Osvaldo Torres, nuevo consejero del INDH: A los migrantes “los han criminalizado de manera burda”

El 3 de julio Osvaldo Torres asume como nuevo consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y lo hace con convicciones bien claras respecto del desafío que implica hacerse cargo de esta labor.

Contexto en el que el profesional nos comparte sus apreciaciones de cara a este nuevo período de la entidad, que coincide con el último año de la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Es fundamental fortalecer el Instituto ante la sociedad, y ante la institucionalidad del Estado. Creo que el Instituto requiere de una mayor legitimidad ante la sociedad, en el sentido de que viene enfrentando una campaña desde hace varios años respecto de ser un espacio de izquierdistas que sólo defiende a violentistas, y que permite justificar a aquellos que desarrollan la violencia”, comenta a priori, proyectando el trabajo que espera pueda enfrentar esta entidad en su nuevo ciclo.

Según argumenta a renglón seguido, “ese discurso persistente de un sector de la sociedad, ha ido politizando y partidizando el tema de los derechos humanos, lo que le resta condiciones para hacer efectivamente de los derechos humanos, el nivel básico de la convivencia social, política y democrática en el país”.

Y para ello es importante, recalca, “que se fortalezcan los lazos con las diversas organizaciones de la sociedad, no solo las organizaciones de derechos humanos, sino las universidades, los gremios profesionales, y otro tipo de asociaciones que permitan comprender mejor lo que es la defensa y la promoción de los derechos humanos”.

“Institucionalmente, además, el Instituto carece de la suficiente seguridad para desarrollar con autonomía su trabajo”, sostiene Torres en su análisis.

INDH, sin la potestad de asegurar su autonomía financiera

“Creo que estas señales que ha dado un sector político del país, de quitarle por segundo año consecutivo el financiamiento, amenazando con su eliminación, es preocupante respecto de la inseguridad con que se puede desarrollar una opinión objetiva y autónoma del resto de las instituciones del Estado respecto a cómo esas instituciones deben cumplir con su deber”, dice planteando su inquietud al respecto.

A lo que agrega, “el INDH no tiene las potestades ni las capacidades para asegurar su autonomía financiera y el ejercicio de su función”.

“Tienen un conjunto de posibilidades de acción, pero siempre están dependiendo de la voluntad del otro para que se puedan realizar. Por ejemplo, la “solicitud de información al Estado”, detalla.

Mis dos principales preocupaciones, resume, son “la legitimidad ante la sociedad y el fortalecimiento de la autonomía institucional para desarrollar un buen trabajo de los derechos humanos”.

- ¿Cómo visualiza la discusión de los derechos humanos en el tiempo que le queda de gobierno a Boric y cómo proyecta el próximo gobierno desde el INDH?, y ¿qué expectativas tienen de desarrollar este trabajo considerando que en marzo tendremos otra administración del Estado, que podría no ser progresista?

El clima mundial con respecto de la devaluación de los derechos humanos es bien preocupante. Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, con la no comprobada existencia de armas nucleares y con el explícito objetivo de derrocar al régimen, son del todo condenables.

Lo que imponen es el uso de la fuerza, del poder sin restricciones contra la soberanía de los Estados, en vez de buscar el diálogo respetando la Carta fundante de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. Por eso ha sido importante el oportuno pronunciamiento del Presidente. Y aquí en los países vecinos, tenemos una ofensiva de debilitamiento de los organismos de derechos humanos, el Ministerio de Derecho Humano de Argentina que era la secretaría, la rebajaron a la categoría de subsecretaría, quisieron eliminar el sitio de memoria de la Escuela Superior de la Marina, del Esma, como sitio de memoria, evitándolo un fallo del Tribunal de Justicia. Hay un discurso contra los derechos humanos, de las mujeres, de las disidencias sexuales.

En Chile, creo que se viene reflejando también esa idea producto de un discurso que busca partidizar y distorsionar ideológicamente cuál es la validez de los derechos humanos como línea de base de nuestra convivencia.Recetas típicas

"Instituto tiene que ser fortalecido"

Entonces, complementa, “si uno perspectiva lo que podría ser el próximo ciclo gubernamental, preocupa. Y, por eso mismo, el Instituto tiene que ser fortalecido por la institucionalidad democrática para que pueda enfrentar adecuadamente los posibles tiempos que se avecinen, tanto que si viene una ofensiva antiderechos, pueda resistir con convicción, con una institucionalidad pertinente para enfrentar las medidas que pretendan tomar otros poderes del Estado para vulnerar derechos sociales o derechos civiles y políticos de la población”.

