Banco demuestra que clienta hizo pasar por fraude una compra de $1,3 millones que hizo su hija: Deberá devolverlos
La mañana del 17 de mayo de 2022, una usuaria del Banco Santander se comunicó con la entidad para reportar dos compras que desconocía y que, según explicó, nunca había autorizado.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, las operaciones habían sido realizadas el 4 de abril de ese mismo año.
De inmediato, el banco bloqueó la tarjeta y activó el procedimiento establecido en la Ley N° 20.009, que protege a los usuarios en casos de fraudes financieros. Producto de ello, la entidad abonó a su cuenta $1.361.585.
Sin embargo, varios meses después, la clienta reconoció en sede judicial que la tarjeta bancaria —asociada al número que terminaba en 8697— era utilizada también por su hija, quien habría realizado las compras en cuestión. Este reconocimiento fue clave para la resolución del caso.
El Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes había rechazado la demanda de restitución presentada por el banco, pero la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó ese fallo.
En su sentencia del 6 de mayo de 2025, los ministros Claudia Lazen Manzur, René Cerda Espinoza y la fiscal judicial Carla Troncoso Bustamante consideraron que la conducta de la usuaria configuraba culpa grave.
“(…) el cándido reconocimiento de la demandada de haber permitido que al menos otra persona utilizara sus medios de pago, solo refrenda el informe interno del demandante”, señaló la Corte, destacando además que las compras se realizaron con soporte físico con chip y medios de seguridad complementarios, lo que descartaba una eventual clonación.
El fallo también fue crítico respecto al actuar inicial de la demandada, quien al presentar su reclamo negó haber compartido sus claves o tarjeta.
“El reconocimiento posterior de haber denunciado por error una clonación de sus dispositivos […] evidencia el descuido total en su obligación de custodia”, afirmaron los jueces.
En consecuencia, la Corte acogió la demanda del banco y ordenó a la demandada restituir la suma de $1.361.585, monto que deberá ser pagado reajustado según el IPC, más intereses moratorios desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.
Además, se impusieron las costas del juicio a la parte vencida.
