El plan de recorte por US$6.000 millones no es neutro: cuando el ajuste recae sobre capacitación, empleo y políticas sociales, el efecto no es crecimiento, sino debilitamiento del capital humano y del potencial productivo del país.
Ministro Quiroz y Alvarado ante discusión de Ley Miscelánea
El "plan de reconstrucción" que impulsa Kast no es sólo un programa fiscal. Es, en rigor, una definición sobre el tipo de economía que Chile quiere ser. Porque cuando el ajuste se diseña reduciendo inversión en personas —educación, capacitación, cuidados, empleo— deja de ser una política de eficiencia para transformarse en una apuesta de alto riesgo: crecimiento más débil y desigualdad más persistente.
En Chile persiste una ilusión contable: creer que crecer es ordenar cifras. Pero la evidencia acumulada durante décadas muestra lo contrario. El principal problema estructural de la economía chilena no es el nivel de gasto, sino su incapacidad para mejorar la productividad.
La propia Comisión Nacional de Productividad (CNP) ha documentado que la Productividad Total de Factores (PTF) lleva más de 15 años estancada. En 2024, su variación volvió a ser prácticamente nula (en torno a -0,2% a 0,1%).
En términos simples: Chile no está creciendo porque haga mejor las cosas, sino porque usa más recursos. Y ese modelo tiene límites evidentes.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE han advertido que América Latina enfrenta una “trampa de baja productividad”, donde el crecimiento débil, la informalidad y la desigualdad se retroalimentan. Desde ese diagnóstico, el problema del ajuste no es su magnitud, sino su composición.
Entre las más de 40 medidas de ajuste propuestas, una de las más críticas es la eliminación o reducción de instrumentos de formación laboral, como la franquicia tributaria asociada al SENCE.
La evidencia internacional es consistente: la capacitación laboral tiene retornos positivos tanto a nivel individual como agregado. Estudios de la OCDE muestran que trabajadores que acceden a formación continua pueden aumentar su productividad entre 5% y 20%, dependiendo del sector. A nivel macroeconómico, países que sostienen inversión en habilidades logran mejoras persistentes en crecimiento potencial.
Eliminar estos mecanismos puede generar ahorro fiscal inmediato, pero implica un costo acumulativo: menor capital humano, menor adaptabilidad tecnológica y menor productividad futura.
En Chile, donde el rezago en habilidades ha sido identificado como una de las principales brechas productivas, recortar en capacitación no corrige el problema: lo amplifica.
Aquí aparece la paradoja central del ajuste: se reduce justamente aquello que explica por qué la economía no crece.
El mercado laboral chileno arrastra otra debilidad estructural: baja participación femenina. Y esto no es sólo un problema social, sino económico.
La evidencia de la OCDE indica que cerrar brechas de participación laboral femenina puede aumentar el PIB de largo plazo en varios puntos porcentuales. En América Latina, estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo( BID) sugieren incrementos potenciales de hasta 10% del PIB si se igualaran tasas de participación.
Pero esa expansión no ocurre espontáneamente. Depende de políticas concretas: sistemas de cuidado, sala cuna universal, protección laboral, reducción de brechas salariales.
Un ajuste que debilite o postergue estas políticas tiene efectos directos: reduce la oferta laboral, limita el crecimiento y perpetúa desigualdades. En una economía con bajo dinamismo, excluir —de facto— a una parte significativa de su fuerza laboral no es austeridad. Es ineficiencia.
El argumento clásico detrás de estos recortes es que un Estado más pequeño liberaría recursos para la inversión privada. Pero este supuesto falla en dos dimensiones clave.
Primero, porque no toda inversión es sustituible. La inversión en educación, innovación o capital humano tiene características de bien público: genera externalidades que el sector privado no captura completamente. Por eso, cuando el Estado se retira, no aparece automáticamente un reemplazo.
Segundo, porque la evidencia sobre rebajas de impuestos corporativos como motor de crecimiento es débil. La experiencia de la reforma tributaria en Estados Unidos (2017) mostró aumentos significativos en utilidades empresariales, pero efectos acotados en inversión productiva y empleo. Investigaciones del FMI y la OCDE concluyen que estos recortes tienen impactos limitados sobre el crecimiento de largo plazo si no se acompañan de inversión en capital humano e innovación.
Apostar a esta vía como eje de reactivación no sólo es insuficiente: contradice la evidencia.
El problema de fondo no es técnico, sino conceptual. Este enfoque asume que la economía es un sistema que se corrige ajustando balances fiscales. Pero las economías modernas crecen acumulando capacidades.
Capacidades humanas (educación y habilidades), sociales (confianza y cohesión) e institucionales (calidad regulatoria y políticas públicas).
Las más de 40 medidas de ajuste propuestas —incluyendo descontinuar programas sociales, reducir instrumentos de capacitación y restringir políticas de apoyo laboral— apuntan en la dirección opuesta: erosionan esas capacidades.
Y cuando eso ocurre, el efecto no es inmediato, pero sí persistente: menor crecimiento potencial, empleos más precarios y mayor desigualdad.
En un país estancado en productividad, la discusión no es cuánto gastar, sino en qué invertir para crecer mejor. Porque cuando la reconstrucción se hace sin personas, lo que se obtiene no es una economía más eficiente, sino una economía más frágil.
Y en economía —como en política— hay decisiones que no sólo ajustan cifras: definen trayectorias de desarrollo. Reducir el déficit puede ser necesario. Pero hacerlo debilitando el capital humano es, en los hechos, hipotecar el crecimiento futuro.
El verdadero costo del ajuste no está en el presupuesto. Está en las oportunidades que se pierden.