Conflicto entre inspector municipal y carabinero: La urgencia de avanzar en fortalecimiento institucional
El reciente incidente ocurrido en la comuna de La Florida, donde un inspector municipal fue detenido tras un control vehicular a un carabinero de franco, ha generado un justo revuelo. Las declaraciones del alcalde Daniel Reyes, expresando su indignación, revelan la fragilidad en la coordinación entre las policías y las unidades municipales de seguridad.
Este hecho no puede tomarse como un episodio aislado, sino como la manifestación de un sistema que requiere con urgencia estándares, profesionalización y claridad de funciones.
Lo anterior queda reflejado con un dato revelador: en la Región Metropolitana existen más de 2.000 patrulleras y patrulleros con calidad de inspector, según un estudio de la Universidad Alberto Hurtado. Esta cifra, que podría constituirse en una poderosa herramienta para la prevención y fiscalización, hoy está sujeta a criterios dispares, falta de formación y, en algunos casos, indefiniciones operativas que terminan exponiendo tanto a los funcionarios como a la ciudadanía.
Por ello, ha llegado el momento de mejorar de manera decidida las coordinaciones entre municipios y policías. Si bien Carabineros ha definido que el Departamento OS-14 es el canal oficial para relacionarse con las municipalidades, dicha articulación necesita fortalecerse y traducirse en funciones claras, que superen el limitado alcance del patrullaje mixto.
Es indispensable establecer protocolos compartidos, comunicación permanente y planificación conjunta, que aseguren coherencia en los procedimientos de ambas instituciones. No puede volver a ocurrir que el ejercicio de una función preventiva derive en una detención injustificada por falta de criterios claros.
Es urgente también estandarizar el acceso a tecnologías y recursos para todas las comunas del país. Un inspector que carece de equipamiento adecuado -chaleco y casco antibalas, cámaras corporales, seguro de vida y formación especializada- no sólo enfrenta condiciones laborales precarias, sino que también arriesga su vida y la de otros.
La estandarización debe considerar, además, que todo personal cuente con la calidad de contrata, una póliza para manejar vehículos fiscales, y un entorno institucional que lo respalde legal y operativamente ante cualquier eventualidad.
En materia formativa, el rezago es evidente. Se requieren competencias básicas y especializadas: cursos de inspector certificado, OS10, defensa personal, manejo de evidencia, derechos humanos, primeros auxilios, control de hemorragias, conducción preventiva y contención en situaciones de crisis.
La Academia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Seguridad han dado señales, pero falta una política nacional de formación sistemática, permanente y con cobertura real para todas las comunas, independiente de su tamaño o presupuesto.
Finalmente, resulta imprescindible avanzar en la creación de un Registro Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública Municipal. Este sistema permitiría monitorear estándares mínimos, verificar antecedentes, evitar vínculos con redes delictivas o causas judiciales pendientes, y elevar los criterios éticos de acceso al cargo. Además, permitiría consolidar una red de funcionarios calificados y trazables, con seguimiento en su formación, desempeño y acreditación.
La seguridad municipal puede y debe ser un actor relevante en el ecosistema preventivo. Pero para ello se requiere una apuesta robusta, con visión de Estado, que dote a nuestros funcionarios de las herramientas, formación y respaldo que su delicada labor merece.
En un contexto nacional marcado por la inseguridad, el crimen organizado y el temor ciudadano, empoderar a los municipios no es una opción secundaria, sino una estrategia central para fortalecer la prevención, reconstruir confianzas y entregar respuestas concretas desde los territorios.
