Andres Giordano, diputado oficialista: "Lo que ha hecho el FA es tener una política de cero tolerancia a la corrupción"

El Congreso Nacional ha vivido semanas intensas ya que la actividad legislativa se encuentra activa de la mano de diversos proyectos de ley que se encuentran en tramitación y de cara al último año del período parlamentario, que terminará cuando se elijan a los nuevos representantes en noviembre y estos asuman en marzo el mando como nuevos -o reelectos- diputados y senadores.

Fraccionamiento pesquero, reglas del uso de la fuerza (RUF) para policías y militares, reajuste del sueldo mínimo y nuevo sistema de financiamiento de la educación superior son solo algunas de las iniciativas que se debaten en ambas cámaras, que además deben coexistir con varias comisiones investigadoras para situaciones puntuales que requieren de la fiscalización y seguimiento de los legisladores.

Esto mismo lo comentó el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, quien en entrevista con El Desconcierto abordó estas y otras temáticas ligadas a las discusiones en el Parlamento, particularmente aquellas que tienen relación con las comisiones que integra el congresista, y también aquellas que se investigan en torno a acontecimientos que envuelven otras autoridades del Estado, como en el caso de la fundación ProCultura.

Salario mínimo no volverá a la Comisión de Trabajo

-La discusión del salario mínimo ha estado en el centro del debate. ¿Cómo ha sido esta semana considerando que este proyecto no pasó por la Comisión de Trabajo?

Lamentablemente por razones todavía desconocidas o incomprendidas por mí, esta discusión del salario mínimo, a diferencia de todas las anteriores durante esta legislatura, no pasó por Trabajo, sino directamente por Hacienda.

Siempre pasa por Hacienda, pero a su vez por Trabajo, porque existe una modificación también de la legislación laboral. Por lo tanto, la excepción a la regla de esta ocasión yo todavía no logro comprenderla.

-¿Qué espera sobre esta discusión?

Sin perjuicio de lo anterior, nosotros estuvimos en la Comisión de Hacienda aportando con algunos insumos al debate, que es muy relevante y esperado por los trabajadores del país.

Tiene una relevancia fundamental, porque si bien en Chile la mayoría gana el mínimo, lo cierto es que el 50% de los trabajadores gana menos de 580.000 pesos y el sueldo mínimo hoy está arriba de los 510.000. Es una cifra muy cercana que termina modulando todos los salarios del país.

En circunstancias donde todavía no existe una reforma que permita mejorar las remuneraciones por fuera de lo que está en el Congreso, como una negociación colectiva robusta no alojada en la empresa sino más bien a nivel sectorial, ramal o multinivel, esta discusión cobra una relevancia muy importante porque es la que termina haciendo que el poder adquisitivo de buena parte de los trabajadores de Chile realmente tenga incrementos reales.

Errores en presentaciones oficiales

-Recientemente hemos visto errores en presentaciones de autoridades, como el caso de los datos de la Subsecretaría de Pesca o el PPT de Mario Marcel en la Comisión de Hacienda. ¿No cree que estos errores pueden ser contraproducentes para avanzar en la agenda progresista?

Sí, nunca un error es productivo. Los errores cuando ocurren efectivamente son contraproducentes, pero también trataría de atender que cuando se explica el contexto de estos errores y se corrigen inmediatamente sin afectar las determinaciones que se toman dentro del poder legislativo, no deberían ser tan polémicos.

La cantidad de datos que permanentemente se están presentando para los debates son muy elevados y cuando existen errores en las cifras y se corrigen oportunamente, creo que no existe daño a la actividad legislativa.

Pero efectivamente lo que uno esperaría es que cuando algo se presenta a legisladores no existan datos desactualizados, que es lo que ha ocurrido en las presentaciones que hemos visto, más que datos que estén del todo erróneos.

Muchas veces se utiliza más bien como una excusa para retrotraer debates que han avanzado mucho, como es el caso de la ley de pesca, que además busca subsanar los errores de una ley cuyo origen está viciado, una ley corrupta que es la Ley Longueira, que básicamente se construyó en las oficinas de la gran industria pesquera.

