Sofofa busca anular instrumento del Estado para ordenar el uso del territorio chileno: Acusan incertidumbre para inversiones
Detrás de muchos conflictos socioambientales y daños a ecosistemas en el país, especialistas han apuntado a una falta de ordenamiento territorial en Chile, donde el Estado no logra tomar decisiones con mirada nacional sobre dónde se pueden instalar o no ciertas actividades económicas con impactos en el territorio y los modos de vida de quienes lo habitan.
En respuesta a esta falencia que ha sido alertada desde distintos sectores, un instrumento disponible son los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), que surgieron en 2018 y permiten definir lineamientos vinculantes sobre el tipo de actividad que se puede hacer en cada lugar y las actividades productivas en zonas no regidas por la planificación urbanística.
Ahora, según publica el medio Ex Ante, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ingresaron un escrito ante Contraloría solicitando declarar ilegal el decreto que aprueba el reglamento para implementar estos PROT.
¿Por qué lo quieren declarar ilegal?
Desde el gremio se argumenta que el reglamento genera incertidumbre jurídica para inversiones y que los gobiernos regionales podrían incluso incidir sobre proyectos de inversión que ya tenían permisos entregados por las autoridades comunales.
Sostienen que la redacción del reglamento aprobado contiene verbos ambiguos y límites difusos, que le entregan poder de interpretación a las autoridades regionales y aumenta la discrecionalidad. Por ejemplo, critican que se usan verbos como “promover” o “favorecer”, que son poco claros pero están en disposiciones de cumplimiento obligatorio que podrían hacer caducar permisos sectoriales obtenidos por proyectos.
Ordenamiento y protección ambiental
“El ordenamiento territorial, sobre todo a nivel macro, puede ser una herramienta importante para la protección del medio ambiente, al orientar el uso del territorio y limitar el desarrollo de actividades en zonas de relevancia ambiental que deben ser protegidas y que están fuera del sistema de áreas protegidas del Estado”, reflexiona Felipe Moreno, coordinador de seguimiento legislativo de la fundación Chile Sustentable.
Según el especialista, es por esto que herramientas como estos PROT encuentran resistencia y no se han aplicado en el país. Menciona también algunas normativas orientadas al ordenamiento territorial para el sector eléctrico, como los Polos de Desarrollo de Generación o los estudios de franja que puede hacer el Estado para las líneas de alta tensión y carreteras eléctricas.
Este último caso cobra relevancia pensando en que, ante la entrada masiva de energía renovable en el norte del país, hay una fuerte presión por construir nuevas carreteras eléctricas de miles de kilómetros para llevar esa energía a los centros de consumo. La tramitación de estas líneas ha desatado graves conflictos socioambientales porque son proyectos que atraviesan muchos sectores del país. Pero aún no se ha aplicado el instrumento de estudio de franja, como forma de que el Estado pueda definir por donde pasarán las líneas, evitando conflictos con cada proyecto específico.
Además, estas políticas obligan a tomar decisiones a escala regional sobre los riesgos que genera el cambio climático aumentando la frecuencia de eventos extremos, y así delimitar los usos en zonas de riesgo o exigir estudios de riesgo para determinadas actividades.
