Peritaje confirma que desaladora escondida bajo la arena en playa de Mejillones es ilegal y pudo ser demolida por autoridades
Justo frente al mar en la playa de la comuna de Mejillones, y parcialmente escondido bajo la arena yace un edificio de cinco pisos que es la sala de bombas de una desaladora. La edificación ha generado una batalla legal entre autoridades públicas y empresas, incluida la minera BHP que se abastece del agua desalada.
Las posturas que se enfrentan fluctúan entre quieren buscan formas de regularizar la construcción, que según han advertido desde BHP causaría la pérdida de trabajaos de 2300 familias de Antofagasta si se paraliza, y entre quienes creen que la desaladora debe ser demolida al haberse construido de forma irregular en un área de uso público.
Actualmente se tramitan dos demandas relacionadas con la construcción, ambas ad portas de que se conozcan los fallos de la justicia. En una de ellas, se pide la demolición de la edificación y en la otra se demanda la caducidad de la servidumbre de BHP, donde han declarado abogados del Consejo de Defensa del Estado.
Ya en 2024 el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, emitió una orden de demolición para el edificio. El hecho generó una serie de declaraciones cruzadas entre ejecutivos de la minera que acusaron al alcalde de poco dialogante, ante lo que la autoridad municipal respondió que “algunas industrias se han acostumbrado a hacer lo que quieran y después en el camino hay que regularizar”. La posible demolición de la obra quedó suspendida a la espera de los fallos judiciales.
Obra ilegal
En la demanda que busca la demolición del edificio, se solicitó un peritaje de la ingeniera en obras Carolina Paz Montaño. En el informe de la profesional se concluye que la obra se construyó de manera ilegal y que solo luego de terminada se está intentando regularizar.
“La ejecución de la obra fue ilegal ya que no se respetaron ni las normativas ni los protocolos ni las directrices. Solo se construyó y luego se buscó enmendar la violación a las normativas vigentes, tanto de carácter comunal como nacional. Esto es el Plan Regulador Comunal (PRC), la Ley General de Urbanismo (LGUC) y la Ordenanza de esta misma ley (OGUC).
La profesional también advierte errores e inconsistencias en los planos presentados a evaluación ambiental y declara que la obra presenta un riesgo para los trabajadores que la ocupan ya que hay estructuras equívocas que ya provocaron un accidente y “trozos de cinta de peligro colgando, lo que en una eventual configuración de ingreso de agua con personal en el interior podría provocar el ahorcamiento o enredo de alguna de sus extremidades”.
Esto último cobra relevancia al considerar que la disputa con la desaladora inició tras un juicio por la muerte de un buzo que realizaba labores de limpieza en la sala de bombas. La empresa que prestaba los servicios de limpieza, Premar, es la que demanda a la empresa operadora de la desaladora, Caitan.