Abusos sexuales en el fútbol

-Usted participa en la Comisión de Deportes. ¿En qué va la revisión de las agresiones sexuales de jugadores de equipos de fútbol?

Yo participé tanto en la comisión especial investigadora como en la Comisión de Deportes. La investigadora nace a propósito de los testimonios de una joven que fue grupalmente violada en las dependencias de la Casa Naranja de Cobreloa.

Su denuncia se hace pública a través de la Comisión de Deportes y eso gatilla la reapertura de distintas diligencias que estaban entrampadas en el Ministerio Público, en una causa que tenía ya un par de años y que no había tenido ningún tipo de avance.

Era una causa que además parecía destinada a ser archivada y de la que se desprenden una serie de irregularidades institucionales por parte tanto del Ministerio Público como de las policías. Según el testimonio de la víctima, la habrían recomendado desistirse o desincentivado a proseguir con la denuncia, argumentando que era difícil que prosperara y la ponía en conflicto directo con un coloso de la zona, que en este caso sería Cobreloa.

-¿Cuál fue el resultado de esa comisión investigadora?

Eso derivó en una comisión especial investigadora que recabó antecedentes y emitió un informe con recomendaciones que no son vinculantes. Hubo recomendaciones hacia el Ministerio Público y hacia las policías, y se desarrollaron sumarios por los diversos errores que hubo en el proceso.

También se hizo una recomendación legislativa muy importante que engarza con otras circunstancias igualmente complejas: determinar cuál es el rol que cumplen los privados y qué grado de respuesta tienen que dar a instituciones fiscalizadoras como el Congreso Nacional.

Durante toda la tramitación, cuando citábamos a instituciones privadas que pudieran aportar a esta investigación, como no están obligadas a asistir, no lo hicieron. No asistió la ANFP ni el club Cobreloa.

Esto evidentemente dificulta la labor fiscalizadora. Se sugirió realizar una reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso o incluso una reforma constitucional que permita que el Congreso pueda generar mecanismos para exigir la participación de los privados cuando esté afectado el interés público.

AC contra el delegado presidencial Gonzalo Durán

-¿Cómo ve la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán?

La veo desde dos aristas. La primera es que, en términos jurídicos, creo que el delegado presidencial ha sido muy claro en responder todas y cada una de las consultas, dudas e incluso rumores que se hicieron circular para sustentar la acusación constitucional.

Nosotros lo recibimos en tres ocasiones en la Comisión de Deportes, y desmitificó una a una las acusaciones respecto a su actuación el día que ocurre la terrible tragedia que termina con la muerte de dos hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental.

Al punto que recibió en la misma comisión el apoyo del alcalde de Macul, que está directamente vinculado al Partido Republicano. El diputado (Enrique) Lee hizo público su reproche a lo que consideraba una acusación constitucional carente de todo sustento jurídico, y otros parlamentarios no del oficialismo manifestaron que veían esta circunstancia más bien como una vendetta política.

La segunda arista es que lamentablemente el Congreso no suele comportarse como un tribunal que analice los hechos en su mérito jurídico, sino como un tribunal político donde tienden a pesar estrategias partidarias en el marco de un año electoral.

Podrían ponderar como objetivo mayor dañar al gobierno o golpear al oficialismo, aún a costa de un funcionario que no ha infringido las normas. Es la primera acusación que ha logrado unir a una derecha que la hemos visto agarrándose en peleas bizantinas en prensa a propósito de no lograr concitar una primaria presidencial.

Problemas con RUF: "El proyecto va muy mal"

-¿Cómo vio la última discusión sobre la ley RUF y la proporcionalidad/racionalidad?

Es un proyecto que va muy mal. Hoy día va a pasar a una comisión mixta sin considerar cuestiones básicas y fundamentales para generar garantías para todas las partes en el uso de la fuerza, que es monopólico por parte de las policías.

Voy a mencionar cinco ejemplos de lo que se rechazó durante la votación en la Cámara respecto de lo que venía del Senado y que nos preocupa gravemente.

