La aclaración de la contralora Pérez por acusación de "intervencionismo" del presidente Boric en campaña de Jara
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, se presentó este lunes ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para abordar el debate sobre la neutralidad de los funcionarios públicos en el actual periodo electoral.
Este tema cobró relevancia luego de los cuestionamientos al presidente Gabriel Boric tras sus gestos hacia la candidata oficialista Jeannette Jara, que no pasaron desapercibidos por la oposición instando al organismo fiscalizador a referirse a la situación.
Gestos a Jara
Los cuestionamientos surgieron luego de que el Mandatario participara recientemente en un acto conmemorativo por los 50 años de la detención y desaparición de la Dirección del Partido Socialista (PS).
En esa instancia, el jefe de Estado recalcó que el próximo gobierno debía "ser mejor", agregando que "no me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy día representa eso”.
A esto se suma la visita de la exministra del Trabajo al domicilio del presidente Boric, posterior a su triunfo en las elecciones de las primarias del oficialismo -cita que incluyó cobertura mediática y mensajes alusivos al proceso electoral-.
Estos antecedentes impulsaron a RN y a la UDI a enviar un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para que evalúe “eventuales infracciones al principio de probidad por parte del Presidente de la República" e investigue presunto "intervencionismo".
Y es que en la oposición sostienen que estas actitudes “atentan gravemente contra el principio de prescindencia política consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo un abierto y reiterado intervencionismo electoral”.
En concreto, acusan tres tipos de irregularidades: vulneración del principio de prescindencia política y neutralidad; uso de recursos públicos con fines electorales; y uso de plataformas institucionales para practicar proselitismo.
La aclaración de la contralora Pérez
En su exposición, Pérez recordó que el instructivo de la Contraloría es “bastante claro” al establecer que los funcionarios pueden participar en actividades o expresar sus preferencias políticas fuera de su horario laboral, sin utilizar recursos públicos ni instalaciones del Estado.
“Los funcionarios públicos también tienen derechos civiles, pueden ejercer actividades y marcar sus preferencias e incluso hacer campañas fuera de su jornada, sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”, enfatizó la contralora.
Sin embargo, aclaró que estas normas no se aplican al Presidente de la República, pues su situación está regulada por un estatuto especial previsto en la Constitución.
A diferencia de los funcionarios públicos, al jefe de Estado no se le puede instruir un sumario administrativo. En su caso, la única vía disciplinaria es una acusación constitucional promovida por la Cámara de Diputados.
Pérez sostuvo que, mientras los funcionarios, subsecretarios y otras autoridades están regulados por el estatuto administrativo delineado en diversos instructivos electorales, el Presidente y los ministros cuentan con un régimen funcional distinto.
“En cambio el estatuto del Presidente de la República y el estatuto de los ministros tiene particularidades. En la Constitución tenemos el estatuto del Presidente”, concluyó, dejando claro que cualquier cuestionamiento a sus acciones debe tramitarse por vía política y no administrativa.
Libertad de expresión del presidente
Consultado sobre esta situación, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el Gobierno “ha sido muy estricto respecto de la presidencia electoral”, subrayando que “no va a haber ninguna forma de intervención en el proceso electoral en lo que respecta al uso de recursos públicos”.
Sin embargo, el ministro recalcó que “eso no obsta que, en una democracia, existe lo que se llama la libertad de expresión y que, por tanto, todas las personas pueden dar a conocer su punto de vista en el marco de la libertad de expresión que es propia de toda democracia”.
En esa línea, el jefe de Interior añadió que se respetarán estrictamente los márgenes legales: “Vamos a ser muy estrictos respecto de los límites que existen, en particular en torno al uso de los recursos públicos para las campañas. No se puede utilizar recursos públicos en campañas, pero no se puede coartar la libertad de expresión”.
Por su parte, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, también abordó el tema en entrevista con Meganoticias. La ministra puntualizó que la discusión sobre prescindencia debe basarse en lo que efectivamente está normado.
“La prescindencia está escrita. Hay instructivos de la Contraloría, hay instructivos del propio Gobierno que lo detallan y que señalan que no es que las autoridades de gobierno no podamos tener una posición política, porque eso es un derecho ciudadano. Lo que no podemos hacer es usar recursos fiscales y nuestro horario de trabajo para promover una candidatura u otra”.
Etcheverry recordó además que el Presidente Boric no solo ejerce un rol institucional, sino también político.
“El Presidente, por supuesto, es presidente de todos los chilenos, también es un actor político, también representa a una coalición y tiene una visión que -y lo ha dicho, y lo hemos dicho todos- es una visión desde el progresismo que aspiramos a continuar gobernando, porque creemos que es bueno y es mejor para Chile”, concluyó.
