Tierras raras: Las implicancias del nuevo botín geopolítico que Milei habría entregado a Trump por rescate financiero
Si bien hay gran hermetismo oficial respecto al tema, la sospecha es que Washington exigió entre otros temas el control de los yacimientos de tierras raras en Argentina, un grupo de minerales considerados críticos por su rol en la llamada transición energética, las tecnologías digitales y la industria militar.
La sospecha no parece disparatada si tenemos en cuenta que junto a la promesa del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de implementar un swap —una suerte de intercambio de monedas— por 20.000 millones de dólares, Argentina, aseguró que Milei, se comprometió a “sacar a China de la Argentina”, refiriéndose a la creciente presencia del país asiático y sus inversiones en infraestructura. Una serie de desmentidos posteriores no lograron aclarar los dichos del funcionario estadounidense.
China posee en Argentina una importante presencia en proyectos mineros como la inversión de Zijin Mining Group – Tres Quebradas (litio) en la provincia de Catamarca, la participación de Shandong Glod en la mina de oro y plata Veladero en San Juan, y la producción de litio en Cauchari Olaroz (Jujuy), entre otros.
En este contexto de versiones cruzadas y silencio oficial cabe preguntarse qué intereses se esconden bajo el eufemismo “rescate”, qué son las tierras raras, cómo se produce su extracción y cuáles son los costos y consecuencias ambientales en los territorios donde éstas existen.
¿Qué son las tierras raras? El oro del nuevo tablero extractivo
Las tierras raras son 17 elementos químicos que se encuentran en pequeñas concentraciones y son centrales para todo el ecosistema tecnológico militar.
Su valor radica esencialmente en sus múltiples usos ya que sin ellos no hay motores eléctricos, turbinas eólicas, baterías recargables, computadoras, teléfonos celulares, imanes de alto rendimiento, láseres para tratamientos, equipos de diagnóstico por imágenes, etc.
La pulseada por la supremacía tecnológica depende de quién controle este insumo básico y de allí que la disputa geopolítica encuentra en ellos un valor central.
El adjetivo “raras” no alude tanto a algún tipo de extrañeza ni escasez, ya que algunos de estos minerales superan en cantidad o igualan a otros más conocidos. En rigor da cuenta de la dificultad de encontrarlos en concentraciones suficientemente altas como para que su proceso de extracción sea rentable.
De allí que el control de yacimientos donde estos se encuentren en concentración abundante se ha convertido en una especie de nueva guerra fría, como admitió la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en un evento del Atlantic Council, un think tank vinculado con la OTAN, realizado a comienzos de 2025.
La generala ha manifestado la necesidad de Estados Unidos de asegurar su acceso a las 190.000 toneladas en reservas que —según datos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)— posee la Argentina.
Yacimientos en el mundo
Estados Unidos fue el primer proveedor mundial de tierras raras con la explotación del yacimiento Mountain Pass, en California en la década de 1950 y es hasta el momento la única mina operativa de tierras raras con la que cuenta esa potencia.
Poco después en 1957 China comenzó la explotación del mayor yacimiento de tierras raras del mundo, el Bayan Obo, en la región de Baotou, en Mongolia, que representa más del 40 % del total de las reservas conocidas en el mundo y casi la mitad de la producción mundial.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), China lidera el ranking de principales proveedores de esta materia prima. En 2022, extrajo el 70% del total mundial seguida de lejos por Estados Unidos con el 14,3% y Australia, con el 6%.
Las reservas de tierras raras ascienden a 120 millones de toneladas métricas. De este total, China posee la mayor parte: 44 millones de toneladas métricas, seguida por Vietnam, Rusia y Brasil, con cantidades que rondan las 20.000 toneladas métricas, según el USGS.
En este mapa se configura el frente de batalla de una disputa global que acelera la demanda por estos minerales. Entre 2000 y 2020 la extracción de ellos aumentó un 300% , y la Agencia Internacional de Energía (IEA) calcula que se multiplicará por diez en el 2030 para cumplir con los objetivos de neutralidad climática.
Argentina, y mucho más tras la fuerte alianza ideológica establecida entre Donald Trump y Javier Milei, se transformó en uno de los tableros donde se jugará esa partida.
La burocracia mete la cola
El feroz alineamiento de Milei con EEUU deja pocas dudas acerca de qué postura tomará el mandatario libertario frente a esta disputa. La pregunta se desplaza entonces hacia cuánto será el costo en términos de patrimonio ambiental y de soberanía política .
El rescate financiero allana el camino para que Washington haga un take over de estos elementos en Argentina, pero como el diablo siempre mete la cola, las autoridades estadounidenses obviaron que en Argentina siempre hay más de una ventanilla correcta y aparece un nuevo escollo: la burocracia. Los recursos mineros no son de la Nación, sino propiedad de las provincias por lo que es necesario sumar una negociación con las autoridades provinciales: los gobernadores.
Esto se remonta a la reforma constitucional de 1994, cuando el expresidente Carlos Menem entregó la propiedad del subsuelo a las provincias a cambio de los votos que le aseguraron la reelección.
Desde entonces, el Estado nacional perdió la potestad directa sobre los minerales, el gas y el petróleo y esa herencia no solo sigue viva, sino que muestra sus verdaderos alcances en coyunturas como la actual: ningún presidente puede autorizar por sí solo la explotación de un recurso natural.
Por lo mismo, entre las múltiples actividades del nuevo embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, la prioritaria será establecer relaciones directas con los jefes provinciales, con el objetivo de fortalecer la cooperación y, como el mismo declaró "combatir la influencia maligna de potencias adversarias", en una elíptica referencia a Beijing.
En cinco provincias argentinas están los yacimientos sobre los que Washington tiene puesto su objetivo Catamarca, gobernada por Raúl Jalil del peronismo (PJ); Neuquén, territorio del Movimiento Popular Neuquino (MPN) bajo el mando de Rolando Figueroa; Río Negro, donde manda Alberto Weretilneck del partido provincial Juntos Somos Río Negro; La Rioja, gobernada por el peronista Ricardo Quintela, y San Juan, donde gobierna el ex macrista Marcelo Orrego.
A diferencia de Chile, un país unitario, donde la estatal Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) actúa como garante y socia de grandes proyectos privados, en Argentina un grupo inversor puede pasar tres años tramitando un permiso ambiental en una provincia.
Costo ambiental y de soberanía
Comunidades y movimientos sociales empiezan a alertar —con un importante silencio de la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria, sobre por ahora— sobre las enormes cantidades de desechos tóxicos, radiactivos (gases y polvos) que trae aparejadas la explotación y el procesamiento de las tierras raras.
La obtención de una tonelada de este elemento producirá entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos de gases, ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, alrededor de una tonelada de restos radioactivos y más de 75.000 litros de agua resultarán acidificados.
Pero también crece la preocupación social sobre la pérdida de control sobre los beneficios, la dependencia tecnológica que el desembarco estadounidense impondrá y la desindustrialización inducida del país reducido al rol de proveedor de materias primas.