Deja afuera el resguardo de niños, niñas y adolescentes; el resguardo de la vida y de la integridad de terceros; la prohibición de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; la prohibición de utilizar armas letales solo para demostrar fuerza; y la prohibición de hacer uso de la fuerza contra personas arrestadas o detenidas.

Estamos ante cuestiones que son propias de instituciones fundadas en gobiernos no democráticos. Es legalizar lo que sería parte de una administración de corte autoritario.

-¿No descarta entonces la posibilidad de un veto?

Creo que en una democracia siempre es una alternativa. Sin embargo, todavía queda un tercer trámite que tiene que resolver estas controversias. El Congreso tiene una oportunidad histórica de legislar, porque hoy día el uso de la fuerza solo está regulado a nivel administrativo.

Si aprobáramos una legislación como la que se está proponiendo, circunstancias tan mediáticas como el caso del ex oficial Claudio Crespo, quien cegó a Gustavo Gatica y que recientemente se ha vuelto connotado por su frase "te vamos a arrancar los ojos", no podrían ser identificadas porque lo que está proponiendo la oposición es que los policías ni siquiera tengan que portar identificación para actuar.

Expectativas para la última Cuenta Pública

-En tres semanas será la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. ¿Qué espera de esta instancia?

Uno siempre espera mucho porque la Cuenta Pública da cuenta de los compromisos programáticos priorizados y de aquellos suscritos que tienen avances pendientes. Espero que durante este último año de gestión, el gobierno efectivamente pueda acercarse al compromiso con medidas que cambien materialmente las condiciones de la ciudadanía y se haga cargo de varias brechas que todavía siguen pendientes.

Yo esperaría que exista una definición absoluta en hacer avanzar iniciativas como la condonación parcial del CAE, Sala Cuna que se está tramitando, y otras que no han sido presentadas legalmente como una negociación colectiva ramal y/o multinivel.

Debemos hacernos cargo de uno de los mayores problemas que enfrenta el país, que es la desigualdad, lo que termina gatillando la entrada de narcos en muchas poblaciones y la sensación de desamparo en buena parte de la población que no puede acceder a vivienda, educación de calidad o salud.

Corrupción y el Frente Amplio

-Con todo el revuelo que se ha levantado en torno a Procultura y Democracia Viva, ¿no cree que puede empañar el legado de este gobierno?

Evidentemente todos estos hechos que conocemos porque han sido filtrados y puestos en prensa antes de que existan procesos judiciales que realmente los aclaren, afectan la confianza de la ciudadanía en la política.

Tengo tres valoraciones importantes. La primera es sobre los dichos del Presidente y otras autoridades que han defendido el rol de las instituciones. Veo instituciones que están funcionando y espero que la justicia actúe con independencia, esclarezca los hechos y sancione como corresponda.

Pero pido que también lo haga de manera correcta, no discutiendo a través de titulares con filtraciones permanentes de las carpetas investigativas.

Lo segundo es que sobre ese ímpetu que se espera del Ministerio Público para esclarecer los hechos, uno esperaría también el mismo ímpetu para determinar quién es el gran filtrador o filtradores, por qué mecanismos lo hacen, qué están ganando y con qué objeto.

A uno le surge la legítima duda de si existe una motivación política, porque las filtraciones parecen estar transformándose en un instrumento de acción política.

Lo tercero es que el presidente es militante del Frente Amplio, y el Frente Amplio ha mostrado permanentemente una actitud de tolerancia cero a hechos de corrupción. Todos los partidos tienen principios que buscan erradicar la corrupción, pero lo que verdaderamente determina el compromiso es qué haces cuando te enfrentas a que algún militante incurre en estas prácticas.

En el caso de Democracia Viva, los tres exmilitantes, dos fueron expulsados por el partido, y la tercera, que es parlamentaria, fue suspendida y antes de que el proceso de justicia partidaria avanzara, renunció. Lo que ha hecho el Frente Amplio es tener una política clara de cero tolerancia, lo que nos diferencia de muchos partidos de oposición.