VIDEO| Campillai termina toda relación con gobierno de Boric por falta de apoyo a ley que repara daño a víctimas de estallido social
La senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas más reconocidas de la represión policial al estallido social, criticó la falta de apoyo que ha mostrado el gobierno con la Ley de Reparación Integral.
Esta legislación es un conjunto de medidas que tienen como objetivo reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como a sus familiares.
Sin embargo, este viernes diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron la falta de compromiso del gobierno con ella y la exclusión del proyecto de la actual agenda legislativa.
Senadora Campillai critica al gobierno de Boric
Al respecto y en un concurrido punto de prensa, la senadora independiente Fabiola Campillai se lanzó duro contra el gobierno de Gabriel Boric.
Confirmando que termina toda relación con el actual Ejecutivo, pues “se comprometió con la justicia, se comprometió con una Ley de Reparación, se comprometió con un sistema de verdad. Sin embargo, el trabajo ha sido nulo. No se ha trabajado por las víctimas, no se ha trabajado por los sobrevivientes”.
La parlamentaria electa con mayoría nacional y víctima de trauma ocular fue dura con Boric al decir que “él se comprometió, en el Día de los Derechos Humanos, ante toda la gente, en público, a dar una respuesta en enero de este año sobre si patrocinaría o no. Han pasado enero, febrero, marzo, abril y mayo, y aún no se ha puesto los pantalones ni le ha dado una respuesta a los sobrevivientes que fueron lamentablemente dañados en el estallido social”.
Proyecto de Ley de Reparación Integral
Recordar que este proyecto de Ley de Reparación Integral fue desarrollado durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora Fabiola Campillai en el marco del quinto aniversario del estallido social.
El texto establece un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La iniciativa abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. Se considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal. Asimismo, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas movilizaciones.
