Mayor dotación en el norte, controles civiles y rotación: autoridades anuncian medidas para prevenir narcotráfico en las FFAA

Continúan las repercusiones luego de que la Fuerza Aérea de Chile (FACH) detectara que cinco uniformados trataron de trasladar cuatro kilos de una sustancia ilícita desde Iquique a Santiago en un vuelo institucional la semana pasada, razón por la cual los involucrados fueron dados de baja de acuerdo a lo informado por las autoridades.

Se trata de integrantes de la 1° Brigada Aérea quienes, tras intentar pasar un maletín extra por un control rutinario, fueron puestos a disposición de la justicia marcial y privados de libertad en un recinto militar, lo que se suma a lo acontecido en junio en una unidad también cercana a la frontera con Bolivia, cuando se dictaminó prisión preventiva para siete militares y una civil tras ser formalizados por cargos vinculados al tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el narcotráfico.

¿Fiscalía militar o justicia civil?

Si bien el sábado 5 de julio se anunció por medio de un comunicado que la institución continuará "colaborando activamente con las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos", lo cierto es que Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, aseguró que la FACH se negó a entregar todos los antecedentes.

Esto porque, según respondieron desde la rama de aviación del Ejército, el delito de tráfico de drogas habría sido perpetrado por funcionarios y por lo tanto, la Fiscalía Militar debería llevar adelante las diligencias respectivas. Sin embargo, desde el Ministerio Público aluden a que es un crimen común.

"Estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción de que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar, independiente de que, efectivamente, esta investigación obedece a controles internos de la propia FACH", dijo Steinert en una entrevista radial.

Ejecutivo instruyó la entrega de los antecedentes

Ante la gravedad de lo ocurrido y la interrogante sobre si el narcotráfico permeó a las tres divisiones de las Fuerzas Armadas, La Moneda citó para este martes 8 al comandante en jefe y general del Ejército, Javier Iturriaga, al almirante Fernando Cabrera de la Armada; y al general del Aire, Hugo Rodríguez.

Aunque los representantes castrenses salieron rápidamente de la Casa de gobierno después de la instancia -encabezada por el Presidente Gabriel Boric- sin entregar declaraciones, sí respondieron preguntas los ministros Álvaro Elizalde del Interior, Luis Cordero, de Seguridad Pública, y Adriana Delpiano, de Defensa.

Allí, el extitular de Justicia comentó que "el Presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo que la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida".

En respuesta, la FACH señaló que "conforme a lo indicado por el fiscal de Aviación de Iquique, luego de un riguroso análisis, este último ha resuelto remitir antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá, relacionados con los hechos que permitieron detectar, en base a los controles internos institucionales, el intento de traslado de una sustancia ilícita denominada ketamina por parte de cinco exfuncionarios de la institución".

Reunión de emergencia en La Moneda

Respecto de las propuestas para enfrentar la problemática, Delpiano detalló que "hemos podido compartir con el Presidente los antecedentes que disponíamos, pero decirles que también se están tomando medidas y se van a aumentar las medidas de control para que (...) no nos pase lo que le ha pasado a otros países".

"Queremos realmente que esto se detenga y que se castigue en forma ejemplar a las personas que han traicionado su juramento de defender a Chile, porque eso es lo que ha pasado cuando se han metido en los temas de drogas", lamentó la secretaria de Estado.

En ese sentido, puntualizó que "entre las medidas, algunas ya las hemos ido anunciando, pero sin lugar a dudas están los controles internos, aumentar todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, aumentar el número de oficiales que están en la zona norte del país".

Aumentar controles internos y rotaciones

"Hay que pensar además que durante mucho tiempo los militares estaban solos en sus cuarteles y ahora están en contacto permanente con la ciudadanía, lo que favorece muchas veces la conversación, los vínculos que se pueden establecer para un ilícito como el que hemos señalado", argumentó.

Asimismo, agregó que "otra de las medidas es el poder ir rotando. Que la gente que está en Arica vaya a Colchane, después se devuelven y van los de Iquique, en fin. Una medida muy interesante también es que en los aeropuertos hay una parte que la usa la Fuerza Aérea para sus aviones".

"Bueno, ahora todo lo que es el control de los aviones que salgan con personal, con carga, etcétera, pasará los mismos controles que pasa cualquier avión comercial a través de lo que es el aeropuerto como tal. Esas son parte de las medidas. Y también incorporar algunas medidas que son legislativas", complementó Delpiano.

Declaración de intereses

De esta forma, la administración además busca sistematizar "la información que pueda proporcionar Carabineros y la PDI sobre las personas que se están contratando, o las personas que están ingresando por la vía del Servicio Militar, en este caso al Ejército y a la otra rama".

"Hasta ahora, no teníamos esa posibilidad de conocer todos los antecedentes. Y un elemento muy importante, es ampliar el número de personas que tienen que hacer declaración de intereses y poder ver cómo las personas que a lo mejor tienen una graduación más baja, un salario un poco menor, se van enriqueciendo", manifestó.

"Eso sin lugar a dudas que es una pista para ver que ahí está pasando algo extraño. Entonces es el conjunto de medidas las que nos deberán dar la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que esto que estamos viviendo se quede en grupos específicos y no se extienda a más ciudadanos, a más uniformados, porque eso es debilitar la institucionalidad del país", destacó la encargada de la Defensa Nacional.