Con un llamado urgente a la Contraloría General de la República (CGR), la diputada Ana María Gazmuri (AH), en compañía de dirigentes sociales y residentes de la población Marta Brunet en Puente Alto, formalizó una denuncia contra el Serviu Metropolitano por lo que califican como “graves irregularidades” en la implementación del proyecto Cordillera de Doña Marta, impulsado hace casi una década.
El plan, anunciado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, prometía transformar integralmente sectores vulnerables de Bajos de Mena mediante la construcción de viviendas de mejor calidad, nuevos espacios públicos y áreas comunitarias para más de 120 familias. Sin embargo, según acusan los denunciantes, las promesas siguen sin cumplirse.
El requerimiento entregado a Contraloría, firmado por la diputada y vecinos del sector, detalla que "el proyecto no ha sido ejecutado de manera equitativa, ya que persisten situaciones críticas en al menos dos cuadrantes del área destinada al proyecto, donde familias ocupan departamentos antiguos sin un compromiso claro respecto a la valorización de sus viviendas”. Esta situación, aseguran, ha obstaculizado el avance de las obras.
Además, el documento expone una falta de gestión efectiva por parte del Serviu RM, apuntando a la “ausencia de información clara y a la nula respuesta frente a las demandas presentadas por la comunidad”, hechos que, según se argumenta, contravienen principios establecidos en la Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.
Tras salir del organismo fiscalizador, la diputada Gazmuri —representante del distrito 12— explicó que esta acción responde nada más que “a los graves incumplimientos por parte del Serviu".
En ese sentido, apuntó contra el Serviu RM: "Se trata del derecho a vivir en un entorno urbano seguro, digno, con viviendas que cumplan las condiciones mínimas. No se puede seguir jugando con los sueños y esperanzas de vecinas y vecinos que llevan años esperando una respuesta”.
En la misma línea, Jaqueline Muñoz, dirigenta vecinal con más de 27 años viviendo en Marta Brunet, expresó su frustración por el abandono institucional.
“Lo único que quiero es vivir en paz. Han muerto personas, hay balaceras, y seguimos esperando una solución. No pedimos favores, pedimos lo que nos corresponde. Pagamos nuestras viviendas, y lo que queremos es irnos dignamente, con el compromiso que se nos prometió hace casi diez años”, afirmó.
