Australia define último intento de Adriana Rivas, exDINA, para evitar su extradición a Chile por crímenes de DDHH
La Corte Federal de Australia se encuentra revisando una solicitud clave presentada por la defensa de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien enfrenta un proceso de extradición solicitado por el Estado chileno por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
La jueza Erin Longbottom deberá resolver en los próximos días si concede o rechaza la venia para apelar, en lo que se perfila como una de las últimas oportunidades legales de la defensa para frenar la entrega de Rivas a la justicia chilena.
El abogado Francisco Ugás Tapia, jefe jurídico del estudio Caucoto Abogados y representante de seis de las siete víctimas cuyos casos motivan la solicitud de extradición, se mostró confiado en que las autoridades australianas desestimarán esta nueva acción legal.
"Nos asiste la más absoluta y total convicción que existe mérito fáctico y jurídico para que este planteamiento dilatorio que ha presentado la defensa de Rivas sea desestimado y, así, la extradición de Adriana Rivas, requerida por nuestro Estado, se concrete y sea, en definitiva, juzgada y condenada", expresó.
Durante la audiencia realizada el pasado 9 de julio, la magistrada Longbottom examinó la petición de la defensa de Rivas, quien intenta revertir la decisión del juez Lee dictada el 21 de febrero de este año.
En aquella oportunidad, el tribunal rechazó el acceso total a los antecedentes reunidos por la Fiscalía australiana para autorizar la extradición, una medida que, según Ugás, busca "retrasar el proceso de extradición y, consecuencialmente, el juzgamiento de Adriana Rivas".
"Esta actuación de la defensa de Rivas es una más de aquellas conductas e incidencias dilatorias, que denotan un ejercicio abusivo del derecho", añadió el abogado.
Los delitos de Rivas
Rivas es requerida como coautora de los secuestros calificados de siete militantes y dirigentes del Partido Comunista, entre ellos Víctor Díaz, exsecretario general de la colectividad, y Reinalda Pereira, quien se encontraba embarazada de cinco meses al momento de su detención.
Las víctimas fueron arrestadas por la Brigada Lautaro, unidad de exterminio que operaba bajo la DINA entre 1974 y 1977, periodo en que Rivas se desempeñó como secretaria personal del entonces director del organismo, Manuel “Mamo” Contreras.
La exagente fue procesada por estos delitos en Chile, donde alcanzó a cumplir medidas cautelares como la firma mensual y la prohibición de salir del país. Sin embargo, en 2011 se fugó, primero a Argentina y luego a Australia.
En 2013, el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza solicitó formalmente su extradición, la cual fue declarada procedente por la Corte Suprema chilena al año siguiente. Posteriormente, Chile formalizó la petición ante las autoridades australianas.
En caso de que la jueza Longbottom rechace la venia para apelar, continuará el proceso de revisión judicial de la decisión del Fiscal General de Australia de autorizar la entrega de Rivas a las autoridades chilenas, decisión que, de concretarse, abriría la puerta a su juzgamiento en el país por crímenes cometidos durante el régimen militar.
"Esperamos que la Justicia y el Estado de Australia acompañen el legítimo derecho de las familias de las víctimas, de exigir la concreción de lo anterior", concluyó Ugás.
