Anticonceptivos con receta: Una barrera que perpetúa desigualdades

El derecho a decidir no es pleno cuando se ejerce condicionado. La igualdad no se construye únicamente desde las leyes, sino desde las garantías reales entregadas por el Estado, que permiten ejercer la libertad de manera efectiva: sin obstáculos, sin permisos, sin matices.

Recientemente muchas nos enteramos que en Chile acceder a anticonceptivos orales requiere receta médica. Una discusión que partió en X (Twitter) resultó ser un recordatorio a las farmacias del país del deber de solicitar receta médica para comprar los anticonceptivos que por años muchas mujeres han consumido con habitualidad y sin requisito. 

Aunque parezca una medida sanitaria, en la práctica termina además siendo un obstáculo a las libertades adquiridas con años de discusión y lucha. Esta barrera marca una diferencia entre mujeres, según la clase, territorio y el acceso a servicios de salud.

Para quienes tienen acceso a salud o redes de apoyo, puede ser un trámite menor. Pero para muchas otras -jóvenes, adolescentes, personas sin previsión, habitantes de zonas rurales o migrantes-, la receta representa una barrera que puede postergar, encarecer o incluso impedir el acceso a un método básico de anticoncepción oral. 

Las recetas en estos casos, cuando estamos frente a medicamentos cotidianos, necesarios y vinculados directamente con el derecho a decidir, no solo actúan como una barrera de ingreso, sino también como una puerta de entrada a la desigualdad progresiva.

En Chile, una receta médica simple tiene una vigencia de tres a seis meses en algunos casos, lo que implica que incluso quienes logran acceder inicialmente al método, deben repetir el trámite una y otra vez para sostener su continuidad.

Así, no estamos solo frente a una dificultad de acceso inicial a la anticoncepción voluntaria, sino también ante un problema de permanencia, donde mantener ese cuidado se vuelve inestable, difícil y muy marcado por la realidad social de cada persona. 

Como lamentablemente ya es costumbre, Chile no llega primero a las discusiones que tocan los derechos de las mujeres. Mientras países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia o, en América Latina, México, Argentina y Uruguay han avanzado hacia el reconocimiento de los anticonceptivos como medicamentos seguros y esenciales para la libertad reproductiva. En esos países la venta libre de anticonceptivos orales no solo se acepta: se defiende como una política de salud pública y de igualdad. 

Es deber del Estado chileno plantearse esta materia desde una perspectiva integral, que supere la visión unitaria y comprenda que el acceso a métodos anticonceptivos no es solo una necesidad sanitaria, sino un derecho habilitante para la vida digna, la planificación y el pleno derecho de las mujeres a la libertad sobre su cuerpo. 

La discusión que permitió la venta libre de la píldora de emergencia ya sentó precedente: las decisiones reproductivas no deben estar mediadas por obstáculos administrativos. Se entendió que exigir receta era una traba injustificada frente a una urgencia real.

¿Por qué ese mismo criterio no se aplica a quienes buscan prevenir un embarazo de manera anticipada y sostenida? Confiamos en la capacidad de decidir frente a una emergencia, pero no frente a una planificación responsable. Esa diferencia no responde a evidencia clínica ni a un principio de precaución, sino a una lógica de control que sigue ubicando la autonomía bajo tutela. 

Aplicar estándares distintos a dos formas del mismo derecho debilita la coherencia del sistema de salud sexual y reproductiva, y reproduce desigualdades estructurales. Si ya aceptamos -tardíamente- que las personas pueden acceder a la anticoncepción de emergencia sin receta, es hora de dar el siguiente paso: garantizar que también puedan prevenir de forma libre, continua y sin condiciones arbitrarias 

Es imperante que el Estado Chileno actualice y democratice la política nacional de salud sexual y reproductiva, reconocerle como un punto integral y no parcializado ni exclusivamente sanitario es menester para seguir con las políticas impulsadas en los últimos años en Chile. Aumentar la duración de las recetas en estos casos no es suficiente, debemos apuntar al reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos.