Inmobiliaria ofreció a compradores ampliaciones que no eran posibles: Deberán pagar $10 millones por cada departamento vendido
Cuando compraron sus departamentos en el Condominio Parque Monasterio II, los propietarios tenían una expectativa clara: podrían ampliarlos en el futuro, según ofrecía la inmobiliaria.
Sin embargo y según se puede apreciar en el fallo judicial, la Dirección de Obras Municipales jamás pudo autorizar esas ampliaciones, porque la construcción ya había alcanzado el límite permitido por el plan regulador.
La frustración derivó en una demanda por publicidad engañosa que fue desestimada en primera y segunda instancia. Pero ahora, la Corte Suprema les dio la razón.
En un fallo unánime, el máximo tribunal acogió el recurso de casación en la forma interpuesto por los compradores y anuló la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado la demanda de indemnización.
La Corte Suprema concluyó que el fallo anterior no analizó uno de los aspectos centrales de la demanda: el daño provocado por la oferta incumplible de ampliaciones.
“Los jueces del fondo no se hicieron cargo del capítulo de demanda relativo a la pretensión indemnizatoria por publicidad engañosa, ni analizaron la prueba aportada por la demandante”, sostuvo la sentencia de casación.
Por esa razón, anuló el fallo de la Corte de Santiago y dictó sentencia de reemplazo.
En esa nueva resolución, los ministros de la Corte Suprema consideraron acreditado que la inmobiliaria ofreció al público la alternativa de ampliar los departamentos, a pesar de que esas modificaciones excedían el coeficiente de constructibilidad del predio.
Esa información no fue entregada oportunamente, y generó en los compradores una expectativa legítima de aumentar la superficie de sus viviendas.
La Corte concluyó que dicha conducta configuró un incumplimiento contractual, ya que “el comprador adquirió el inmueble con la convicción de que podría realizar la ampliación ofrecida, lo que no resultó posible”.
A raíz de eso, el fallo de reemplazo condenó a la inmobiliaria a pagar una indemnización de 255 unidades de fomento por cada unidad habitacional, lo que equivale a más de $10 millones por departamento, de acuerdo al valor actual de la UF.
Los jueces también indicaron que el monto fijado es proporcional al perjuicio causado, y fue determinado según las reglas de la sana crítica y las circunstancias del caso. Así, se valoró tanto la prueba documental como los testimonios de los afectados.
