Politóloga por aplazamiento de ley de plásticos: “Hay reticencia del Estado y privados por cambiar la cultura y las prácticas”

El pasado miércoles 2 de julio, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados discutió una modificación a la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso. A pesar de haber sido promulgada en 2021, su implementación total ha sido postergada hasta el año 2026. Desde la presentación del primer borrador, ya van casi nueve años sin una aplicación completa de la ley.

Conversamos con Carolina Palma, politóloga y coordinadora de incidencia de la ONG FIMA, quien participó junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la reciente discusión parlamentaria. FIMA trabaja por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y es parte de la Coalición Supera el Plástico, nacida a raíz de esta misma ley.

¿Cuál es el objetivo principal de la Ley de Plásticos de un Solo Uso y qué problemáticas ambientales busca abordar en Chile?

La ley busca regular la entrega de artículos desechables, no solo plásticos, con el fin de reducir los residuos y controlar la contaminación que generan. Aplica de forma específica a locales de expendio de alimentos como restaurantes, casinos y cafeterías, estableciendo plazos, sanciones y una lista de artículos prohibidos, tanto dentro como fuera del local.

En el plano ambiental, apunta a enfrentar la crisis de residuos que afecta a todo el país. “Entendemos que los plásticos son un problema, sobre todo por su impacto en la contaminación de los océanos”. Rapa Nui y las playas del norte de Chile, por ejemplo, tienen una de las mayores concentraciones de basura en Latinoamérica, compuesta en un 69% por desechos plásticos. Rapa Nui, además, debe lidiar con la presencia constante de islas de basura flotando en sus costas.

Otro aspecto crítico es la inminente crisis de rellenos sanitarios y vertederos. En Chile se recicla menos del 10% de los plásticos y muchos rellenos están al borde de su vida útil. Algunas comunas ya enfrentan problemas como deslizamientos de basura, contaminación de aguas subterráneas e incendios con graves impactos sanitarios para la población.

La entrada en vigencia plena de la ley fue postergada hasta 2026. ¿A qué se debe esta demora? ¿Es una decisión técnica o una concesión a intereses económicos?

“Primero, es importante precisar que la ley ya está vigente para ciertos artículos, tanto dentro como fuera de los locales: revolvedores, bombillas, cubiertos plásticos, palillos y envases de plumavit”. Lo que se aplazó es la implementación plena, que prohíbe la entrega de cualquier artículo de un solo uso, independientemente del material, salvo en el caso de servicios de delivery.

La demora responde a varios factores. Por un lado, a la falta de voluntad legislativa para redactar una norma más clara y menos ambigua. Por otro, a la lentitud del Ministerio del Medio Ambiente en generar los reglamentos necesarios para su implementación. “Existe un reglamento general, pero aún faltan otros específicos, como los que regulan botellas plásticas y certificaciones de compostabilidad o biodegradabilidad”.

La presión de ciertos gremios también ha sido determinante. Grandes conglomerados no quieren modificar sus estrategias comerciales, a pesar de que la ciudadanía está dispuesta a cambiar sus hábitos. Algunas marcas siguen entregando productos desechables —aunque no sean plásticos— que igual generan basura y vulneran el espíritu de la ley.

Una crítica común es que la ley exige cambios a los comercializadores, pero no a los productores de plástico. ¿Cómo lo evalúan desde FIMA?

Es una deuda pendiente del diseño normativo. “La ley es pionera, pero su redacción podría ser más precisa para dejar claro que el objetivo es reducir el consumo de plásticos”.

Originalmente se pensó como una ley que solo afectaría a artículos plásticos. Sin embargo, gracias a la presión del entonces Ministerio del Medio Ambiente y el respaldo del gobierno, se logró incluir también otros desechables. Esto refleja una necesidad transversal de reducir la contaminación por residuos de un solo uso.

Hoy, algunas propuestas de modificación buscan ampliar la lista de productos permitidos, lo que es problemático. Una redacción ambigua puede prestarse a malinterpretaciones, como permitir el uso de plásticos reciclados, que siguen siendo contaminantes a pesar de su origen.

Plásticos compostables y desigualdades

¿Qué pasa con la certificación de plásticos compostables o reciclables? ¿Cómo evitar el greenwashing?

