Nace derecho humano al clima seguro: Corte establece que estados americanos deben cuidar a sus habitantes de la crisis climática
Como “una luz de esperanza en un momento donde las cosas no parecen ir tan bien para el medio ambiente”, describe el abogado ambiental Ezio Costa la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La corte se pronunció por una consulta que le hicieron Chile y Colombia sobre las responsabilidades que tienen los estados ante la crisis climática. La respuesta de la corte reconoce por primera vez el derecho humano a un clima seguro.
Así, comienza a establecerse en el derecho internacional que los estados parte deben tomar medidas e implementar políticas públicas para proteger a sus habitantes ante la crisis climática, y también a las generaciones futuras. La CIDH reconoce que ese derecho tiene un factor intergeneracional, ya que el clima seguro es el que permite que las actividades humanas puedan seguir haciéndose en el planeta.
Este pronunciamiento cobra relevancia en Chile en un contexto de campaña electoral donde al menos dos candidatos de derecha no mencionan la crisis climática en sus programas ni proponen medidas para combatirlo y proteger a las personas y a la naturaleza.
El pronunciamiento de la CIDH también reconoce que la protección del medio ambiente no es solo para las personas sino también para la naturaleza, adoptando lo que ya ocurre en las legislaciones de muchos países americanos que reconocen derechos de la naturaleza.
Pero describe que la naturaleza es un sistema complejo que incluye a los humanos, y que para cuidarla hay que proteger todos los factores que la integran.
Según difunde Costa en sus redes, otro punto clave de la respuesta de la corte es que toma muy enserio los derechos de participación, acceso a información y a justicia ambiental, así como la necesidad de proteger a las y los defensores ambientales, no solo frente a violencia o amenazas sino también frente a demandas que las empresas toman para amedrentarlos.
Este pronunciamiento llega en un momento donde tanto en Chile como en el mundo se ha detectado un aumento de demandas judiciales que no tienen el objeto de condenar una actitud ilegal sino de intimidar y silenciar a los defensores ambientales. Estos casos son conocidos como Litigios estratégicos contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés.
