Diputada Carolina Tello (FA): "El riesgo de rechazar el fraccionamiento de la merluza es que quedará vigente la ley Longueira"

La Comisión Mixta que analiza el proyecto de fraccionamiento pesquero aprobó, el pasado 14 de mayo, votar por separado la distribución de cuotas de merluza común, con 6 votos a favor y 4 en contra. Los diputados oficialistas Jorge Brito (FA), Matías Ramírez (PC), Daniella Cicardini (PS) y el senador Daniel Núñez (PC) rechazaron esta separación, advirtiendo que si la sala de ambas cámaras rechaza el fraccionamiento, se mantendrá la distribución establecida en la actual Ley de Pesca.

Esto luego que días antes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmara que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos desactualizados sobre capturas industriales durante la sesión del 7 de mayo, cuando la comisión aprobó asignar un 52% de la cuota de merluza para el sector artesanal y un 48% para el sector industrial. Aunque para que se discutiera de nuevo se necesitaba unanimidad de los integrantes, lo que no se concretó por la negativa del diputado Brito.

En este contexto, la diputada Carolina Tello (FA), quien ha participado activamente en la tramitación del proyecto desde la Comisión de Pesca de la Cámara, analiza las implicaciones de esta votación separada y las alternativas que se discutirán en las próximas dos semanas antes de la nueva sesión de la Comisión Mixta. Entre ellas, la posibilidad de implementar una gradualidad en la aplicación de la nueva cuota de merluza para mitigar el impacto en el sector industrial.

-¿Qué riesgo implica votar por separado el fraccionamiento de la merluza?

Estoy en la misma lógica de quienes se opusieron a que se votara aparte del resto del informe de la Comisión Mixta, porque eso puede significar que sea aprobado o rechazado por ambas cámaras, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados y Diputadas. En ese sentido, el riesgo de rechazar el fraccionamiento de la merluza es que quedará vigente la ley Longueira.

Ahora, esto puede abrir un espacio, y eso es como tenemos que tratar de trabajarlo en estas dos semanas aproximadamente que nos quedan para volver a reunirnos. Por lo que pude escuchar, no hay una intención de dañar este proyecto de ley que ha significado un avance histórico, no sólo en cuanto a los efectos prácticos que traerá para el mundo de la pesca artesanal y para las caletas de nuestro país, sino también porque hemos avanzado en un consenso transversal.

Desde los distintos comités, bancadas y partidos hemos podido razonar, escuchar a quienes tienen más conocimiento técnico y científico, y conocer las realidades que tiene hoy día tanto la pesca industrial como la pesca artesanal. Sería negativo no solo para nuestro país, sino que también para la política, echar a perder un trabajo que ha costado llevar adelante.

-¿La gradualidad, tal como lo presentó el Senador Nuñez (PC) en una indicación, podría ser una solución para evitar el cierre de Pacific Blue?

Sí, creo que esa sería una buena manera de salir adelante con este tema. Por eso, en estas dos semanas podemos ir generando conversaciones y acercamientos.

Ayer, al final de la sesión, hice un llamado a considerar la carta enviada por la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal de Chile, que agrupa a cinco federaciones de todas las regiones. En este documento se aportan datos importantes para tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.

Una solución como la gradualidad sería positiva porque permitiría un impacto menos directo inicialmente y daría tiempo a las empresas para adaptar sus procesos internos, personal y recursos humanos a la nueva normativa.

El tono de la discusión ayer iba también en esa línea, así lo expresaron la senadora Vodanovic, el senador Saavedra y la diputada Cicardini. Allí podría haber una base de conversación que nos permitiría aprobar el porcentaje que quedó en la comisión mixta; 52% para la pesca artesanal y 48% para la industrial.

-En este contexto, ¿crees que existe un aprovechamiento político en torno al error del subsecretario y la situación de Pacific Blue?

Sí, se trata de una sola empresa en todo Chile que ha tomado la agenda en los últimos días. Me genera pudor porque dar un dato desactualizado en una sesión no podría significar un error en los parlamentarios que votamos, acordamos y llegamos a consensos. Es absurdo.

Algo que lamentablemente está siendo muy propio de nuestra cultura y que rechazo, es que cada vez que alguien comete un error, se hace una cacería de brujas, siendo que el propio ministro Grau rápidamente reconoció: "Efectivamente aquí hubo un dato desactualizado, pero esto no invalida en ningún caso ni la conversación, ni el trabajo, ni la votación que hemos hecho".

