Detonación de explosivo dejó con secuelas permanentes a conscripto en marcha nocturna: Fisco deberá pagarle $90 millones
Durante una instrucción nocturna en octubre de 2019, en un campo militar ubicado en Tongoy, un joven conscripto resultó gravemente herido tras la detonación de un artefacto explosivo abandonado en el terreno.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el ejercicio era parte del entrenamiento dispuesto por el Ejército, pero el lugar pertenecía a la Armada de Chile.
La explosión provocó secuelas físicas y psicológicas permanentes en el afectado, quien debió abandonar sus funciones y recibir una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase.
Tras el accidente, se ordenó una investigación sumaria que concluyó que ningún integrante del batallón manipuló directamente el explosivo, liberando así de responsabilidad a toda la línea de mando.
Sin embargo, no se aplicaron sanciones a los responsables de revisar y supervisar el terreno, a pesar de que los propios documentos del Ejército exigían asegurar condiciones mínimas de seguridad antes de cualquier maniobra.
El afectado acudió a la justicia en busca de reparación. El Primer Juzgado de Letras de La Serena dio la razón a su demanda, estableciendo que el Ejército incurrió en una falta de servicio al no garantizar un entorno seguro para el ejercicio militar.
La jueza Karla Malebrán Torres concluyó que hubo una omisión clara de revisar el sitio y que esto derivó en el accidente: “la institución a la que prestaba servicios no tomó los resguardos necesarios (…) motivo por el que al practicarse la maniobra, estalló un explosivo”.
La sentencia también desestimó que la existencia de una pensión militar anulara el derecho a recibir una indemnización por daño moral.
Según el fallo, la pensión solo da cuenta de la imposibilidad de continuar con la carrera militar, mientras que el daño moral responde al sufrimiento y dolor causados por las secuelas del accidente.
Para el tribunal, la gravedad de las lesiones y el impacto emocional quedaron plenamente acreditados con informes médicos, incluidos peritajes psiquiátricos, y con los testimonios presentados por la parte demandante.
“Los padecimientos se ven reafirmados por la prueba documental (…) y las secuelas que arrastrará por toda su vida atendida la magnitud de los daños”, sostiene la resolución.
Con base en estos antecedentes, el tribunal resolvió condenar al Fisco de Chile al pago de $90.000.000 como compensación por daño moral.
