sistema, tiempos de espera y barreras económicas y geográficas.
Desde la Atención Primaria de Salud, avanzar en estas metas requiere abordar condiciones estructurales que limitan el acceso. Factores como la precariedad laboral, la ruralidad y la sobrecarga de cuidados dificultan la asistencia a controles preventivos, evidenciando que la prevención no depende únicamente de decisiones individuales.
La evidencia muestra que las estrategias más efectivas combinan intervenciones sanitarias con enfoques comunitarios y territoriales, como el tamizaje activo, la autotoma de VPH y la extensión de horarios. Asimismo, es fundamental incorporar un enfoque de género e interculturalidad y fortalecer la educación en salud sexual y reproductiva para reducir barreras y promover el ejercicio del derecho a la salud.
Reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino exige políticas públicas que fortalezcan la Atención Primaria, mejoren la continuidad del cuidado y disminuyan las desigualdades en el acceso. En este sentido, este cáncer actúa como un termómetro de la equidad en salud, evidenciando las limitaciones de los sistemas sanitarios para garantizar acceso oportuno y de calidad.
Su eliminación en América Latina y el Caribe no es solo un desafío técnico, sino una decisión política que requiere voluntad, inversión sostenida y un compromiso real con la equidad.