Porque “hay una idea de que los derechos humanos son solo los derechos civiles de la población porque se han vinculado, ya sea por la trayectoria de lucha contra la impunidad, por la verdad, y la reparación en el caso de las víctimas de la dictadura, o porque políticamente también el estallido social evidenció un conjunto de debilidades que tenía el sistema democrático, tanto para responder a las necesidades sociales que tiene un sector importante en la sociedad como para utilizar la represión de manera adecuada, según las reglas y los estándares de protección de los derechos a la gente que estaba descontenta”.

“Ante las personas que con violencia destruyeron iglesias y bienes públicos, se requiere castigo, pero eso no legitima el actuar de las instituciones democráticas de represión en sus violaciones generalizadas de derechos humanos”, agrega.

Que, además, sostiene Torres, “sistemáticamente disparaban pedigones al cuerpo y a la carade los manifestantes”.

Paralelamente, releva la necesidad de que el gobierno asuma “que no puede abandonar como prioridad en su agenda, la de derechos humanos pendiente para consolidar una convivencia democrática”.

En ese sentido, plantea el nuevo consejero del INDH, “son importantes las tareas que hay, por ejemplo, de la discusión de las reglas del uso de la fuerza, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino a Chile después del estallido levantó un conjunto de recomendaciones” y si uno las lee se destacan, “las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Como han advertido diversos organismos nacionales y del sistema internacional el proyecto de ley que está en el Congreso, no cumple con los estándares internacionales; el camino del veto presidencial no debe ser descartado”.Recetas típicas

Apuntando a esta alerta, Torres asegura que, de no mantener un apego a este marco de derechos humanos, se puede generar “un estado de impunidad, y de arbitrariedad en el uso de la fuerza que puede terminar siendo bastante peligroso para quienes se manifiestan en discrepancia con un futuro gobierno, sean escolares, sin casa u otros sectores”.

Criterios difusos afectan incluso a Carabineros

Incluso en contextos donde la manifestación pacífica implica una lucha “por un derecho muy justo y legítimo”, releva que, “si no hay criterios claros, los que pierden son los carabineros y la ciudadanía que no está conforme con sus condiciones de vida”.

-Hablaba de que el gobierno no debiera abandonar la agenda de derechos humanos, ¿siente que el Presidente Boric la ha dejado de lado?

No, no la ha abandonado, además en la Cuenta presidencial toma algunos puntos importantes, pero todavía, como el gobierno no termina, hay que tomar prioridades en derechos humanos que son muy importantes.

Por eso el llamado a que los conflictos políticos, y los escándalos de corrupción en diversas instituciones, no hagan perder el norte respecto de objetivos en derechos humanos que son sustantivos para el presente y el futuro del país.

Tampoco pienso que debe abandonar esta idea de cómo generar condiciones para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos logre una mayor consolidación y mejor posicionamiento ante la sociedad chilena.

También está el tema de las víctimas del estallido, había un compromiso de una comisión calificadora de víctimas, que no se ha cumplido. Esto es sustantivo para poder dar una señal de que sea quien sea el grupo afectado, requiere de una calificación y una reparación del Estado, si se cometieron contra ella lesiones gravísimas a sus derechos.

Plan Nacional de Búsqueda, supeditado al ritmo judicial

-Mencionaba el tema de la Cuenta Pública, donde Boric hizo un par de anuncios en este ámbito…

Los anuncios respecto de derechos humanos me parecieron adecuados, creo que lo más relevante es insistir en la necesidad de que el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) tenga una continuidad. Eso es sustantivo, porque es una iniciativa gubernamental que llega tardíamente por parte del Estado de Chile. Y la tomó este gobierno.Recetas típicas

Sin embargo, también este Plan de búsqueda, que ya tiene más de dos años, está dependiendo del ritmo con que la justicia desarrolla la búsqueda.

