La cultura carcelaria como veto: El silencio presidencial ante las reglas de Bangkok
El circo de las campañas presidenciales está montado. Entre promesas vacías de "orden y seguridad", hay un compromiso ético y legal que es sistemáticamente ignorado, y cuya omisión expone la verdadera debilidad institucional de Chile: el cumplimiento de las Reglas de Bangkok, ese pacto de la ONU que busca humanizar el encarcelamiento de las mujeres.
La forma en que el próximo gobierno aborde la reforma penitenciaria femenina no es un tema de nicho; es la prueba de fuego de si nuestro Estado puede, o no, traducir la firma de un tratado internacional en una justicia efectiva para las más vulnerables. Y hoy, Chile está fallando.
La hipocresía del protocolo
Chile es una democracia que presume de su arquitectura institucional. Sin embargo, en el interior de nuestras cárceles, la ley internacional es a menudo un trozo de papel inútil.
Las Reglas de Bangkok exigen un enfoque de género, que involucra el reconocer la maternidad, garantizar salud especializada y priorizar alternativas a la cárcel. Mi reciente investigación sobre la implementación de estos estándares a nivel comparado reveló una verdad incómoda: el problema en Chile no es la falta de voluntad para firmar tratados, sino la existencia de un poder interno que se alza como un veto cultural.
La dinámica es frustrante. Por un lado, la Acción Colectiva Feminista ha sido el motor de la dignidad. Hemos visto cómo organizaciones de mujeres han forzado cambios históricos a través del litigio estratégico, como la condena al Estado por el atroz caso de Lorenza Cayuhan (engrillada durante el parto). Esta presión social genera voluntad política en los gabinetes, que se traduce en protocolos y unidades de género en Gendarmería.
Pero ahí se detiene la reforma. Este impulso de cambio choca de frente con la cultura institucional carcelaria.
El veto en terreno: Cuando el funcionario anula la ley
La gran falla del sistema chileno es que la cultura punitiva interna de la institución carcelaria tiene más poder que el decreto presidencial. Los hallazgos son claros: aunque se ordene a nivel central cumplir con un protocolo sensible al género (por ejemplo, permitir un parto digno), esta orden es sistemáticamente neutralizada o reinterpretada por el personal en terreno bajo el mantra de la "seguridad" o la "falta de personal".
Es la discrecionalidad del funcionario la que se convierte en la ley.
Cuando el hacinamiento es crónico y el personal está sobrepasado, estos déficits estructurales se usan como la excusa perfecta para justificar la inacción. La reforma se convierte en una "performace": se crea el protocolo, se saca la foto, pero la práctica misógina y de control permanece intacta.
La próxima presidencia que prometa "soluciones" basadas únicamente en más presupuesto o más leyes, sin confrontar esta cultura interna de Gendarmería, solo estará prometiendo el mismo estancamiento. Estará perpetuando una jaula con barrotes de color rosa que esconde la violación de derechos.
El desafío ineludible
Si el próximo o la próxima líder del país quiere demostrar una verdadera capacidad de gobernar y de honrar los compromisos internacionales, debe entender que la implementación de las Reglas de Bangkok requiere un combate cultural.
El desafío es triple y no admite gestos a medias:
Desmantelar el veto: Se debe exigir y fiscalizar que la cultura carcelaria se someta a los protocolos de derechos humanos. Esto exige programas de reforma cultural obligatorios, con sanciones reales a quienes anulen la ley internacional.
Inversión con perspectiva de género: Invertir en personal no-uniformado especializado (psiquiatras, matronas, trabajadoras sociales) para que la lógica de seguridad no sea la única dominante.
Liderazgo político: La presidencia debe alinear a todo el sistema -Ejecutivo, Judicial y Gendarmería- para desmantelar la lógica punitiva como discurso oficial de la seguridad pública.
No hay "mano dura" que se justifique si esta implica la sistemática anulación de la dignidad humana y los derechos que hemos jurado proteger. Quien no se atreva a confrontar la cultura punitiva que bloquea las Reglas de Bangkok, está simplemente prometiendo seguir con la hipocresía estatal.
