
Nuevo proyecto para combatir llamadas spam y de cobro: "Adultos mayores pierden horas médicas" por no contestar
Ante el creciente malestar ciudadano por el aumento de llamadas no solicitadas, la bancada de diputados de la UDI presentó una nueva ofensiva legislativa para combatir el acoso telefónico, que —pese a recientes cambios normativos— sigue afectando diariamente a miles de personas en el país.
Los parlamentarios Marlene Pérez, Flor Weisse y Juan Manuel Fuenzalida anunciaron dos medidas concretas.
Primero, la presentación de un proyecto que obliga a las compañías telefónicas a habilitar una plataforma para bloquear llamadas comerciales no autorizadas.
“Es indispensable que las personas tengan el derecho a elegir quiénes los pueden contactar”, explicaron.
Y por otro lado, la reactivación de una iniciativa ingresada en 2023 que busca regular los contactos por cobranza extrajudicial, limitándolos a una vez por semana y restringiéndolos a un horario fijo: de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 15:00 horas.
“Retrasarse en el pago no faculta a las empresas a hostigar de la forma en que lo están haciendo”, expresaron.
Adultos mayores los más afectados
Además, los legisladores advirtieron que la situación afecta a personas de todas las edades y condiciones, incluyendo grupos especialmente vulnerables.
Los diputados también alertaron sobre las consecuencias concretas de este acoso persistente.
“Hemos sabido que varias personas, entre ellos adultos mayores, por dejar de contestar números desconocidos ante el acoso que están sufriendo, han incluso perdido horas médicas que esperaban desde hace meses", declararon Pérez, Weisse y Fuenzalida.
“Ese es un acoso que tiene que detenerse, porque las empresas que están detrás ni siquiera distinguen horario, edad ni condición, por lo que incluso están hostigando a adultos mayores o personas enfermas con sus llamadas”, señalaron.
El duro combate contra el spam
La ofensiva legislativa surge como respuesta a la creciente frustración de los usuarios, quienes han denunciado que, pese a la entrada en vigencia de la ley de prefijos en agosto —que obliga a usar el 600 para llamadas con vínculo contractual y el 809 para contactos sin relación previa—, el acoso telefónico persiste.
De hecho, aseguran que siguen recibiendo hasta 15 llamadas diarias, tanto de cobranza como de empresas que ofrecen servicios.
“Lamentablemente, la nueva ley sobre prefijos únicos no logró resolver el hostigamiento y el acoso del que todos los días están siendo víctimas millones de chilenos", afirmaron los diputados.