Súmate a nuestro canal en: WhatsApp
Ministerio de Justicia activa protocolo de protección para líder williche tras amenazas de muerte
Foto: Agencia Uno

Ministerio de Justicia activa protocolo de protección para líder williche tras amenazas de muerte

Por: Nicole Donoso | 04.08.2025
Tras recibir graves amenazas por su defensa de un Espacio Costero Marino en Chiloé, Miguel Raín fue resguardado mediante el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, con derivación de antecedentes al Ministerio Público, el INDH y autoridades locales para garantizar su seguridad.

El Ministerio de Justicia notificó oficialmente la activación del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos el pasado 28 de julio de 2025, tras conocerse las serias amenazas de muerte dirigidas contra Miguel Raín, líder williche de la comunidad Cerro Colorado en la isla Caucahué.

La medida fue confirmada por la organización Defendamos Patagonia. Considerando el caso como potencial delito, el Ministerio de Justicia remesó inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público, instándolo a tomar las medidas necesarias dentro de su rol constitucional para salvaguardar al dirigente y su entorno.

[Te puede interesar] Relación Chile-Bolivia: "Peligro de corrupción de funcionarios, de contrabando y trata de personas deben ser neutralizados"

Asimismo, entregó un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando una investigación formal y evaluación para presentar un Recurso de Protección en favor de Raín y su familia.

Al mismo tiempo, pidió al Gobierno Regional de Los Lagos y a la Municipalidad de Quemchi implementar acciones enfocadas en proteger a defensores ambientales, en estricto cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

¿Por qué se activó el protocolo?

Las amenazas contra Raín están vinculadas a su labor en favor de la creación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), destinado a proteger el patrimonio cultural y promover la sustentabilidad en zonas ancestrales.

Esta defensa lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad extrema, en el marco de una creciente violencia contra defensores ambientales e indígenas en Chile.

Organizaciones como Defendamos Patagonia, que dio cuenta pública de las intimidaciones, exigen que el Estado haga efectiva la aplicación del Acuerdo de Escazú y utilice todos los mecanismos de derechos humanos habilitados para proteger a quienes resguardan el territorio y el medio ambiente.

Recientes casos en otras regiones —como el ataque a la abogada mapuche Orietta Llauca y la desaparición de Julia Chuñil— refuerzan la urgencia de estas medidas.

En paralelo, el diputado Jaime Sáez ha solicitado protección institucional para Raín ante el INDH y la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé.

[Te puede interesar] La millonaria deuda de canal de TV tras demanda que agrava su crisis financiera y que podría llevarlo a la quiebra