Y la experiencia internacional indica que la búsqueda administrativa que pueden desarrollar organismos del Estado especializados en eso, con atribuciones para excavar lugares de interés y posteriormente entregar los antecedentes a los organismos regulares del Estado, son importantes y reconocidos como estándares internacionales de búsqueda, que es la experiencia en México, Colombia, en Perú, que han tenido buenos y más rápidos resultados.

Esto es clave, porque cada año que pasa son menos los parientes directos. Y a su vez, el análisis de los restos también es más difícil.

Entonces, falta una mayor prioridad, y una estrategia más complementaria que permita obtener resultados más concretos en la búsqueda de los restos. No solo en la reconstitución de trayectoria, que ha tenido un avance interesante.

Lo otro que me pareció importante, es la transformación de Punta Peuco. Es una medida simbólica que requiere una mayor precisión para entender que la implementación va a ser en este en este período presidencial, pues ese penal, como es un penal para privilegiados, no está adecuado para medidas de alta seguridad.

Entonces, habría que ver qué medidas se van a tomar, o qué tipo de población penal va a llegar a ese lugar.

Comisión para la Paz y el Entendimiento, inédita

-Se habló de que sería un penal para la tercera edad, entiendo que esa es una de las mociones…

Un penal de tercera edad, pero dependiendo de los delitos que hayan cometido los sujetos de la tercera edad. Y una cosa importante, que efectivamente es un paso inédito, son los resultados de la Comisión de paz en relación al conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que involucra a diversos actores de la sociedad. Creo que es un esfuerzo que ha valido la pena y que, ojalá, no sea desechado, como dijo el Presidente, en una próxima legislatura.Recetas típicas

El compromiso de expropiar de Colonia Dignidad, me parece de una dignidad nacional muy importante, que debiera acelerarse para que se concrete en esta administración. Ese es un enclave privatizado, con negocios que ha hecho un conjunto de herederos de los líderes que violaron los derechos humanos de niños, de niñas, de prisioneros políticos y que colaboró activamente con la dictadura. Sabemos de sectores de Alemania y acá que se oponen a esta decisión de soberanía y reparación.

Creo fundamental que se expropien aquellos terrenos consignados como sitio de memoria, que permitan tener un circuito autónomo y ejemplo pedagógico de un nunca más. Junto a ello, que se indague y se haga justicia con aquellos que fueron usados como fuerza de trabajo forzado.

Lo anterior se relaciona con el esfuerzo que hizo el gobierno con la declaratoria de monumento histórico de varios sitios de memoria, poniendo una cifra bastante alta de nuevos lugares que van a permitir a las futuras generaciones comprender a lo que lleva un proceso de irrespeto a los derechos humanos, con los crímenes y con la impudicia con que se cometieron.

Creo importante destacar el esfuerzo que hizo el gobierno por financiar estos sitios de memoria para que efectivamente cumplan el proceso de educación y difusión de lo que ocurrió; más allá de las complicaciones y limitaciones presupuestarias con que se impulsó esta política de fortalecimiento de sitios de memoria. Falta aún la Ley sobre Sitios de Memoria para estabilizar el funcionamiento.

Sistema de cuidados, también en el ámbito de los DD.HH.

“Creo que otra cosa que está asociada a los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos sociales, que es muy importante que ojalá se reconozca en su integridad, es el sistema de cuidados que se está implementando, que requiere transformarse en una políticapública fuerte, que tenga cobertura nacional”, plantea Torres.

Porque la política de cuidado, dice convencido, “fortalece los derechos sociales de las personas, mejora la igualdad al reconocer el trabajo del cuidado como un trabajo, que no es una ideología de género, en el sentido de que solo las mujeres tienen que estar o están dedicadas a cuidar”.

“Hay mucha gente que cuida, y eso tiene un desgaste emocional, un esfuerzo físico y también la necesidad de conocimientos y métodos de trabajo y de relacionamiento para el cuidado. Y, en general, creo que si nos cuidamos entre todos y todas, cuidamos también nuestra propia convivencia”, dice.

Lo que, recalca convencido, “está muy asociado al tema de los derechos humanos en el ámbito de los derechos sociales y los derechos civiles”.

Comisión calificadora de víctimas del 18-O, pendiente

Y en el ámbito de los pendientes, comenta Torres, “una deuda importante”, ya que según dice el nuevo consejero del INDH, “no tuvo el gobierno, por diversos factores, la convicción suficiente para impulsar la comisión calificadora a las víctimas del estallido, y que pudiese en este gobierno cerrarse el ciclo de una política de reparación para las víctimas”.

