Comisión Mixta aprueba 53% de merluza para artesanales pero rechaza indicación para licitar jurel con voto clave de Espinoza (PS)
Una decisiva jornada se vivió este miércoles 7 de mayo en el Congreso luego de que la Comisión Mixta, integrada por senadores y diputados, abordara los nudos pendientes por desatar de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, considera el corazón de la Ley de Pesca.
La iniciativa, que fue presentada por el gobierno del presidente Boric de forma paralela a la normativa que reemplazará a la actual Ley Longueira, y que ya permanece en tercer trámite constitucional, definió las materias de mayor conflicto entre pescadores artesanales e industriales, como la nueva distribución de los recursos pesqueros y el impacto fiscal de su implementación.
El ambiente era tenso y pese a que en algunos momentos se registraron intentos de acercamiento para llegar a acuerdos, la sesión estuvo marcada por las notables diferencias entre parlamentarios oficialistas y de oposición.
La sesión fue liderada por el Senador Fidel Espinoza (PS), y participaron los diputados Brito (FA) Manouchehri (PS), Ramírez (PC) Romero (IND) y Bobadilla (UDI) y los senadores Núñez (PC), Sandoval (UDI), Kusanovic (IND-RN) y Kuschel (RN), Vodanocic (PS), Castro (PSC).
La merluza común
La propuesta original presentada por algunos parlamentarios contemplaba una distribución de 57% para la pesca artesanal y 43% para la industrial. Sin embargo, para facilitar el avance del proyecto y alcanzar un consenso, los legisladores decidieron retirar su indicación, permitiendo así destrabar el debate y avanzar en la tramitación de la ley.
De esta forma, la Comisión Mixta aprobó entregar un 52% de la cuota de merluza común al sector artesanal y un 48% para el sector industrial, lo propuesto por el Ejecutivo en la sesión. Recordemos que la legislación actual asigna el 60% de la cuota total de merluza común a estos últimos, dejando solo el 40% para los pescadores artesanales distribuidos en nueve regiones del país.
Sin embargo, organizaciones como la Asamblea Nacional de la Pesca Artesanal han exigido una redistribución más favorable, con un 70% para el sector artesanal y un 30% para el industrial, proporción que también fue respaldada anteriormente por la Cámara de Diputados y el propio Ejecutivo.
El subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, se refirió a la votación desarrollado durante la jornada asegurando que "la merluza común era una pesquería muy difícil y muy importante", pero pese a ello "se logró una decisión muy equilibrada".
A su juicio, la nueva distribución "va a permitir el desarrollo equilibrado de ambos sectores".
La discusión tiene lugar en un momento especialmente delicado para este recurso marino, reconocido como uno de los más relevantes a nivel nacional y fundamental para el sustento económico de miles de hogares dedicados a la pesca artesanal.
Quien se refirió a la votación de la distribución de la merluza común fue el senador Daniel Núñez (PC), quien calificó la nueva proporción como un acto de justicia.
"Avanza el fraccionamiento pesquero: la comisión mixta aprobó una distribución de la cuota de merluza con un 52% para la pesca artesanal y 48% para la industrial. Un paso concreto hacia mayor justicia en el mar".
Rechazo al financiamiento
El Ejecutivo planteó una propuesta para abordar el efecto fiscal del nuevo modelo de reparto, la cual consistía en licitar el 10% del aumento de la cuota anual de jurel durante dos años, acortando tanto el porcentaje como el período respecto a la idea inicial de licitar el 15% por tres años consecutivos.
Además, el plan incluía reducir la duración de las licencias a 15 años, reservar bloques exclusivos para pymes enfocadas en productos de consumo humano, establecer resguardos para impedir la participación de “palos blancos” y asignar hasta 2.500 millones de pesos anuales a iniciativas de investigación pesquera y formación laboral.
Sin embargo, la propuesta fue blanco de críticas en la Comisión por lo que no hubo consenso entre senadores y parlamentarios, y terminó siendo rechazada por seis votos a favor y cuatro en contra.
En ese sentido, sus mayores detractores se encuentran en la oposición, que expresó dudas sobre su capacidad para desconcentrar efectivamente el sector, alertó sobre eventuales impactos negativos en el empleo de mujeres en plantas procesadoras y cuestionó la falta de un plan financiero alternativo por parte del gobierno.
Sobre el resultado de la votación en esta materia, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) criticó la falta de financiamiento al proyecto.
"Es impresentable que en la comisión Mixta se haya dejado sin financiamiento a la plataforma social para los pescadores artesanales, al rechazar las licitaciones del jurel".
Esta plataforma forma parte de una de las demandas que los pescadores han exigido durante los últimos años y que busca garantizar mejores condiciones laborales y sociales para el sector artesanal, como mejores sueldos. Este sistema sería financiado mediante la propuesta de licitaciones.
"Vemos que el lobby de parte del gran empresariado, los mismos que dictaron al oído la corrupta ley Longueira, sigue más vigente que nunca, y le han negado a los más de 100 mil pescadores y pescadoras artesanales inscritos en el respectivo registro, la posibilidad de contar con previsión social, sin contar que el mecanismo incorporaba capacitaciones y becas para los trabajadores del sector industrial", expresó.
Frente al voto en contra del senador Fidel Espinoza (PS), la diputada cuestionó su militancia calificando su votación como un acto "vergonzoso".
"Reitero que resulta impresentable y aún más vergonzoso que este portazo a la plataforma social cuente con el apoyo del senador Fidel Espinoza, que de socialista parece tener sólo la militancia y no las convicciones", sentenció.
Sin embargo, se acordó que el Ejecutivo presentará una nueva propuesta de financiamiento el próximo lunes, en reemplazo de las licitaciones previamente rechazadas. El objetivo es evitar un veto presidencial y asegurar la aprobación final del proyecto.
La comisión se reunirá nuevamente el martes para resolver este último punto y fortalecer la legitimidad política y social de la ley, en contraste con la polémica que ha rodeado históricamente a la actual Ley de Pesca.