Recordemos que esta discusión partió también con un escándalo por las indicaciones que presentó el diputado Bobadilla, que eran un copy-paste de un documento enviado por Sonapesca. Tuvimos que hacer consultas a la Secretaría de la Cámara e incluso algunos diputados pensamos en ir a Fiscalía para confirmar que no hubiera ningún problema. Recién después de superar eso, pudimos seguir adelante con la discusión dando garantías de probidad.

- Tal como señaló el diputado Bobadilla, ¿se puede equiparar el error en los datos del subsecretario con la corrupción en la Ley Longueira?

Son cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de un dato desactualizado mencionado en una sesión, lo cual no constituye ningún delito, menos cuando el propio ministro Grau aclara que corresponde a otro mes y que esto no invalida la votación. Esto no tiene que ver con corrupción. Cuando hablamos de la Ley Longueira, hablamos de dos parlamentarios, Marta Isasi y Jaime Orpis, condenados por corrupción por un tribunal de justicia.

Una cosa es dar un dato desactualizado en una comisión pública y otra muy distinta es cometer delitos de tráfico de influencia y cohecho. Lo que se logró acreditar en ese caso fue que los parlamentarios recibieron dinero para votar de una manera que hoy tiene graves consecuencias para las caletas de pescadores, especialmente en el norte.

Es por esto que no se pudo mantener una actividad sustentable porque el recurso es cada vez más escaso, y es muy difícil competir con la industria que tiene infinitas más capacidades tecnológicas. Lo que busca hacer el diputado Bobadilla es decir quién es más corrupto y quién menos, y en ese sentido, no ha lugar, porque no existe ningún tipo de delito en los datos que dio el subsecretario.

-¿Qué alternativas existen para el financiamiento del proyecto tras el rechazo a la indicación del jurel? Una de las alternativas a las que se allanó el Ejecutivo fue la propuesta del diputado Leonidas Romero (PNL) de aplicar un impuesto a las cuotas de jurel extranjeras cedidas a empresas nacionales

La indicación del diputado Leonidas Romero es una base para partir dando una solución. Algunos han planteado hacer un veto presidencial, otros sugieren rediscutirlo en una norma aparte de cara a la ley de presupuesto en septiembre. Debemos buscar fórmulas que nos permitan resolver este tema sensible del financiamiento. Esta fórmula era buena porque, aunque se iba a pagar un porcentaje, era infinitamente menor a lo que existe hoy y mucho más justo.

Lo que creo es que tenemos que sacar adelante esta ley de fraccionamiento de una vez por todas. Sé que habrá un trabajo con los asesores parlamentarios y con el Ejecutivo para llegar ordenados a la reunión en dos semanas. Esto será una ganada no solo para quienes tramitamos la ley, sino que dignificará al país.

Quiero ser enfática en esto, no buscamos inclinar la balanza hacia el otro lado. Lo que queremos es justicia para que cada uno tenga lo que le corresponde, basados en criterios científicos, técnicos y en la realidad de cada sector.

-¿Habrá espacio para acercar posiciones con los parlamentarios socialistas que votaron en contra?

Sí, creo que es el momento de acercar posiciones. Entiendo que cada parlamentario representa a una zona territorial y es legítimo que defiendan las posturas que recogen en su trabajo parlamentario. Por eso hago un llamado a conocer mejor la realidad de la pesca en diferentes regiones. Ellos son parlamentarios del sur y nosotros del norte, y allí hay realidades distintas. Al sur se aprobó un 70% para la pesca artesanal y un 30% para la industrial, mientras que nosotros defendemos otros porcentajes.

Quizás podríamos explicar mejor por qué para nosotros es relevante mantener ese porcentaje de merluza, que es diferente al del sur, y por qué las consecuencias de la Ley Longueira se han vivido más fuertemente en nuestra zona.

Cada quien es libre de votar en conciencia, y eso es lo que espero que hagan los parlamentarios. La senadora Vodanovic y la diputada Cicardini tienen una posición, mientras que el senador Espinoza y Saavedra tienen otra, y coincide que son de zonas diferentes. En ese sentido, creo que podemos generar una base de conversación que avance en estas dos semanas antes de la próxima sesión.