Justicia obliga a ambientalistas a borrar posts contra minera y genera alerta: “Se están transgrediendo tratados internacionales”

Defensores ambientales en Chile se han enfrentado a demandas millonarias por parte de empresas que tienen proyectos con impacto ambiental en sus territorios, en una situación que genera alerta entre abogados ambientales, que lo ven como un avance de amedrentamiento en contra de la labor de defender la naturaleza.

Ahora, un nuevo fallo genera alerta entre ambientalistas, obligando a borrar los posteos en redes sociales en contra de un proyecto con impacto ambiental y abstenerse de emitir más opiniones negativas. El caso ocurrió en Penco, donde vecinos e incluso alcaldes llevan una lucha en contra del proyecto para instalar una mina de tierras raras en el sector.

Desde una filial de la empresa titular del proyecto, Aclara Resources, ingresaron un recurso de protección en contra de dos defensores ambientales de la comuna, acusándolos de daño a la honra, por posteos que compartieron en redes sociales. Declaran que los posteos son difamatorios en contra de la empresa y de las personas naturales que trabajan en ella.

La Corte de Apelaciones falló a favor de la empresa, obligando a los defensores a borrar las publicaciones y a “abstenerse de realizar actos como el que dio origen a la presente acción”. Además, se trata de posteos que los demandados no escribieron, sino que los compartieron.

El fallo generó una reacción inmediata de organizaciones ambientales de Biobío y del resto del país, que ven la sentencia como una vulneración a la libertad de expresión y un silenciamiento a las luchas que buscan proteger ecosistemas ante proyectos contaminantes.

“La Corte de Apelaciones dicta un fallo insólito en nuestra contra. Creemos prudente que se pronunciaran sobre cuáles son los argumentos para darle la razón a esta empresa, siendo que no pudieron comprobar lo que inicialmente se nos imputaba”, declara Camila Arriagada, una de las defensoras demandadas.

Los defensores demandados presentaron una apelación del fallo ante la Corte Suprema, donde alegan que el mismo tribunal determinó que no hay pruebas para comprobar que ellos son administradores de la cuenta donde se publicaron los posteos.

Defensa ambiental y libertad de expresión

Además de declarar que ellos no administran la cuenta que publicó los posts, la apelación de los defensores demandados alega que el hecho de obligar a borrar posteos en contra del proyecto atenta contra tratados internacionales y derechos constitucionales.

El texto detalla que el actuar de ambos defensores ambientales como dirigentes reconocidos de Penco es legítimo, y está amparado en el artículo 19 de la Constitución, donde se asegura la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

También recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, protege de forma reforzada la libertad de expresión cuando esta se ejerce en contextos de fiscalización ciudadana y crítica a proyectos extractivos de impacto ambiental.

“Ante el escaso sustento probatorio y el contexto general del caso, resulta evidente que esta acción de protección ha sido utilizada con el propósito de silenciar la oposición ciudadana, configurando un uso abusivo del recurso, que no puede ser convalidado por los tribunales”, concluye la apelación.

“No solo se desconocen las garantías constitucionales, sino que se intenta socavar los convenios internacionales de derechos humanos, democracia ambiental (Escazú) y de libertad de expresión, estableciendo además un precedente peligroso para otras personas y organizaciones sociales que cuestionen proyectos y conflictos ambientales en distintos territorios. ¿Cómo puede la comunidad ampliar su participación si se les persigue?”, se pregunta ante el caso Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Intimidación judicial

Abogados de la ONG de derecho ambiental FIMA han alertado sobre el aumento de casos judiciales contra defensores ambientales en el país, y sobre todo casos donde, luego de años de proceso, las mismas empresas desisten de sus acciones o desestiman la demanda.

Los abogados identifican estos casos como Litigios estratégicos contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés, donde el fin no es condenar una actitud ilegal sino intimidar y silenciar a los defensores ambientales.

Un caso identificado como tal es el del defensor ambiental Rodrigo de la O, demandado por la inmobiliaria Costa Calán luego de expresar en medios de comunicación su crítica contra un proyecto de la empresa al lado de un santuario de la naturaleza.

La inmobiliaria demandó al defensor en 2020 por $200 millones por daños a su imagen. Tras cuatro años de proceso judicial, la inmobiliaria desistió de su demanda y fue condenada por el juzgado a pagar los costos del juicio.

Un caso similar ocurrió con la empresa eléctrica ISA Interchile, señalada como una de las responsables del masivo corte de luz. En 2019, la empresa presentó querellas contra defensores ambientales que se colgaron de una torre de alta tensión para protestar por un proyecto de la empresa y su afectación a bosque nativo de conservación.

El caso fue investigado por el ministerio público durante 2024 y en enero de 2025 los ambientalistas fueron absueltos. El abogado de los defensores, Miguel Fredes, acusó que la demanda de la empresa tenía el fin de criminalizar la defensa ambiental.

Otro caso aún en curso es el de la empresa acuícola Inversiones Nalcahue contra dos abogados de la ONG de derecho ambiental FIMA, que representan a una comunidad mapuche que se opone a la operación de una salmonera de la empresa en el río Chesque.

La empresa fue sancionada por operar sin permiso ambiental desde 1998, y la Corte Suprema ratificó dicha sanción en enero de este año.