Acusó a exgobernadora de Coquimbo de hostigarla y echarla de su trabajo: Corte ordena restituirla y pagarle $12 millones
Entre diciembre de 2022 y comienzos de 2024, una funcionaria del Gobierno Regional de Coquimbo vivió una compleja situación en su lugar de trabajo.
Según estableció el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, la exgobernadora Krist Naranjo Peñaloza, en su calidad de superior jerárquica, ejerció sobre ella una violencia psicológica sistemática que terminó por aislarla de sus funciones, dejarla fuera de decisiones relevantes y cambiarla de cargo, pese a que llevaba 16 años desempeñando esa labor.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó cuando la trabajadora expresó su desacuerdo jurídico con decisiones de la Gobernadora.
A partir de entonces, su ambiente laboral se deterioró de forma sostenida. El tribunal consideró que la conducta de Naranjo no se trató simplemente de una diferencia de criterios sobre actos administrativos, sino de una relación jerárquica abusiva que afectó la salud mental de la denunciante.
“La Gobernadora Regional (…) ejerció violencia psicológica (…) perturbando el desempeño de sus funciones, aislándola (…) y logrando cambiarla del cargo que había ejercido por 16 años, sin justificación suficiente”, escribió en su fallo la jueza Karen Alfaro López.
Y agregó: “El hecho que un funcionario manifieste una opinión jurídica contraria a la postura de la jefatura regional no es justificación para cambiarle de funciones”.
En su resolución, el tribunal condenó al Gobierno Regional de Coquimbo al pago de $12.000.000 por concepto de daño moral, por vulneración del derecho a la integridad psíquica.
Además, dejó sin efecto el cambio de funciones dispuesto el 19 de diciembre de 2023 y ordenó restituir a la funcionaria en su puesto y tareas habituales.
La sentencia también estableció una medida reparatoria institucional: en un plazo de cuatro meses desde que se certifique su ejecutoriedad, toda la dotación del Gobierno Regional deberá participar en una capacitación sobre derechos fundamentales en la administración pública.
Esta formación debe durar al menos 12 horas, ser dictada por un profesional con grado de magíster en Derecho Laboral o Seguridad Social y contemplar sesiones presenciales obligatorias.
El tribunal rechazó, sin embargo, los alegatos sobre afectación a la honra, discriminación e integridad física, y ordenó que cada parte pague sus propias costas del juicio.
