Diputado Melo (PS) por llevar al TC ley de permisos sectoriales: "Es una desregulación que ni Piñera se atrevió a implementar"

Aprobado para ser ley quedó el proyecto que acelera la entrega de permisos sectoriales para proyectos de inversión. Se trata de una norma que ha generado controversia y rechazo desde el ambientalismo y también desde un grupo de 40 parlamentarios, que ingresaron un requerimiento de inconstitucionalidad contra la ley en el Tribunal Constitucional (TC).

Desde organizaciones ambientales advierten que la ley permitirá que grandes proyectos mineros, inmobiliarios y energéticos eviten evaluaciones técnicas rigurosas, mientras que el gobierno defiende que mantendrá los estándares ambientales.

El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales en áreas como minería, obras públicas, salud, aguas, energía y urbanismo, acelerando entre 30% y 70% la tramitación de 380 permisos de 37 servicios y 16 ministerios. También reemplaza algunas autorizaciones por "técnicas habilitantes" alternativas, como declaraciones juradas sin revisión de una autoridad, y establece el "silencio positivo", en que un proyecto se considerará como aprobado si el servicio encargado de evaluarlo no lo hace en el plazo legal.

"El Estado tiene el deber de generar certeza jurídica no solo para las grandes inversiones, sino por sobre todo a las comunidades desde el punto de vista del resguardo de la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Eso habla de un país que avanza de manera equilibrada con desarrollo económico, pero con el resguardo de determinados derechos constitucionales", declara el diputado socialista Daniel Melo en conversación con El Desconcierto. El parlamentario lidera la iniciativa para llevar el texto al TC.

Desorientación ideológica del gobierno

— Parlamentarios socialistas acusan al gobierno de "desorientación ideológica" por este proyecto ¿A qué la atribuye?

— Nosotros creemos que es necesario tener una buena gestión del Estado en la entrega de permisos y autorizaciones para agilizar procedimientos y terminar, en muchos casos, con la excesiva burocracia. Pero esas decisiones que son urgentes no pueden ser a costa de la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y poner en entredicho el resguardo del Estado sobre estas materias. Tengo la impresión de que el gobierno comete un error al avanzar en una reforma con el apoyo decidido de la extrema derecha, en vez de haber tenido un diálogo abierto constructivo que incorporara las visiones del mundo progresista sobre estas materias.

— ¿El gobierno cedió demasiado a los sectores de derecha para avanzar en el silencio administrativo y las declaraciones juradas que reemplazan las autorizaciones técnicas?

— Este es un proyecto que la extrema derecha ha aplaudido de pie, porque entiende que no solo se moderniza el Estado, sino que se desregula el sistema de evaluación. No estamos hablando de favorecer a las pymes, en lo que estamos todos de acuerdo, sino que favorece grandes proyectos de inversión que van a tener un impacto significativo en el medio ambiente y en la salud de las personas. El gobierno equivoca el camino, cede desde el punto de vista de los planteamientos iniciales. Es una desregulación que ni Piñera se atrevió a implementar.

— ¿Qué espera del proceso que se va a desarrollar ahora en el Tribunal Constitucional?

— Lo primero es que el Tribunal Constitucional declare admisible el requerimiento que presentamos de manera transversal con más de 42 diputadas y diputados. Quiero valorar que pese a todas las presiones que generó el gobierno sobre los parlamentarios, estos hayan mantenido sus convicciones de que es necesario insistir en que el desarrollo económico tiene que caminar de manera equilibrada en relación al cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente, sobre todo en el marco de crisis climática que estamos viviendo. Esperamos que el Tribunal Constitucional, una vez que vaya al fondo, tome en consideración los fundamentos de este requerimiento, porque están en disputa el tipo de país que vamos a construir y qué planeta le vamos a entregar a las futuras generaciones.

Impacto en el medio ambiente

— ¿Qué opina de reemplazar autorizaciones técnicas por declaraciones juradas?

