Tesorería habría cobrado doble contribuciones por $18 millones y tras reclamo devolvió solo 9: Corte exige informar caso
Durante más de diez años, una pareja mantuvo pagos duplicados por el impuesto territorial de una misma propiedad en la comuna de La Reina.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el origen del problema se remontaba a una separación de bienes que no fue reflejada correctamente en los registros del Servicio de Impuestos Internos ni en los de la Tesorería General de la República, pese a que desde 1989 el inmueble estaba inscrito solo a nombre de la mujer.
Ambos, sin saberlo, habían activado pagos automáticos desde sus bancos, lo que generó una suma pagada en exceso de $18.784.816 entre abril de 2012 y junio de 2024.
Al detectar el error recién en noviembre de 2024, solicitaron a la Tesorería la devolución del monto total.
Sin embargo, el servicio solo restituyó $9.046.627, sin dar explicación formal del motivo por el cual no se devolvía la totalidad solicitada.
Esta falta de respuesta llevó a los afectados a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En un fallo dividido (rol 26.686-2024), la Undécima Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra Romy Rutherford, el ministro Manuel Rodríguez y la abogada (i) Paola Herrera, acogió el recurso.
El tribunal estableció que, independientemente de las controversias jurídicas sobre los plazos de devolución fijados en el artículo 126 del Código Tributario, la Tesorería incumplió su deber legal al no emitir un acto administrativo formal que explicara claramente las razones fácticas y jurídicas de su decisión.
El fallo indica: “La Tesorería General de la República ha transgredido el deber de motivación que se exige de todo acto administrativo, deviniendo tal omisión en ilegal y arbitraria, pues ha privado a los administrados de la posibilidad de conocer la justificación racional que sirve de fundamento a su decisión”.
Esta omisión vulnera, según la Corte, el derecho de igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, dejando a los afectados en una situación de indefensión jurídica.
Por ello, el tribunal ordenó a la Tesorería que, en un plazo de 30 días, emita el acto administrativo terminal correspondiente, explicando fundadamente si acoge o rechaza la solicitud en los términos planteados.
La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Rutherford, quien consideró que el recurso de protección no era la vía adecuada para resolver el fondo del asunto.
