La historia de 160 familias que dieron $170 millones a proyecto habitacional que no prosperó y que juicio terminó sin condenas
El proyecto tomó forma en Pucón en 2017, cuando más de 160 familias se organizaron para conseguir un terreno y construir sus futuras viviendas.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, La propuesta, impulsada a través de un comité habitacional, exigía que cada integrante aportara $1.070.000 para costear la promesa de compraventa del terreno y los estudios técnicos necesarios.
Durante meses se realizaron reuniones, se mostraron planos, se visitó el predio y se anunciaron gestiones para avanzar con el cambio de uso de suelo y la tramitación del proyecto.
Los aportes se reunieron en efectivo y mediante depósitos, alcanzando cifras internas que fluctuaban entre $148 millones y cerca de $170 millones, según los registros revisados durante la investigación.
A pesar del entusiasmo inicial, el plan comenzó a desmoronarse.
La declaración de impacto ambiental fue presentada, pero el dueño del terreno finalmente se desistió y retiró la documentación del Servicio de Evaluación Ambiental.
Sin avances concretos y con dudas sobre el destino de los recursos, el comité formó una comisión revisora y terminó renovando su directiva.
Al poco tiempo se presentó una denuncia que dio origen a una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, que acusó a dos personas —una vinculada a la dirigencia del comité y otra encargada de los estudios técnicos— por apropiación indebida y estafa, sosteniendo que el perjuicio superaba los $70 millones.
El caso llegó a juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, integrado por Robinson Espinoza Hernández, Ximena Saldivia Vega y María Cecilia Zapata Pavez.
Durante las audiencias, el tribunal advirtió importantes inconsistencias en los registros del propio comité: no existía claridad sobre cuántos eran realmente los socios ni cuál fue el monto exacto recibido.
Los jueces describieron esta situación como un “desorden administrativo de manejo de las cuentas”, lo que dificultaba establecer si hubo un perjuicio real para las familias.
En su sentencia, el tribunal concluyó que la prueba presentada por la Fiscalía “no tuvo la fuerza necesaria” para acreditar la participación de los imputados ni un daño patrimonial comprobable.
Tampoco se logró superar el estándar de duda razonable exigido para una condena. Por unanimidad, el Tribunal Oral absolvió a ambos acusados y condenó en costas al Ministerio Público.