Los reglamentos que deben definir esos criterios aún están en tramitación, y el Ministerio está atrasado en su entrega. “Faltan lineamientos claros que definan qué es un producto compostable o qué porcentaje de reciclabilidad debe tener, por ejemplo, una botella plástica”.

Hay evidencia científica sobre los peligros que implican incluso los plásticos biodegradables o compostables: pueden liberar microplásticos, afectar la salud humana o ser imposibles de compostar a nivel doméstico. Estos antecedentes deben incorporarse para establecer parámetros realistas y exigibles en el contexto chileno.

La ley otorga un rol fiscalizador a los municipios, pero sin recursos ni capacidades claras. ¿Qué condiciones mínimas deberían garantizarse para que puedan cumplir ese rol?

Las municipalidades son el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, por eso se les han delegado más competencias ambientales en los últimos años. Pero ese aumento de atribuciones no ha venido acompañado de un mayor financiamiento, lo que las obliga a depender de fondos externos para ejercer la fiscalización.

“Es un problema generalizado en toda la institucionalidad ambiental”. En el caso específico de esta ley, las multas que recauden los municipios deberían fortalecer su labor, pero muchas veces evitan aplicarlas por temor a generar conflicto con pequeños comercios. Es comprensible: no es lo mismo fiscalizar a una gran cadena de supermercados que a una feria libre.

La ley necesita establecer obligaciones y sanciones diferenciadas según la capacidad real de cumplimiento. También es injusto exigir el mismo nivel de fiscalización a municipalidades con realidades tan dispares.

¿Cómo se vincula esta ley con la Hoja de Ruta de Economía Circular 2040? ¿Existe el riesgo de que quede aislada?

La Ley de Plásticos de un Solo Uso forma parte de un conjunto de iniciativas que buscan avanzar hacia un modelo de economía circular en Chile. Aunque esta ley comparte objetivos con la Hoja de Ruta de Economía Circular 2040 —como reducir la generación de residuos y fomentar el uso eficiente de materiales—, su diseño está enfocado en un segmento específico de la cadena: los establecimientos que entregan productos directamente al consumidor, como restaurantes, cafeterías o casinos.

Otras normativas, como la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), apuntan a los fabricantes y empresas que ponen productos en el mercado, exigiéndoles hacerse cargo de los residuos que generan. Es decir, cada legislación actúa sobre distintos eslabones del sistema productivo y de consumo.

Por eso, no es estrictamente necesario que estén completamente integradas, ya que operan con enfoques, sanciones e instrumentos distintos. Sin embargo, sí es fundamental que se complementen entre sí, y que exista coherencia entre ellas para evitar contradicciones o vacíos legales. Si no se articula bien con otras políticas, existe el riesgo de que la ley de plásticos quede aislada, con bajo impacto estructural, y limitada a medidas simbólicas o poco efectivas.

Desde una mirada de justicia ambiental, ¿qué poblaciones se ven más afectadas por el plástico de un solo uso? ¿Cómo evitar que su implementación profundice desigualdades?

“Las poblaciones más vulnerables suelen ser las más afectadas, porque es donde persisten los microbasurales, donde hay menor cobertura en la recolección de residuos y menos infraestructura pública para manejarlos adecuadamente”, señala. “También lo sufren las comunas costeras, como Rapa Nui, que enfrentan grandes volúmenes de basura arrastrada por las corrientes marinas”.

Aunque los microplásticos impactan la salud de toda la población, sin distinguir clase social ni territorio, las condiciones de exposición y la capacidad de respuesta no son iguales. “La implementación de la ley es muy desigual. Hay locales que ya han hecho los cambios, mientras otros aún no, y las municipalidades, pese a tener la tarea de fiscalizar, muchas veces no cuentan con los recursos ni las herramientas para hacerlo bien”.

Agrega que el problema no se resuelve solo con financiamiento: “No se trata solo de plata. Hay locales pequeños que no tienen cómo acceder a sistemas viables de reutilización. Por eso es clave diseñar apoyos diferenciados, acordes a cada realidad”.

“Si el Estado no lidera un cambio cultural, genera capacidades reales y establece obligaciones claras para las grandes marcas, la ley corre el riesgo de profundizar desigualdades. Las marcas no van a hacer nada si no las obligas a hacer algo”.