
Diputado Jorge Brito (FA): "Pacific Blu está usando la ley de fraccionamiento para evadir su responsabilidad en un pésimo manejo empresarial"
Una cisma político en el mundo de la pesca se desató en la mañana del viernes pasado cuando el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció públicamente que la información entregada por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la votación del fraccionamiento de la merluza contenía datos erróneos. El punto crítico fue la afirmación de que el sector industrial había consumido solo el 61% de su cuota en 2024, cuando los registros oficiales de Sernapesca indicaban un 93%.
Frente a esto, Los senadores oficialistas del Partido Socialista, Gastón Saavedra y Fidel Espinoza, exigieron la renuncia tanto del ministro como del subsecretario, mientras que Chile Vamos pidió la suspensión inmediata de la tramitación del proyecto hasta contar con "cifras fidedignas y reales". El gobierno, por su parte, intenta contener la crisis proponiendo repetir la votación para que los parlamentarios pudieran legislar con la información correcta, aunque esta medida requeriría unanimidad de los miembros de la comisión mixta.
En medio de viernes de álgido debate, el diputado del Frente Amplio y miembro de la comisión mixta, Jorge Brito, conversó con El Desconcierto para defender la decisión adoptada. "Es un aprovechamiento evidente que aquellos senadores que no apoyaron el acuerdo digan que hay que rehacerlo. Es cierto que hay un dato que no estaba correcto, pero eso no cambia ni el criterio ni la decisión", afirmó el parlamentario, quien además acusó que tras las críticas asoman otro tipo de intereses. "Los senadores no se alinean por ideología ni por principios, sino por intereses. Y ahí habría que preguntarles a ellos cuáles son esos intereses".
—¿Qué beneficios traerá a los pescadores artesanales el nuevo fraccionamiento de merluza con el 52% aprobado esta semana?
La ley Longueira entregó los recursos del mar a siete empresas y dejó sin recursos para dedicarse a su labor a pescadores artesanales de caletas como Quintay y Cocholgüe. Lo que nosotros permitimos es aumentar del 40% a un 12% más, llegando a 52% para la pesca artesanal. El daño que la corrupción ocasionó nadie se lo va a devolver a la pesca artesanal y al país.
Lo segundo es que nosotros fijamos como criterio asignarle una cuota a la industria para garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso. Por eso es importante despejar intentos que digan que tomamos una decisión con información incorrecta. El criterio que se adoptó fue garantizar el funcionamiento, y ningún año los procesos han funcionado con más cuota de la que nosotros les asignamos. En consecuencia, tienen su funcionamiento garantizado. Y estos son datos oficiales de Sernapesca que nadie puede desconocer.
—En ese contexto, ¿cómo interpreta el anuncio de cierre de Pacific Blu?
Lo que ocurre es evidente: Pacific Blu quería tener una ley hecha a la medida y el acuerdo de fraccionamiento no está diseñado para beneficiar a ninguna empresa específica. Además, Pacific Blu es considerada la peor de las empresas en este rubro dentro del sector.
Es una empresa que va en decadencia, que a pesar de que le garantizamos la cuota suficiente para su normal funcionamiento, está usando la ley de fraccionamiento para evadir su responsabilidad en un pésimo manejo empresarial. Pacific Blu tiene nueve años de existencia. En promedio procesa 13.000 toneladas de pescado al año. El peak fue hace dos años y procesó 15.800 toneladas. La cuota que le asignamos es mayor a eso. En consecuencia, son puras excusas utilizar la ley como justificación para un cierre que responde a otros problemas.
—Parece entonces que Pacific Blu estaría utilizando la ley para enmascarar problemas financieros propios...
Exactamente. Esto no es nuevo ni sorpresivo. Ya en febrero de 2023 habían despedido a 300 trabajadores, mucho antes de cualquier discusión sobre esta ley. Los problemas de gestión y financieros vienen de antes, pero ahora buscan un culpable externo.
—Aunque la decisión del fraccionamiento de merluza se acusa que se tomó en base a un dato erróneo señalado por el subsecretario Salas, ¿qué responde a esas acusaciones?
Si revisas la votación de la Comisión Mixta, el senador Fidel Espinoza no votó a favor del acuerdo. Él no estuvo de acuerdo con que la pesca artesanal tenga mayoría de cuota de merluza. A pesar de que en su región la cuota artesanal tiene el 70% de la merluza del sur, no quiso que en la zona central pudiéramos tener mayoría.
Es un aprovechamiento evidente que aquellos senadores que no apoyaron el acuerdo digan que hay que rehacerlo, porque ellos no concurrieron al acuerdo. Y es cierto que hay un dato que no estaba correcto, pero eso no cambia ni el criterio ni la decisión. Porque el dato que dio el subsecretario se refería a los desembarques, pero lo que nosotros acordamos garantizar es a los procesos, no a los buques de arrastre industrial. Y las plantas de proceso tienen garantizado más del 100% de la cuota que han utilizado en toda su historia.
