"No pueden parar las fiscalizaciones": Gobierno da portazo al Colegio Médico por control de licencias

En su último tramo se encuentra el juicio iniciado en 2022 contra 11 doctores que habrían vendido licencias médicas falsas a 29 compradores investigados en el marco de una irregularidad que costó a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) $35 mil millones y a las Isapres más de $6 mil millones.

Se trata de 15 acusados -entre los que se encuentran profesionales y captadores- que se suman a los ya sentenciados por establecer una red de negocios en torno a la entrega de reposos fraudulentos, además de los perseguidos por, incluso, crear empresas de papel con contratos simulados de altas remuneraciones para defraudar al seguro de salud público.

Esto llevó a que el Ministerio de Salud (Minsal), comandando por la doctora Ximena Aguilra, reforzara el rol fiscalizador de las instituciones del Estado por medio de los controles concretados por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a más de dos mil facultativos de un universo de 70 mil que entregaron licencias en 2023 y 2024.

Médicos en alerta ante las fiscalizaciones del Compin

En ese escenario surgieron las quejas del Colegio Médico de Chile, que anunció que se encuentra activo y en estado de alerta absoluta en medio de asambleas y un referéndum para determinar los pasos a seguir ante lo que ellos catalogan como una persecución "draconiana" y que pone en riesgo la labor en el ámbito de la salud.

La directora nacional del Compin, Valeria Céspedes, dijo este viernes que el foco "no es perseguir a los médicos, sino que asegurar el derecho a todos los trabajadores a este instrumento de protección social (...) Cualquier ciudadano de nuestro país puede ser fiscalizado, por lo tanto, nadie podría sentirse ofendido por una fiscalización".

Sin embargo, de acuerdo a los datos de la comisión, el 80% de los médicos entrega menos de 200 licencias al año, y solo un pequeño grupo supera las mil 500 en casos por especialidades como traumatología, donde fácilmente pueden entregarse cientos de recetas para no acudir a trabajar con goce de sueldo.

Con todo, desde el movimiento gremial cuestionan que este despliegue de la actual administración no ha logrado detener a los grandes emisores que ingresaron cinco mil indicaciones de descanso, y que aumentaron de siete a 11 desde el año pasado.

Plazos cortos, sanciones y querellas de las Isapres

La presidenta nacional de los colegiados, la doctora Anamaría Arriagada, manifestó que las preocupaciones de las autoridades sanitarias "parten de una premisa que no es real, porque el verdadero indicador importante es el número de licencias por cotizante, que luego de haber subido en la pandemia, ha bajado desde el 2023".

"Hemos ido ajustando los criterios de selección de los profesionales a los que se fiscaliza, que por cierto, no supera el 3% del total de los médicos de nuestro país. Con la entrada en vigencia de la nueva ley (de Fonasa), vemos una oportunidad para mejorar aquellas cosas (...) que dicen relación, probablemente, con alguna gradualidad o proporcionalidad", respondió Céspedes.

Sin embargo, la asociación de doctores advierte que "estamos defendiendo a más de 300 médicos por distintos problemas derivados de esta fiscalización, o por querellas de isapres. Muchos se enteran tarde que están siendo investigados, cuando ya están multados o suspendidos de emitir licencias".

Piden detener las fiscalizaciones por web del Compin

Y es que de acuerdo a Arriagada, la página web del Compin -donde se deben subir los más de 50 informes que están obligados a presentar a modo de comprobante los investigados en este proceso- no permite la corrección de los mismos, ni avisa si el proceso se realizó de manera correcta. "Y en muchas regiones, las oficinas de Compin atienden solo dos horas, dos días a la semana", criticó la dirigente.

“Pedimos que, si no hay una plataforma y soporte informático adecuados antes de agosto, la fiscalización se detenga temporalmente. No puede continuar un sistema que vulnera el derecho al trabajo y obstaculiza la atención médica", agregó respecto de posibilidades de medidas de presión que se barajan en el espacio.

Todo lo anterior ha impulsado al gremio a oficiar a la Subsecretaría de Salud Pública, argumentando que "estas situaciones, lejos de fortalecer la fiscalización, están generando un clima de desconfianza, temor e inseguridad entre las y los profesionales, y lo más preocupante: están perjudicando directamente a pacientes, viendo dificultado el acceso al reposo asociado a las licencias".

Asimismo, advirtieron que "de no obtener respuestas en el plazo indicado, el Colegio Médico evaluará acciones gremiales a nivel nacional por medio de un referéndum, ya que se torna insostenible asegurar una atención adecuada a los y las pacientes".

El fraude equivale a 20% del presupuesto en salud pública

Respecto a la exigencia de documentación en tiempos muy acotados, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, aseguró que los plazos serán modificados gracias a una nueva ley aprobada recientemente. "Hoy son siete días corridos, pero pasarán a ser 10 días hábiles con una posible extensión de otros siete días hábiles", explicó.

En ese contexto, el Minsal señaló que la intensificación de los controles es ineludible y necesaria para cuidar el sistema. En detalle, comentan que este seguimiento se centró principalmente en grandes emisores, ya que el 80% de los fiscalizados emitía más de mil licencias médicas anuales. Como resultado, se sancionó a 1.152 profesionales que corresponden a menos del 2% del total de emisores autorizados.

Consultada sobre esta materia, la titular de la cartera sanitaria expresó que "efectivamente estamos muy preocupados de la situación del uso del subsidio de incapacidad laboral (...) Tiene un financiamiento que implica el 20% del presupuesto del sector salud. Estamos hablando de tres billones de pesos".

"La fiscalización que se realiza todos los años alcanza a poco más de dos mil personas, que son los grandes emisores, el gran bulto de las personas que se fiscalizan. Por cierto, que si hay licencias médicas que parecen más prolongadas de lo que sugiere el diagnóstico, también se fiscalizan", complementó Aguilera.

Portazo del Gobierno a frenar las fiscalizaciones

La secretaria de Estado matizó con que "es una proporción muy baja, lo que demuestra que la fiscalización está focalizada, que no es en forma general. Es importante porque las licencias médicas representan una proporción significativa del gasto: son 10 meses de la operación de todos los hospitales públicos de Chile".

"De hecho, se hace una mesa de trabajo donde participa el Colegio Médico. El Colegio Médico (...) tuvo reunión justamente con el Compin, y nosotros estamos mejorando cualquier problema que exista de plataformas", justificó.

No obstante, indicó que "cualquier problema que exista, que por cierto estamos abiertos a mejorar y a seguir conversando con ellos, no puede impedir que nosotros establezcamos nuestra obligación de fiscalizar el uso de este derecho para los pacientes".

"Vamos a recibirlos en cuanto nos pidan audiencia. Me parece que nos mandaron una carta, así que estamos abiertos a seguir el diálogo como siempre (...) Pero no podemos renunciar a la obligación que tenemos institucional de fiscalizar el uso de una cantidad tan cuantiosa de recursos y que son muy necesarios para la salud", zanjó el Minsal.