“Creo que eso es una señal que deja debilitada la última puerta para que esto no vuelva a repetirse", dice.

Y en el ámbito medioambiental, agrega, “creo que es bastante importante evaluar lo que está pasando con el proceso de la minera Dominga y de los defensores del medioambiente. Hay ahí un espacio vacío, no se nota una posición activa de protección de los derechos como con Julia Chuñil, que ahora está como con un manto de duda lo que pasó con ella”.

Pero este, asevera, “lo único que hace es prolongar la incertidumbre respecto de los motivos de su desaparición”.

Y por otro lado, insiste, “con Dominga sería una pésima señal que esta pudiera ganar los juicios medioambientales en medio de un gobierno medioambiental”.

“Y no se trata de irrespetar los tribunales ambientales, sino que algo pasa en la estrategia que hace que no se vean cumplidos sus propósitos”, dice evidenciando su inquietud al respecto.

Las amenazas de la ultraderecha

-Este año tenemos elección presidencial, comicios que puede ganar tanto un gobierno progresista, como José Antonio Kast. Proyectando el nuevo gobierno, ¿cuál es la preocupación que tiene al respecto como nuevo consejero del INDH?, ¿cómo mira el próximo ciclo político y una avanzada de las derechas?

Es posible tener un gobierno de derechas, o marcado e influido abiertamente por la ultraderecha. Por lo tanto, hay que prever esas condiciones. Con lo que ha dicho (José Antonio) Kast, respecto a los derechos, es un enemigo acérrimo de la que él timbra como ideología de género, como lo hace la ultraderecha internacional, las demandas reivindicativas de igualdad de género por parte de las mujeres, que en Chile, además, la brecha salarial entre hombres y mujeres para el mismo puesto de trabajo, todavía se mantiene en proporciones notables.

Por el otro lado, es un enemigo de reconocer los derechos humanos de las disidencias sexuales, lo que hace que el derecho a la vida de esas personas, y el derecho al ejercicio de sus libertades, sea puesto en riesgo si llega a triunfar. Y también Kast es muy amigo de la focalización de los recursos sociales, de que el Estado no puede “gastar” la plata salvo en los más humillados.

Ello niega una base elemental de los derechos sociales, que es que todo el mundo debe tener condiciones mínimas de supervivencia y acceso a condiciones básicas de educación de calidad, de salud y pensiones dignas, como de vivienda, que le permitan competir con otros respecto de las capacidades de cada cual para construir su propio proyecto personal.

Y para qué hablar de los derechos de los migrantes, que los han criminalizado de una manera bastante burda, pero que hace mucho sentido común. Leía la noticia de los cinco inculpados que mataron a una pareja en Graneros en el mes de marzo, y son todos chilenos.

Entonces, uno dice, ‘los migrantes son todos delincuentes’, uno podría con eso mismo decir, ‘los chilenos somos todos delincuentes’, entonces ¿quién se salva?

Si echamos en el mismo saco a todos los migrantes, esos que aportan con su trabajo, que aportan con su capacidad intelectual válida, estamos haciendo una discriminación que es inaceptable para la convivencia democrática.

Y creo que esa ola es una ola nacional e internacional promovida para objetivos políticos que no son respetuosos de los derechos de las personas.

Entonces, hay que prepararse, ampliar la mirada de los derechos humanos y coordinarse para poder hacer presente que los derechos humanos son para izquierdas y derechas, para pobres y ricos, para migrantes y no migrantes, para mujeres, hombres y disidencias, es para todo ser humano.

Y el aparato institucional del Estado, debe entender que debe tratar con igualdad y dignidad a todas las personas que habitamos este territorio, de forma proba y sin corrupciones.

Es una tarea larga y, sobre todo ahora que a nivel mundial está esta estrategia de devaluar los derechos humanos para poder cometer crímenes atroces, para poder decir que se está dando seguridad, cuando lo que está ocurriendo aquí, todo este discurso de odio, a lo que está llevando, es a una mayor violencia e incertidumbre económica.

Y en la seguridad, este discurso de odio lo que alimenta, en definitiva, es la concentración del poder en unos pocos privilegiados.