El senador Fidel Espinoza no concurrió al acuerdo. La comisión mixta tomó un acuerdo a pesar de él. En consecuencia, no es más que aprovechamiento para intentar obtener más beneficios para la pesca industrial.
—El ministro Grau ya reconoció el error del subsecretario Salas. ¿Debería este último asumir alguna responsabilidad?
Hay que poner las cosas en perspectiva. Tenemos una ley vigente —la ley Longueira— que está manchada por la corrupción. La nueva ley de fraccionamiento viene precisamente a sanear esta situación. Si dentro de los cientos de datos que el subsecretario entregó durante el largo proceso de discusión hay uno que está equivocado, lo correcto es corregirlo, como ya se hizo.
Pero este error puntual no modifica la decisión de fondo, que se tomó para garantizar los puestos de trabajo y hacer justicia con el sector artesanal. Sernapesca es la única fuente oficial de datos en esta materia y ha informado claramente que las plantas de procesos de Pacific Blu en sus nueve años de historia nunca han procesado más toneladas que la cuota que nosotros le hemos asignado. Por lo tanto, no tienen ninguna justificación real para despedir trabajadores. Esto son manotazos de ahogados de quienes se resisten a reemplazar la ley Longueira.
—La industria pesquera ha amenazado con acciones legales contra la nueva distribución. ¿Cómo evalúan esta reacción?
Esto pasa siempre cuando se tocan intereses poderosos. En el pasado ya han intentado llevar estos temas a tribunales y no les ha ido muy bien, pero están en su legítimo derecho de hacerlo. Si es necesario, nos veremos en tribunales también. Estamos tranquilos porque nuestras decisiones están basadas en criterios técnicos y de justicia social.
—Otro de los temas álgidos de la comisión mixta fue la discusión para licitar el 10% de la nueva cuota global de jurel, que fue propuesta por el Ejecutivo pero rechazada. ¿Qué consecuencias tendrá este rechazo?
Al rechazar este mecanismo de licitación, lo que se genera en la práctica es entregar el 25% de la cuota del jurel —que Chile logró aumentar en las negociaciones internacionales— directamente a las siete familias que controlan la pesca industrial, sin competencia, sin entrada de nuevos actores y, lo más grave, sin pagar ni un peso más al fisco de lo que la ley Longueira estableció.
Es importante ver esto en perspectiva. Si usted no asigna un mecanismo competitivo, aunque sea solo para el 10% del aumento de la cuota, está haciendo un regalo de miles de millones de pesos a la pesca industrial. El fisco chileno deja de percibir recursos importantes por hacerle este favor a la industria pesquera del jurel. Y aún estamos a tiempo de enmendar esto en la siguiente sesión de la comisión mixta.
—Durante la sesión de comisión, usted argumentó que la indicación aportaría dineros para ciencia y mejorar la cuota global de jurel a futuro, pero el senador Espinoza dijo que estos recursos serían mínimos y usó eso como argumento para votar en contra. ¿Cómo evalúa esta postura?
Es un poco mañoso el actuar de algunos senadores. Dicen que no les gusta algo y, en consecuencia, hay que privilegiar a la industria. Minimizar la importancia de los recursos para investigación científica demuestra una visión cortoplacista, porque es precisamente la investigación lo que nos permite aumentar las cuotas de manera sostenible en el tiempo.
—Llama la atención la oposición de senadores oficialistas a un proyecto clave del gobierno...
En el pasado las distancias han sido muy conscientes, por eso ninguno de los gobiernos anteriores cumplió la promesa de rehacer la ley Longueira. Si este gobierno ha podido avanzar es porque no tiene compromisos con grupos económicos, porque resguarda el interés de Chile y porque hay un pueblo en todas las caletas del país que está empobrecido por el daño ocasionado.
Es bueno hacer el ejercicio y ver dónde terminaron trabajando los subsecretarios de Pesca de gobiernos anteriores. Todos terminaron trabajando en la industria pesquera. Es legítimo que existan diferencias, pero me parece inaceptable utilizar la desinformación y la mentira para favorecer a empresas con nombre y apellido.
Y si bien estos senadores pertenecen a un partido que es de gobierno, la misma presidenta del partido estuvo en la comisión mixta apoyando el fraccionamiento que nosotros impulsamos y que se acordó.
—Estos mismos senadores socialistas, Fidel Espinoza y Gastón Saavedra, están actuando contra la posición de su propia presidenta de partido...
No se alinean por ideología ni por principios, sino por intereses. Y ahí habría que preguntarles a ellos cuáles son esos intereses. La contradicción dentro del Partido Socialista es evidente y merece una explicación clara a la ciudadanía.