Instrumentos contra el crimen organizado: Propuestas para el debate
El crimen organizado es una realidad instalada que no se resuelve con respuestas reactivas o simbólicas. Su expansión, junto al aumento de delitos violentos, tráfico de drogas y circulación de armas, ha intensificado la sensación de inseguridad.
La respuesta estatal, centrada en enfoques fragmentados y represivos, evidencia una falla estructural: la limitada capacidad del Estado para fiscalizar mercados ilícitos, anticiparse al delito y articular respuestas coordinadas.
Desde Rumbo Colectivo hemos impulsado Instrumentos de Transformación 2030, una serie de propuestas de política pública basadas en evidencia técnica y experiencia comparada, para instalar un nuevo foco en la discusión: fortalecer al Estado para desarticular el crimen organizado con inteligencia, institucionalidad robusta y control estratégico.
Proponemos, entre otras medidas, la creación de una Agencia Nacional de Control de Armas (ANCA), que reemplace el modelo actual, superando la fragmentación de funciones entre los actores involucrados.
Esta agencia, de carácter civil y técnico, tendrá como misión centralizar el registro, la fiscalización, el análisis de riesgo y el control del mercado legal de armas, mejorando la trazabilidad y previniendo su desvío al crimen organizado.
A la vez, proponemos un Registro Único Nacional de Armas y Municiones, interoperable y moderno, que permita integrar la información hoy dispersa y facilitar su uso por parte de las instituciones investigativas y judiciales.
Otro frente crítico es el dominio efectivo de nuestras fronteras. Contar con personal fronterizo con competencias estandarizadas y trayectorias profesionales permitirá consolidar una fuerza cohesionada, capaz de defender con inteligencia a nuestro país del contrabando en cielo, mar y tierra.
Para ello, proponemos la creación de un Centro de Formación y Entrenamiento de Aduanas que profesionalice de manera integral al personal aduanero, dotándolo de herramientas tecnológicas de última generación y fortaleciendo sus capacidades de detección en zonas críticas.
Asimismo, para lograr una persecución penal eficaz, es fundamental agilizar los mecanismos que permitan el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de crimen organizado. Eliminar las barreras que ocultan las transacciones sospechosas permite trazar flujos financieros ilícitos, desmantelar las redes de lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que sostienen a estas organizaciones.
El crimen organizado no se desarma con medidas de alto impacto mediático, pero bajo contenido técnico. Se enfrenta con capacidad estatal, inteligencia institucional y políticas públicas sostenibles.
Desde Rumbo Colectivo creemos que construir seguridad implica rechazar la ilusión del atajo y comprometerse con reformas reales, duraderas y bien pensadas: no para administrar la coyuntura, sino para transformar las condiciones que hacen posible la expansión del crimen.
El fortalecimiento del Estado en materia de seguridad no es solo una consigna, es una tarea urgente que requiere decisión política, reforma crítica a la institucionalidad actual y planificación a largo plazo. Solo así es posible desarticular al crimen organizado en todas sus dimensiones: cortando los flujos financieros ilícitos, desincentivando el contrabando, y controlando cada arma antes de que llegue a las calles.
