No se trata solo del INDH: Lo que está en juego con su reforma

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se creó en 2009 como una institución autónoma para proteger y promover los derechos humanos en Chile. Su primer antecedente histórico se remonta a las recomendaciones de la Comisión Rettig, como una garantía de no repetición.

De este modo, el INDH surge a consecuencia de las violaciones cometidas en dictadura, como parte del proceso de justicia transicional y fortalecimiento democrático, y en cumplimiento de compromisos internacionales del Estado de Chile. A quince años de su creación, el 4 de marzo de 2025, el Gobierno de Chile inauguró la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el objetivo de proponer reformas que garanticen su independencia, autonomía y fortalecimiento.

¿Por qué y para qué se crea esta Comisión? Es preciso señalar, para no faltar a la verdad, que esta comisión no surge de una voluntad genuina de fortalecimiento de la institución o de una preocupación por la situación de los derechos humanos en Chile que sea transversal a todo el espectro político.

La creación de este espacio fue una condición impuesta por senadores de derecha para reponer los recursos del Instituto, tras la vergonzosa discusión presupuestaria de 2025 en la Cámara de Diputadas y Diputados, que dejó al INDH sin presupuesto para funcionar. Así, se convirtió en un gallito de poder político entre quienes comprenden los derechos humanos como un mínimo civilizatorio y quienes no.

Sin embargo, lo cierto es que esta no era la primera vez que ocurría algo similar. En 2022, parlamentarios del Partido Republicano celebraron en redes sociales haber dejado sin financiamiento a organismos de derechos humanos, mediante una indicación presentada por la diputada Sofía Cid, de Renovación Nacional, quien argumentó que “es importante que estos recursos no vayan al INDH y se puedan reasignar a otras partidas que realmente reflejen las necesidades de las personas”.

Lo mismo ocurrió en el año 2023, por lo que van ya tres discusiones presupuestarias consecutivas (todas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric), en que la derecha ha institucionalizado la práctica de utilizar los derechos humanos como herramienta de presión política. Así las cosas, la creación de una comisión para reformar el Instituto fue una condición para que este pudiera recibir presupuesto. 

Al mismo tiempo, la oposición también condicionó su voto a que dicha comisión abordara en su trabajo los llamados casos de “violencia rural”. Aunque fuera de la interpretación tradicional de los derechos humanos, existen razones de sobra para argumentar que las víctimas de violencia rural son también víctimas de violaciones a los derechos humanos en la medida que el Estado falla en su obligación de proveer condiciones para vivir en un entorno libre de violencia.

Sin embargo, lo que la derecha deja entrever con su reproche es su falta de visión universalista de los derechos humanos. Consideran los derechos humanos como trincheras de disputa política partisana e instrumentalizan a las víctimas en ello. Lo que nos quieren decir es que si no se incluyen “sus” víctimas, no aprobaran el presupuesto para las víctimas de los “otros”.

Esto resulta especialmente grave, ya que un ataque premeditado a una herramienta como el INDH -en un país con nuestra historia reciente, con las deudas y desafíos que el Estado de Chile aún mantiene en materia de derechos humanos- coincide con el avance global de la ultraderecha, que hoy disputa conceptos y relatos que antes le eran ajenos.

Así, mediante sloganes agresivos y directos, y adoptando un tono impugnador y antiestablishment, intentan instalar como sentido común una visión punitiva de la seguridad y una cultura adversa a los derechos humanos.

En este contexto, la creación de la Comisión Asesora no sólo responde a la necesidad de resguardar la institucionalidad en derechos humanos, sino que refleja el choque entre dos visiones de sociedad: una que defiende el rol del Estado como garante de derechos, y otra que busca vaciarlo de contenido, debilitando su capacidad de fiscalización y su respuesta ante violaciones a los derechos fundamentales. No se trata solo de una disputa institucional, sino de una batalla por el significado mismo de los derechos humanos en Chile y en el mundo.

Para legislar, se requieren acuerdos, debates fundados y la construcción de marcos normativos que fortalezcan la democracia, no que la erosionen. Sin embargo, lo ocurrido con el INDH expone un problema mayor: la instrumentalización de los derechos humanos como moneda de cambio en disputas de poder.

La exigencia de la derecha de incluir la violencia rural en esta comisión no constituye un gesto de compromiso con la justicia ni con la defensa de los derechos humanos universales, sino una estrategia para vaciar su sentido, relativizar su alcance y desdibujar sus principios rectores.

Bajo esta lógica, se pretende despojar a los derechos humanos de su universalidad, transformándolos en un campo de batalla donde se negocia quién merece protección y quién no, según conveniencias ideológicas y coyunturas políticas.

Si bien es positivo que esta comisión pueda generar propuestas para mejorar el INDH, su existencia no puede hacernos perder de vista el problema de fondo: el debilitamiento deliberado de los espacios institucionales que garantizan derechos, y el avance de sectores que buscan normalizar la impunidad y la desprotección.

En un contexto global donde se reescriben los marcos de convivencia democrática bajo el alero de discursos autoritarios y negacionistas, la defensa de los derechos humanos no puede ser tímida ni transaccional. Requiere, más que nunca, una respuesta firme, estratégica y decidida, para impedir que sean desmantelados bajo el disfraz de reformas y acuerdos forzados.