La justicia francesa determinó que la excandidata presidencial y otros ocho eurodiputados de Agrupación Nacional utilizaron contratos falsos para desviar 2,9 millones de euros del Parlamento Europeo.

También fueron condenados doce asistentes parlamentarios que en realidad trabajaban para el partido.

Durante más de una década, Agrupación Nacional utilizó fondos públicos del Parlamento Europeo para financiar parte de su estructura partidaria.

Así lo concluyó el tribunal correccional de París en una sentencia que afecta a Marine Le Pen, excandidata presidencial y actual presidenta de la bancada parlamentaria del partido ultraderechista, así como a otros ocho eurodiputados de su colectividad.

Todos ellos fueron declarados culpables de malversación de fondos públicos por haber contratado como asistentes parlamentarios a personas que en realidad trabajaban directamente para el partido.

En total, la justicia estimó que fueron desviados 2,9 millones de euros entre 2004 y 2016.

La jueza Bénédicte de Perthuis explicó que las pruebas presentadas demostraron que los eurodiputados no asignaron funciones reales a las personas contratadas y que estos empleados en ningún caso trabajaron para el Parlamento Europeo.

“Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido”, señaló.

En esa línea, la jueza consideró que no hubo motivación política en el proceso, sino que el caso giró exclusivamente en torno a la legalidad de los contratos.

“Nadie está siendo juzgado por involucrarse en política, esa no es la cuestión. La pregunta era si los contratos se cumplieron o no”, afirmó.

Además de los eurodiputados, también fueron condenadas doce personas que actuaron como falsos asistentes parlamentarios.

Todos ellos firmaron contratos con el Parlamento Europeo, pero la investigación demostró que sus tareas eran exclusivamente internas dentro del partido.

La presidenta del tribunal calificó lo ocurrido como un “sistema” implantado al interior de Agrupación Nacional, que se extendió por más de once años y cuyo objetivo era “reducir la carga del partido” transfiriendo esos costos a fondos comunitarios.

La condena implica, entre otras consecuencias, la inhabilitación inmediata de Le Pen y del resto de los condenados para ejercer cargos públicos, lo que deja en suspenso su eventual candidatura presidencial para 2027. Le Pen se retiró de la sala antes de que finalizara la lectura del fallo.