— El Estado puede inhibirse de su rol desde el punto de vista de la evaluación técnica de los proyectos ex ante, porque eso permite generar una línea base para poder elevar los estándares de protección para la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Es complejo cuando esto se deja abierto de la manera que lo dejó el gobierno, que por una simple declaración jurada se autorice llevar adelante un determinado proyecto, o por el silencio administrativo, porque los servicios públicos no tienen actualmente la capacidad de dar respuesta en los plazos establecidos.

— ¿Cómo pueden perjudicar el medio ambiente las declaraciones juradas y otras técnicas habilitantes establecidas en el proyecto?

— Cuando se dice que la técnica habilitante actúa como una norma general es porque no clasifica qué tipo de proyecto puede usarla. Entran todos. Si usted quiere llevar adelante un permiso para tener una ferretería o un restaurante, puede hacerlo con esas técnicas habilitantes. Pero también para el cierre de una faena minera o la construcción de rellenos sanitarios. Proyectos de gran envergadura quedan en igualdad de condiciones.

Cuando desregulas el sistema a este nivel, el efecto concreto es que se van a transgredir los principios que están en la Constitución, como la salud de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

—El artículo 104 del proyecto va contra el convenio 169 de la OIT que establece la consulta indígena. ¿Cómo afecta esto a los pueblos originarios?

— Este proyecto de ley genera nuevas atribuciones y funciones a la CONADI para que entregue determinados permisos: Lo que hace es saltarse lo que indica la ley indígena y el convenio 169, que precisamente tiene que ver con la consulta y con los temas de participación de las propias comunidades. Ese solo hecho pasa a llevar los tratados internacionales, como es este convenio, y pone en cuestión los fundamentos de origen de la propia CONADI y de la ley indígena en nuestro país.

Alternativas de modernización

— ¿De qué formas se podrían simplificar procesos para inversiones sin perjudicar el medio ambiente?

— Nosotros no estamos en contra de modernizar el sistema, pero eso tiene que llevarse a cabo en un justo equilibrio, resguardando derechos constitucionales como la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Las técnicas habilitantes se podrían perfectamente haber clasificado para las pequeñas y medianas empresas, para proyectos que no tienen un impacto significativo en la salud de las personas o en el medio ambiente y en la biodiversidad. Pero el proyecto insiste en tener una técnica habilitante que es una norma general. Nuestra propuesta es que se limite a las pequeñas y medianas empresas y que el resto se tenga que evaluar. Se pueden mejorar los plazos de evaluación, pero lo que no puede ocurrir es que el Estado inhiba su rol y su función en materia de protección.

— ¿No sería mejor reforzar los servicios con más funcionarios?

— El gobierno cedió a las presiones de la extrema derecha que satanizan el rol de los funcionarios públicos sobre estas materias. En horas-hombre es imposible llevar adelante todas las evaluaciones con la cantidad de personal. Me pregunto: ¿quién va a fiscalizar que esas declaraciones juradas efectivamente se cumplan, si actualmente la propia Superintendencia de Medio Ambiente, para los casos de los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental, cuenta con una dotación de personal muy baja que no permite llevar adelante una fiscalización adecuada. También es el caso de los proyectos vinculados con temas de salud u otros servicios que fiscalizan las municipalidades.

Estabilidad regulatoria

— ¿Qué implica la estabilidad regulatoria por ocho años que establece el proyecto?

— Eso es muy complejo porque los proyectos que tengan resolución de calificación ambiental pueden acogerse voluntariamente a este régimen que va a durar ocho años. Pero si en el transcurso de esos ocho años hay normativas que elevan los estándares de protección o se hacen cargo de problemas que eventualmente puedan surgir a propósito de los temas climáticos, de algún desastre natural o de emergencia —pienso en los casos de los socavones u otras realidades—, esos proyectos van a haber congelado esa actualización normativa.

— ¿Entonces, si se aprueba este proyecto, quedarían por ocho años sin ningún tipo de cambio a pesar de que ingresen nuevas normativas?

— Así es. Todos los proyectos que tengan permiso ambiental y que desde hoy se acojan a esta ley. Cuando el gobierno señala que esto no afecta los temas ambientales, derechamente están mintiendo.