Lo echaron tras acusación de banco por fraudes de $26.805.000: Justicia ordenó pagarle $25 millones por despido injustificado
El 22 de julio de 2025, un trabajador del Banco Santander fue despedido de la sucursal Talca Centro III tras casi ocho años de servicio, luego de que la entidad le imputara un supuesto incumplimiento grave de sus obligaciones laborales.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, en la carta de despido, el banco sostuvo que, en su rol de ejecutivo personas, no habría verificado correctamente antecedentes de clientes, lo que habría permitido fraudes crediticios por un monto aproximado de $26,8 millones.
El trabajador negó esas acusaciones, afirmando que su función se limitaba a recopilar y subir documentación, la que luego debía ser revisada y autorizada por otros estamentos del banco.
Tras su desvinculación, el extrabajador presentó una demanda por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.
En su acción sostuvo que nunca participó en fraude alguno, que no tenía las herramientas ni la obligación de detectar documentos falsificados, y que las operaciones cuestionadas fueron aprobadas por superiores y áreas internas del banco.
También alegó que no existió una investigación interna en la que pudiera ejercer su derecho a defensa y que los hechos invocados eran extemporáneos.
El banco, por su parte, pidió el rechazo de la demanda, asegurando que el trabajador sí tenía la obligación de verificar la documentación de los clientes y que su actuar negligente permitió el otorgamiento de créditos a personas que no cumplían los requisitos, generando perjuicios económicos relevantes.
En sentencia dictada el 2 de enero de 2026, el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca concluyó que el banco no logró acreditar los hechos que fundaron el despido.
El tribunal sostuvo que la principal prueba presentada provenía de informes internos de la propia empresa y de testigos que seguían siendo trabajadores del banco, sin respaldo objetivo externo.
Además, se tuvo por acreditado que no existió un proceso de investigación interna en que el trabajador pudiera hacer descargos ni capacitaciones específicas sobre verificación documental.
Con ello, el tribunal declaró que el despido fue indebido y condenó al Banco Santander a pagar $1.658.833 por indemnización sustitutiva de aviso previo, $13.270.664 por años de servicio y $10.616.531 por recargo legal del 80%, además de reajustes, intereses y costas, estas últimas reguladas en $1 millón.
En cambio, rechazó la nulidad del despido y otras prestaciones reclamadas.
